“Perdí mucho dinero. Llevo toda mi vida dedicado a esto y las granjas son un problema”, asegura, mientras muestra el impacto de la contaminación. Allá donde pasó el agua contaminada ya no crecen más árboles. Ocurre también junto a un pequeño pozo ubicado en su propiedad. Cree que los residuos de la granja pueden estar contaminando el agua y, de paso, sus cosechas.
Decenas de granjas porcícolas en Yucatán cometen diversas irregularidades contra el medio ambiente, según un informe de Greenpeace al que Animal Político tuvo acceso.
“Encontramos que las granjas porcícolas invaden zonas protegidas, contaminan el agua utilizada por las comunidades y también de los cenotes, causan deforestación y violentan derechos ya que no se consultó antes de su instalación”, explica Viridiana Lázaro, integrante de Greenpeace.
Vecinos de comunidades cercanas, como Kinchil, Maxcanú, Opichén y Chololá, en Yucatán, denuncian molestias provocadas por estas industrias como malos olores y problemas con el tránsito de los camiones. Todos tienen miedo de que los desechos de los cerdos puedan afectar al agua que consumen.
El documento de Greenpeace revela que de 257 granjas porcícolas localizadas en los diferentes registros federales y estatales, al menos 43 están ubicadas en zonas protegidas. En concreto hay 36 ubicadas en el área del Anillo de Cenotes, otras cuatro en la reserva de Cuxtal, que tiene carácter municipal y otras dos en la reserva estatal biocultural del Puuc. Además, en la Laguna de Términos hay otra granja ubicada en un sitio Ramsar, es decir, un Humedal de Importancia Internacional.
Además, “en la península de Yucatán se identificaron 122 granjas porcinas (casi la mitad de las detectadas por Greenpeace), establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración suman 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema”, dice el documento.
Por último, Greenpeace reveló que 41 de las granjas están en zonas “cuya política ambiental es de conservación y protección, es decir, que las características del territorio en estas zonas son incompatibles con las granjas porcícolas”.
“No ha habido control. Por ejemplo, la zona del anillo de cenotes no tiene plan de manejo a pesar de que debería estar aprobado desde hace siete años. Esto implica que no se diga exactamente qué actividades se pueden realizar en esa zona, pero los gobiernos estatal y federal deberían proteger”, dice Lázaro.
Animal Político buscó a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno federal, al gobierno de Yucatán y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Una economía en auge
Las granjas porcícolas son uno de los principales activos económicos en la península de Yucatán. Según Greenpeace aquí se establece el 14% de las granjas porcícolas de la República y el 9% de la producción del país, con un crecimiento anual del 4,5%, solo por detrás de Jalisco y Sonora.
Aunque las cifras no son claras, dice la organización ecologista. Juan Carlos Gamboa, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Yucatán asegura que son 410 las granjas establecidas en el territorio, con una producción en 2019 de 2 millones 200 mil cerdos.
En Yucatán, la principal empresa dedicada a la producción y comercialización de carne de cerdo es Grupo Porcícola Mexicano SA de CV, Kekén, que dispone tanto de granjas propias como de instalaciones explotadas en esquema de aparcería. Animal Político se puso en contacto con la empresa para solicitarle su participación en este reportaje pero al cierre de la nota no había enviado una respuesta.
“Los datos públicos disponibles en fuentes gubernamentales como el registro público de derechos del agua (Repda), el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), la Gaceta Ecológica de la Semarnat y el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera presentan inconsistencias y omisiones graves”; denuncia el informe, que alerta que apenas presentan su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni reportes de emisiones y transferencia de contaminantes, lo que implica que “muchas de ellas operan fuera de la ley”.
Según Greenpeace, esta industria provoca diversos daños en el medioambiente, como la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, el 45% de las granjas están ubicadas sobre selva seca y el 31% del territorio que ocupa esta actividad fue deforestada, lo que implica que se haya arrasado con más de un diez mil hectáreas y 20 de las 200 especies de planta endémica estén en peligro.
La contaminación también pondría en riesgo el ecosistema de los cenotes, por el agua que podría filtrarse. Esto lo saben en comunidades como Homún, que en 2018 promovió un amparo que permitió frenar la construcción de una granja que iba a procesar a casi 50 mil cerdos.
Pozos contaminados
“Hay nuevas enfermedades que no se daban acá. Diarreas, vómitos. Esta es una comunidad cerrada, no sabemos de dónde pudo venir”. William Abraham Paul Cajúm es comisariado municipal de la hacienda Kanachen, en el municipio de Maxcanú, 67 kilómetros al sur de Mérida. A menos de un kilómetro de la comunidad, que apenas tiene 400 habitantes, está ubicada la granja Gary 7. Se trata de una de estas infraestructuras propiedad de un empresario de la zona pero que produce para Kekén.
Para Paul Cajúm, el origen de estos males puede estar en la contaminación del agua. No en vano, las heces y los orines de los cerdos tienen un alto contenido de nitratos, nitritos y amonio.
“Nos dicen que la contaminación del agua entra dentro de los rangos, pero los estudios pueden estar manipulados. Con el agua se prepara el frijol, se utiliza para las milpas, se cocina. Si nos hacemos la vista gorda, la ignorancia nos va a decir que no sabemos y cuando nos demos cuenta estamos enfermos”, explica.
A finales de enero, comunitarios se levantaron contra la granja. A la contaminación que creen que está provocando se le suman los daños en la carretera. Así que organizaron un paro e impidieron que los camiones de la compañía llegasen a la granja. “Queremos que hagan un verdadero estudio de agua. Que se comprometan”, explica.
Un equipo formado por integrantes de Greenpeace e investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron una investigación en cinco pozos y un cenote cercanos a cinco granjas (Gary 7, Kekén, Santa María, Maxcanú y Gary 6). También se analizaron dos descargas directas en dos puntos en los que las granjas Santa María y Gary 7 vierten sus aguas. El objetivo era determinar las concentraciones de nitrógeno, amonio, nitritos, nitratos y coliformes fecales, para “establecer el posible impacto de los desechos de las granjas porcinas en la calidad de las aguas subterráneas”.
Los resultados se compararon con la norma 001 de Semarnat, que establece los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales. “Cinco de las muestras rebasaban lo permitido, a pesar de que esta ley es obsoleta y permite más de lo que ahora aceptan los estándares internacionales”, dice Viridiana Lázaro. Además, también se comparó el resultado con la norma la 127 de la Secretaría de Salud, que establece la calidad que debe tener un agua para que sea considerada apta para el consumo humano. “Encontramos contaminación en la mayoría de las muestras”, asegura.
El informe advierte que “todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio, nitritos y nitratos para garantizar la salud de las personas en México” según la legislación. Aunque el agua de pozo no es la que el gobierno abastece a la población, existe una tradición amplia para su uso.
A las irregularidades en la gestión de los desechos, el informe añade tres de las cinco granjas estudiadas ni siquiera contaban con Manifiesto de Impacto Ambiental, por lo que solicita la verificación de la Semarnat.
“Lo que pasa es que sueltan los excrementos y llegan hasta aquí a San Fernando. Nos está afectando el olor y no sabemos qué ocurrirá en el futuro, si puede traer enfermedades”, dice Rosa María Canul, vecina de la comunidad de San Fernando, también en Maxcanú. Hace un año que se instaló una granja a menos de un kilómetro de la zona en la que reside desde hace casi 30 años. Se muestra molesta por el tráfico, por los olores y por una cuestión clave: nadie les preguntó si querían una granja porcina cerca de su municipio.
“Aquí siempre nos hemos consultado las cosas”, afirma.
Según el informe de Greenpeace, el 86% de las granjas identificadas se ubican en territorios indígenas. Sin embargo, en muchas ocasiones se viola el derecho a la consulta previa, libre e informada según determina el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, muchas de las granjas siguen operativas, según denuncian algunos de los vecinos.
“Esto es parte de un sistema agroalimentario enfermo que está provocando daños”, dice Viridiana Lázaro. En opinión de Greenpeace, es trabajo del gobierno federal desarrollar políticas públicas para cambiar el modelo. “Este está dañando a las personas y al medio ambiente”. “Estas prácticas son un foco, un caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas enfermedades. Por eso pedimos un cambio profundo en el modelo agroalimentario”, afirma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/05/irregularidades-granjas-porcicolas-yucatan-greenpeace/