El confinamiento obligado por la pandemia sirvió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico del país, lo que benefició a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que será el jugador preponderante.
No hubo argumentos técnicos, económicos o jurídicos ni se consultó a las compañías que ya tenían comprometidas inversiones directas en proyectos de energías renovables por más de 6 mil 400 millones de dólares, previo a la publicación del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus Sars-CoV2 (covid-19), emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el pasado 29 de abril.
Tampoco se midieron los impactos que el decreto pudiera tener en el precio de la generación de electricidad por parte de la CFE, que dirige Manuel Bartlett.
En ese acuerdo quedaron suspendidas “de forma indefinida” las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes de las centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Asimismo, para las que aún no han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas.
“Esto no tiene ninguna lógica por ninguna arista que se vea. No tiene una lógica jurídica porque el Cenace no tiene atribuciones para hacer un cambio así –por un decreto administrativo–, afectar las reglas del mercado eléctrico e incorporar de manera directa y sin la aprobación del regulador un cambio de esta naturaleza en el mercado”, explica a Proceso Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
Una acción excluyente
Con el pretexto de una menor demanda por la pandemia del coronavirus, el decreto del Cenace “afecta evidentemente la situación de competencia global al favorecer a un solo jugador –la CFE– que va a estar operando unidades adicionales sin criterios económicos y de competencia, y obligando a que el resto de los participantes del mercado nos quedemos con esa reducción de la demanda”, sostiene Valle.
Los números que involucran la decisión del organismo público descentralizado tienen impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 entidades federativas; afectaciones a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación, así como a 16 proyectos en construcción, según cifras de la Asolmex y de la Amdee.
Las medidas previstas por el acuerdo implicarán para el medio ambiente emisiones mensuales superiores a 714 mil toneladas de dióxido de carbono que no podrán evitarse, así como la puesta en riesgo de 29 mil 517 empleos en esta época de crisis económica, que se sumarían a las 700 mil plazas laborales que, según estimaciones de especialistas privados, se perderán este año por el “frenón económico” derivado del aislamiento provocado por la covid-19.
Pero el asunto no para ahí. El acuerdo dice que a los sistemas interconectados eléctricamente aislados, con integración de centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, se les aplicarán acciones y estrategias operativas para fortalecer la “suficiencia, calidad y continuidad del suministro eléctrico”.
Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), no se especifican las acciones a las que se sujetarían esas centrales eléctricas, lo que genera incertidumbre entre los competidores.
Otro de los puntos radica en que las solicitudes de licencia programadas en la Red Nacional de Transmisión serán estudiadas y analizadas para determinar la viabilidad, fechas y horarios en los cuales se mantenga la confiabilidad del SEN.
En este tema, la Cofece advirtió que, durante la contingencia, el Cenace podría, sin necesidad de justificar la medida, limitar el despacho de todas las fuentes de generación que, a su juicio, puedan poner en riesgo la estabilidad del SEN. De forma que las centrales eólicas y fotovoltaicas podrían ser las más susceptibles de afectación.
En una opinión y varias recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Energía (Sener), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Cenace, el organismo antimonopolios señala que el acuerdo no especifica las razones por las cuales la caída en el consumo crea inestabilidad en el SEN; tampoco indica los criterios y parámetros bajo los cuales ya no sería necesario aplicar las medidas anunciadas.
Litigios en puerta
Julio Valle señala que esa decisión “discrimina particularmente a las centrales eólicas y solares –sobre todo las que ya están listas para entrar en operación– para terminar sus pruebas e interconectar sus proyectos a la red eléctrica. Y, como una medida adicional, limita también la demanda que va a ser suministrada por el mercado a través de la introducción de más centrales de reserva”.
El vocero se pregunta: “¿Cuántas centrales? No se sabe. ¿Qué estudios se hicieron para llegar a esta conclusión? Desconocidos. Pero, con una atribución autodeterminada por ellos, decretan que lo van a hacer, que ya van a empezar. Y al día siguiente que publicaron ese acuerdo pidieron a las centrales renovables en México que empezaran a bajar su capacidad, a parar algunas de las máquinas o a bajar la capacidad de energía que están entregando a la red”.
La decisión del Cenace sorprendió a Roxana Muñoz, analista de infraestructura de la agencia calificadora Moody’s Investors Service, quien comenta a Proceso: “el tema es que varios proyectos ya estaban en la etapa de construcción –en la etapa de desarrollo– y tenían que entrar en pruebas preoperativas para empezar a generar electricidad y poder subirse al sistema.
“Lo que hace este acuerdo es que pausa estas inversiones y las deja con fecha indefinida. El tema es que muchas veces estas inversiones traen detrás financiamientos que contratan los privados… Cuando tú pones pausa, tienes fechas de construcción determinadas y sabes que el financiamiento lo vas a empezar a pagar en cierto momento.”
Más allá de los números, la decisión del Cenace también tendrá impacto en la credibilidad de la Cuarta Transformación para futuras inversiones.
“Eso genera una incertidumbre total en los inversionistas. No es la primera vez que se ve un cambio de reglas en contratos existentes. Hay que recordar que el año pasado se renegociaron los contratos de los gasoductos. Y ahora volvemos a ver proyectos que están en marcha; tenemos este tipo de cambio de señales. Esto genera incertidumbre para futuras inversiones de parte del sector privado”, advierte la especialista de Moody’s.
–¿Se busca centralizar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad; es decir, ampliarlas a ese tipo de energías? –se le pregunta a Muñoz, quien además se encarga del análisis crediticio de proyectos de infraestructura, incluyendo carreteras y aeropuertos en Latinoamérica.
–Aquí se está privilegiando a las plantas generadoras de CFE y éstas son las que vienen, las que van a estar generando y entrando; son las que van a subir la electricidad antes que las plantas renovables.
–¿Esto implica mayores costos para la CFE en cuanto a generación?
–Sí, todo depende del combustible que se esté utilizando para generar la energía, lo renovable genera la energía más barata del mercado, porque el combustible que está generando esta energía es el sol, el viento.
El combustible que ahorita ocupa en su mayoría es el gas natural. Sin embargo, tendremos que hacer la evaluación de si se va a utilizar combustóleo para generar. En caso de que se utilizara más combustóleo, sí tendría un impacto en términos de costos, porque el combustóleo es mucho más caro que el gas natural.
De ahí se desprende el peligro de que los consumidores finales paguen más por la energía eléctrica.
“Aquí el impacto del costo va a depender de varios factores. Uno, de cuánto le va a cobrar Pemex a la CFE por venderle el combustóleo. Si el precio que le vende Pemex va a ser el mismo del gas natural, no habría un impacto.
Sin embargo, el gas natural es mucho más barato que el combustóleo. Ahí tendría que determinar quién va a absorber ese costo adicional: la CFE, Pemex o quienes pagamos la electricidad a través de las tarifas eléctricas”, abunda la analista de la firma con sede en Nueva York.
No en balde la Cofece advirtió que el acuerdo puede provocar, en forma injustificada, mayores costos de generación, lo que podría implicar incrementos a las tarifas eléctricas o, en su caso, un aumento en los subsidios del gobierno federal en un contexto de restricción presupuestal.
Manotazo cargado de energía
Julio Valle asegura que el acuerdo se alinea con el pliego petitorio de la CFE dado a conocer en diciembre pasado, el cual fue dirigido a la Sener y a la CRE, identificando 80 temas específicos, así como 14 temas estratégicos de atención inmediata para el fortalecimiento de la empresa estatal.
En ese pliego petitorio la CFE propone modificar la regulación de manuales, resoluciones y acuerdos, sin cambiar la legislación vigente en la materia mediante el apoyo de la Sener, la CRE y el Cenace, donde las compañías que operan energías limpias serían las más afectadas, ya que tendrían menor participación en la generación de energía eléctrica.
“No hay evidencia contundente de que esto provenga de ahí, pero claramente se alinea al pliego petitorio que en su momento presentó la CFE a la CRE, que luego se viralizó y la Sener confirmó. No quiero decir que hay una evidencia de que la CFE instruyó esta medida como está, pero no se ve como una medida que haya promovido internamente el Cenace”, comenta Valle.
“Dentro de las facultades que tiene la Sener se estaba buscando que haya orden y que no se siga arruinando a la Comisión Federal de Electricidad, y que podamos mantener los precios de la energía eléctrica y bajarlos, si es posible, que ellos nunca lo hicieron; al contrario, se elevaba y se elevaba constantemente el precio de la energía eléctrica.”
Y remató: Ahora están planteando que ya no se van a usar las energías limpias. “No es cierto, se van a usar las energías limpias. Pero no son las energías limpias, esto me recuerda a los que buscaban rescates y ponían por delante a las pequeñas y a las medianas empresas como estandarte; aquí ahora también ya se están volviendo ambientalistas, cuando lo que está detrás es un negocio”.
El vocero de la Amdee y de Asolmex responde al presidente y concluye: “Pareciera que el sector energía en el gobierno (actual) vive en una burbuja impenetrable. A pesar de que instancias como las secretarías de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente o la banca de desarrollo están totalmente a favor de las (energías) renovables y muy extrañados por las actitudes que toman las autoridades del sector energía.
“Esos argumentos, parece, no tienen eco dentro del sector energía y hoy hay una inestabilidad de las políticas públicas del sector energía. El sector energético en México cambió hacia un mercado; y en el mercado todo gira alrededor de los consumidores. Creo que ese tema fundamental ni siquiera existe en la política energética. El consumidor parece que no importa.”
Proceso buscó una entrevista con las autoridades del Cenace para saber su posición sobre el tema. Hasta el cierre del número 2272 de la edición impresa no se obtuvo respuesta.
Este reportaje forma parte del número 2272 de la edición impresa de Proceso, publicado el 17 de mayo de 2020
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: https://www.proceso.com.mx/630439/freno-a-las-energias-renovables