Al Presidente de la República ya le urge salir del Palacio en el que vive. Hace unos días informó que había solicitado a la Secretaría de Salud reiniciar sus giras, le es importante, como en el pasado, ser el Presidente del corte de listón. Quiere, necesita, en medio de la peor crisis sanitaria que se haya vivido desde principios del siglo XX, supervisar sus obras insignes, la construcción del Tren Maya, la del Aeropuerto de Santa Lucía, y además, inaugurar sus bancos del bienestar.
Después de seis días, la Secretaría de Salud, es evidente, no le ha dado luz verde para que reinicie sus giras por los estados de la República. No es para menos, en 24 horas, las trascurridas del 18 al 19 de mayo de 2020, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se detectaron 2 mil 713 casos nuevos de contagio de COVID-19 en México. La pandemia está lejos de ser domada, como él mismo lo anunció semanas atrás.
La realidad es que en México no hay condiciones para levantar la cuarentena, mucho menos la jornada de sana distancia. El Subsecretario de Salud había dicho que las dos primeras semanas de mayo serían las más críticas para la dispersión de la COVID-19 en el país, pero eso ya está rebasado. En Baja California, los últimos dos días, los nuevos casos de contagio han superado los 300 y los 200 por cada 24 horas.
Desafortunadamente en México, la información relacionada con los contagios del SARS-CoV-2 la ha centralizado el Gobierno, por lo que es difícil conocer la situación real de contagios en el país. Hemos sabido por esfuerzos periodísticos y de organizaciones civiles, que en entidades federales específicas, esa información está manipulada. Recientemente, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con base en una investigación periodística, informó que las muertes a causa del nuevo coronavirus en las Ciudad de México eran el triple de lo reportado por la autoridad local y federal, se basaron en actas de defunciones que especifican como un elemento para la causa de muerte el contagio de COVID-19.
En Baja California desde el inicio de la pandemia fue evidente cómo en los hospitales públicos, los principales reconvertidos para tratamiento de pacientes con COVID-19, la cifra de infectados se manipuló al catalogarlos como neumonía atípica en lugar de contagio del coronavirus. Ayer mismo, el 19 de mayo de 2020, el Secretario de Salud de la entidad informó que en el Hospital General de Tijuana había un 33 por ciento de disponibilidad en camas para pacientes de COVID-19. Pero la cifra está alejada de la verdad. Médicos de ese hospital han compartido que se encuentran al tope de su capacidad, no solo en lo que a camas disponibles se refiere, sino a la atención médica. A lo mejor en algún momento quedan algunas camas debido al fallecimiento de pacientes, pero no hay personal suficiente para atender nuevos casos.
El Gobierno de la República en mayor medida controla la información que se da a conocer sobre los contagios, y por alguna razón, desde el inicio de la pandemia, México fue uno de los países que decidieron no realizar suficientes pruebas para detectar el avance de la infección. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ha aplicado 0.4 pruebas por cada mil habitantes, lo que lo sitúa en el último lugar de los países integrados a la OCDE, cuyo promedio de análisis realizados es de 22 por cada mil habitantes.
Hacerse una prueba en México suele ser engorroso. Para empezar es un monopolio del Gobierno, dado que este debe autorizar a laboratorios y hospitales privados aplicar las pruebas. En el colmo de la burocracia, hay entidades en las que se debe llenar un formulario para que el Gobierno Federal autorice la realización de la prueba en un centro de análisis u hospital privado.
En este contexto, no se sabe a ciencia cierta cuál es el número real de contagios en México, tampoco cuántos en un hospital están siendo tratados por COVID-19, pues siguen anotando en muchos casos que se trata de neumonías atípicas.
En la peor crisis de su incipiente Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador optó por la opacidad respecto al alcance de la pandemia por COVID-19 en México. Al no realizar pruebas suficientes, los números presentados diariamente no son certeros. Al catalogarse muchos de los contagios como neumonías atípicas, la cifra de casos positivos también es inconsistente. Ello le permite al mandatario nacional declarar que ha domado a la pandemia o que la curva se está aplanando, cuando lo que sucede es que en México ni se han realizado suficientes pruebas, ni los casos en hospitales se han contado debidamente, esto sin considerar aquellos que, asintomáticos, se encuentran en sus hogares.
En este contexto nacional, los números de México son pero muy inferiores a los de otros países con menos población, mejores servicios de salud, y más pruebas y hospitalizaciones. Es el caso de Francia o España, países que con una tercera parte de la población de México, o poco más (40.9 millones y 66.9 millones respectivamente), el primero ha sobrepasado en tres meses y medio desde su primer contagio los 140 mil casos positivos, mientras el segundo, también en su tercer mes y medio, contabiliza más de 230 mil casos. México, cuyo primer positivo al contagio se dio a conocer el 27 de febrero, y con una población que supera los 126 millones de habitantes, acumula, oficialmente, 54 mil 349 casos positivos.
México, con poco más de dos meses y medio del primer caso de contagio registrado, sin las suficientes pruebas aplicadas, y con una saturación hospitalaria palpable todos los días a través de la mirada de las familias de los infectados, se presta para que su población salga a la calle de nueva cuenta. Medidas que en otros países con mayores avances en la aplicación de pruebas, la atención médica y el combate a la dispersión, apenas están considerando tomar y de manera escalonada.
Con una alerta de no usar un cubrebocas por parte del Gobierno federal, desde el inicio de la pandemia y la Jornada de Sana Distancia, en la República Mexicana desde el Gobierno central se urge a la reactivación de las labores económicas y sociales entre su población. Con todo y que hubo más de 2 mil casos positivos en las últimas 24 horas, y que ciertamente la población no entró en una cuarentena de manera eficiente, el Presidente de la República lo que quiere es salir del Palacio Nacional, y que las empresas hagan lo propio de forma gradual. Ha dicho que no intervendrá en los estados y municipios, delegando las medidas de contención sobre el coronavirus a los gobiernos locales.
En determinados casos han informado en los Estados que la salida a las calles podría tomar tiempo. Y dejando de lado las diferencias políticas, uno de los gobernadores que públicamente dijo que veía difícil que en su estado regresara la normalidad o a la nueva normalidad el 1 de junio, como lo propone el Gobierno de la República, fue precisamente uno de Morena, el de Puebla, Miguel Barbosa, quien declaró que “estamos en el peor momento de la pandemia. Y estamos crecientes en esta horrible realidad. Así es que por lo que a mis atribuciones corresponda, esto no va a ocurrir”, dijo.
Muchas empresas fueron obligadas a cerrar labores para salvaguardar la salud de sus empleados y de la población transitando en las calles, pero ahora, a menos de tres meses del primer contagio, la dirección marcada desde Presidencia, con los números inciertos de la Secretaría de Salud respecto a la gravedad de la dispersión del coronavirus COVID-19, se ha dicho a las empresas, que, tomando consideraciones específicas para intentar detener la propagación en los centros de trabajo, pueden comenzar labores de nueva cuenta. Y ahí van.
Quizá tenga que ver con que, a diferencia de otros países, como los aquí mencionados, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha negado, de manera sistemática, a promover programas oficiales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para evitar su quiebra o contribuir a que mantengan los empleos comprometidos hasta antes de la dispersión del virus en el país. El cierre de varios sectores de la actividad económica en México, llamados no esenciales, y una serie de decisiones tomadas desde el Gobierno de la República, han llevado a que la economía del país registre una contracción del 1.6 por ciento en el primer trimestre de este 2020, de acuerdo a información del Inegi, lo cual resulta alarmante considerando que en octubre de 2019, sin pandemia en ninguna parte del mundo, México había decrecido 0.5 por ciento.
Evidentemente la urgencia de salir de Palacio del Presidente López Obrador es para retomar lo que mejor sabe hacer: la calle. Pero también parece estar detrás la caída en la economía mexicana, y el crecimiento en el desempleo, oficialmente se estima que en los primeros meses de este año se han perdido más de 680 mil empleos en el país.
También hay que anotar que ante la reactivación económica en Estados Unidos, por órdenes de Donald Trump, desde dicho país prácticamente se le ha ordenado a México reiniciar actividades en sectores productivos que son parte de su cadena de suministro. Esto, a pesar de que, según la Secretaría de Salud de Baja California, 435 empleados formales y obreros de maquiladoras que nunca frenaron actividades han dado positivo al virus. López Obrador no ha dado explicaciones al respecto y nadie parece habérselas pedido desde este lado de la frontera.
México, por mandato oficial, se apresta para retomar actividades el 1 de junio, sin haber contenido la dispersión del nuevo coronavirus, sin contar con un eficiente programa de detección del COVID-19, con una deficiente infraestructura hospitalaria, en la cual el único logro es el personal médico que ha dado la batalla, y además sin haber establecido una cultura social para contener un rebrote del virus con medidas de autoprotección, adecuaciones en espacios públicos, en centros de reuniones, y en sitios de trabajo, más allá de recomendaciones básicas también dictadas desde el Gobierno federal.
Ante la urgencia de salir a las calles en México parece que la vida en sí, no valiera nada.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.