Los familiares de desaparecidos -quienes pidieron confidencialidad- acusaron que Juan Alberto Rivera Hernández, fiscal regional de Cosamaloapan, brinda protección a Humberto Andrade Salim, el Cacahuate, dueño de los ranchos “San Ángel” y “La Ganadera”, donde fueron hallados varios “puntos positivos” de fosas clandestinas y quien “tiene amistad” con integrantes de la célula criminal “Compa Playa” y “Los Piña”, grupos delictivos locales adscritos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En esta región piñera del sur de Veracruz, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez confirmó la primera semana de febrero que once personas fueron “levantadas” en los últimos cuatro días de enero pasado.
García prometió una búsqueda exhaustiva de los jóvenes, sin embargo, hasta hoy no han dado resultados ni avances de las investigaciones.
El 19 de febrero pasado, elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Civil y Guardia Nacional acordonaron dos ranchos en Playa Vicente, pues fueron confirmadas fosas clandestinas en la región.
Al siguiente día, el 20, familiares de desaparecidos, periodistas de la región y vecinos y ganaderos se apersonaron en el lugar para presionar a las autoridades con las exhumaciones que hasta hoy no se han llevado a cabo.
En esta región, que abarca los puntos limítrofes entre Veracruz y Oaxaca se calcula un centenar de desapariciones ocurridas en los últimos tres años.
Tras el hallazgo de fosas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con la ayuda de fuerzas federales emprendió un agresivo operativo de vigilancia para inhibir la delincuencia en esta región.
La propia SSP reportó el 1 de marzo la “neutralización” de Reinaldo Patiño, El Pelón de Abasolo, jefe de plaza de los grupos delictivos locales y quien murió en un enfrentamiento con policías y fuerzas federales.
Reinaldo Patiño, era buscado por las autoridades locales y federales pues se le responsabiliza de homicidios de varios ganaderos en Abasolo del Valle, además de varios ilícitos cometidos en los municipios de Playa Vicente, Azueta, Isla y Juan Rodríguez Clara.
Entre el 26 y 27 de enero pasados, en esa región fueron reportadas 11 desapariciones de jóvenes sin que hasta ahora la autoridad haya logrado dar con su paradero.
En el caso de las fosas clandestinas, familiares exigen a la FGE y al PJE dinamizar los permisos y diligencias para poder llevar a cabo la exhumación y posterior identificación de los restos y así saber si su familiar fue asesinado o continuar su búsqueda en vida.
Algunos de los familiares de los once desaparecidos -quienes ahora viven con miedo en esta región- piden a la autoridad llevar a cabo diligencias en el rancho “La Finca”, propiedad también de Humberto Andrade, para despejar dudas de que ahí también pudiera haber restos humanos.
Parálisis
En el caso de Veracruz, “esté ha sido un año perdido de búsqueda”, coinciden la mayoría de madres que buscan a sus hijos.
Por ejemplo, en el predio “La Guapota”, ubicado en Úrsulo Galván y en Arbolillo, en Alvarado, se han exhumado en lo que va del año apenas 13 cuerpos de los cuales 12 siguen sin ser identificados.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Verónica Hernández Giadáns y la propia Comisión Estatal de Búsqueda a cargo de “la empresaria banquetera”, Brenda Cerón Chagoya han pretextado la pandemia por covid-19 como la culpable de ralentizar las exhumaciones en fosas clandestinas. Pero la realidad es otra. A ambas dependencias la fluidez presupuestal les fue detenida y a ambas les fue restado personal para atender la poca experticia de otras instituciones para enfrentar el coronavirus, recriminan familiares de los desaparecidos.
El Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas –integrado por representantes de varios colectivos de Veracruz- está desesperado por la “justificación” gubernamental de la pandemia.
“Sí hay un gran retraso, un rezago grande, porque ya deberían de estar trabajando (…) También en Arbolillo encontramos tres cuerpos y pregunté al encargado de servicios periciales el estatus en que se encontraban y solo me dijo que ‘en proceso’”, reprochó Rosalía Castro Toss del Colectivo Solecito.
Rosalía busca desde noviembre del 2011 a su hijo Roberto Carlos Casso Castro quien desapareció cuando viajaba con su novia en la carretera a Puente Nacional y fue interceptado por un grupo de sicarios.
Tan solo en Arbolillo en este año se han explorado cinco fosas, de 72 localizadas, y ya se exhumaron los restos de “diez tesoros”. Es decir, diez personas que fueron inhumadas ilegalmente por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
En la misma situación se encuentra el Colectivo Familias Enlaces Xalapa, que el pasado 10 de mayo marchó de “manera virtual” para que “alguien en este mundo” pueda darles alguna información que les ayude a llegar a sus seres queridos.
Carlos Saldaña Grajales, quien desde el 30 de noviembre de 2011 busca a sus hijos, Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y a su hija adoptiva Yunery Citlally Hernández Delgadillo asegura que no hay política, pandemia o justificación ideológica alguna que obligue a parar al Estado.
“La búsqueda no puede parar. Hoy el mundo vive una crisis sanitaria que refleja los graves problemas de desigualdad en el acceso a los derechos sociales como salud, alimentación y trabajo. Y ante el escenario de aislamiento social, nos queda la incertidumbre sobre las consecuencias sanitarias, económicas y políticas en el futuro.
“El país vive esta contingencia de la mano de otra gravísima emergencia, las más de 61 mil personas desaparecidas, los más de 37 mil cuerpos sin identificar y una dinámica de desaparición que continúa cotidianamente. La priorización de las medidas para contener la pandemia no puede dejar de lado la importancia de continuar la búsqueda para regresar a casa a todas nuestras personas desaparecidas”, expuso Saldaña en un comunicado circulado hace unos días.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/630786/las-narcofosas-de-playa-vicente-tres-meses-sin-avances