El Cediac y el Frayba denunciaron que, a dos años del desplazamiento forzado de las familias por la violencia y la presencia de grupos armados, «el Estado mexicano no ha realizado acciones eficaces de protección y garantía de derechos humanos para las víctimas, ha sido incapaz de brindar seguridad, ofrecer ayuda humanitaria y restituir derechos, incluido el retorno a la comunidad de origen con seguridad.
Explicaron que las familias tseltales sobreviven en condiciones de hacinamiento y precariedad, «rentando pequeños cuartos o prestando espacios con familiares en otras comunidades o en la cabecera municipal», así como refirieron que algunos miembros de las familias migraron para conseguir recursos económicos.
Agregaron que el gobierno mexicano tampoco ha atendido a las familias en lo que respecta a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, a pesar de que desde el pasado 3 de abril solicitaron la «puntual atención» de las autoridades para brindar atención médica y alimentaria a las familias desplazadas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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