De acuerdo con el analista, la intimidación a los jueces dificulta el ejercicio de la justicia y también abre la puerta a la corrupción.
“En la medida en que los jueces son intimidados, se puede paralizar todo el aparato de justicia. Yo recuerdo en alguna ocasión, con el Presidente César Gaviria de Colombia, que decía que en la época más dura contra Pablo Escobar no había un juez en Colombia que estuviera dispuesto a emitir una orden de aprehensión contra un narcotraficante entonces, en la medida en que haya estos actos de intimidación se dificulta el ejercicio de la justicia y además, la intimidación es la otra cara de la corrupción. En la medida en que la amenaza de plomo es real, la oferta de plata es más atractiva”, afirmó en entrevista para Aristegui en Vivo.
Por lo anterior, enfatizó que es fundamental conocer si el doble asesinato está vinculado con la labor profesional del juez federal.
“El punto es saber si esto está conectado o no a los casos que llevaba la víctima, que llevaba el juez. Esto yo creo que es una reflexión de primerísima importancia. Por lo que se conoce de las circunstancias, iban a ejecutarlo y lo lograron. Esto sí debería de llevar a una reflexión de fondo de en qué medida esto está conectado a su actividad como juzgador”, indicó.
Además, destacó que no se puede perder de vista la referencia geográfica del crimen.
“Sucede en Colima que es el Estado que tiene la mayor tasa de homicidio en el país por 100 mil habitantes y es un Estado que ha visto un conflicto serio entre bandas del crimen organizado en años recientes, 2015, 2016 a la fecha, donde está el Puerto de Manzanillo que es una zona de acceso de precursores químicos para la producción de droga sintética y que es también la salida hacia los mercados de consumo y donde actividades conexas como la extorsión o el secuestro han venido creciendo de manera acelerada en años recientes”, expuso.
En opinión de Hope, es necesario encontrar respuesta a la pregunta “¿había un criterio geográfico para ofrecer protección a jueces y magistrados”
Los ataques letales en contra de jueces federales son poco frecuentes en el país ya que, de acuerdo con la estadística, el evento que le antecede al asesinato de Uriel Villegas, ocurrió en 2016 cuando un juez federal fue asesinado en Metepec, Estado de México, apuntó.
“Hice un recuento rápido, hemerográfico, y encontré ocho casos más o menos desde principios de los noventa a la fecha de jueces federales que haya sido asesinados. Sí hay que tomárselo muy en serio porque no pasa a menudo”, señaló.
Respecto al secuestro del general brigadier diplomado de Estado Mayor, José Guillermo Lira Hernández, ocurrido el sábado en Puebla y quien el lunes fue liberado, el analista de Seguridad evidenció que las instituciones incluyendo al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas, están bajo amenaza.
“El hilo conductor entre los dos hechos es que los primeros niveles de responsabilidad de las instituciones nacionales están también sujetas a riesgo y están también sujetas a amenaza en algunos casos muy relevantes y de alto impacto, esto incluye al Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que hay un ataque a un general, cada una de las anteriores ha tenido un impacto muy relevante y hay que investigar si se trató de un secuestro extorsivo o si hubo algún otro tipo de demanda hechas a la familia o al propio Ejército”, añadió.
Alejandro Hope confió en que el asesinato del juez y de su esposa no quede impune y que, en el caso del secuestro del general brigadier, se conozca el móvil o el tipo de demanda que hicieron los secuestradores.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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