Los datos oficiales revisados por Animal Político así lo prueban: de junio de 2019 a mayo de 2020, es decir durante los primeros 11 meses de su funcionamiento (los datos de junio de 2020 aún no están disponibles), la cifra de víctimas de homicidio dolosos ascendió a 32 mil 78 personas.
Ello representa casi 450 asesinatos más en comparación con los mismos 11 meses previos (junio de 2019 a mayo de 2020) cuando no existía en el país Guardia Nacional desplegada.
Pero incluso, ya con la Guardia Nacional a toda máquina no hay signo de mejoría. En los primeros cinco meses de 2020 se registraron 15 mil 16 asesinatos, casi 500 más que en el mismo periodo de 2019 que ya de por sí era un nivel récord.
Los propios elementos de la GN son blanco de la violencia. Apenas ayer un convoy de dicha fuerza fue emboscado por sujetos armados en el municipio de Tula de Hidalgo en Jalisco. La agresión, según confirmaron autoridades federales, dejó como saldo un guardia muerto y cinco más heridos.
El comandante en Jefe de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, sostuvo la semana pasada que en el país están desplegados 90 mil efectivos de esta nueva fuerza con la labor primaria de “apoyar en la seguridad pública” a los estados, y combatir la violencia.
Sin embargo, un análisis del Observatorio Ciudadano para la Guardia Nacional evidencia que este despliegue no sigue una lógica clara, al menos en cuanto a dar prioridad al combate en los estados más violentos. Prueba de ello es que las entidades con mayores tasas de homicidio como Guanajuato, Baja California o Chihuahua no figuran entre las que tienen más guardias.
Incluso hay estados como Querétaro, de los más seguros del país, donde la tasa de guardias asignados es superior a la de Guanajuato, estado que concentra casi la quinta parte de todos los asesinatos.
“Tristemente no hemos visto correlación del impacto de la Guardia Nacional en el tema de disminuir la violencia y la delincuencia. El despliegue territorial no se corresponde siquiera con las necesidades de las entidades con los mayores índices delictivos. Su movilización no ha sido sinónimo de mayor seguridad ni siquiera con un efecto disuasorio” dice la directora de la organización México Unido contra la Delincuencia e integrante del observatorio, Lisa Sánchez.
Animal Político publicó en el reportaje “Crimen y Violencia: La Guerra que no Acaba” que aun cuando el crecimiento de homicidios en el último año y medio se ha desacelerado, no existe evidencia que sustente que ello está relacionado con la Guardia Nacional, sobretodo porque dicho desaceleración se dio desde mediados de 2018, aún en el sexenio pasado.
Una sucursal del Ejército
Aunque constitucionalmente fue concebida como una fuerza de seguridad civil, la Guardia Nacional está compuesta mayoritariamente por elementos de las fuerzas armadas, y bajo el total mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El análisis del Observatorio Ciudadano construido a partir de solicitudes de transparencia arroja que dicha fuerza está conformada por policías militares, policías navales, y por nuevos elementos reclutados por las secretarías de la Defensa y la Marina, para luego ser comisionados temporalmente a la Guardia.
Alejandro Hope, experto en seguridad e integrante del observatorio, reveló que la Guardia Nacional no ha creado ni una sola nueva plaza para sus elementos. El salario de los efectivos es cubierto por las fuerzas armadas pues se trata de sus propias plazas.
Lo anterior significa que las cifras de reclutamiento de la Guardia que con frecuencia se reportan, son en realidad efectivos reclutados por la Defensa o Marina “prestados” a la nueva fuerza de seguridad.
“La Guardia Nacional es una sucursal del Ejército en otra dependencia, así de sencillo. De civil no tiene más que el nombre. El jefe de la 1ra Zona Militar en activo, por ejemplo, es el coordinador de la guardia en Ciudad de México. Ni siquiera hay la separación funcional que se había contemplado en la ley. Está clarísimo” indica Hope.
Pese a que la GN es una fuerza adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esta no es dueña ni siquiera de sus instalaciones. Las bases militares que se están construyendo en todo el Ejército son edificadas por ingenieros militares en terrenos que los estados han cedido a la Sedena.
“Las funciones de la GN se suman a las atribuciones de las Fuerzas Armadas, las cuales, además, se han incrementado de manera importante durante el actual gobierno. Este caudal de responsabilidades constituye un abuso político, a costa del prestigio y capacidades de las Fuerzas Armadas”, dice el informe.
Dudosa preparación y opacidad
Otro de los puntos que destaca el informe del Observatorio es la falta de transparencia relacionada con la conformación de la GN. Ello ya que más allá de los anuncios que se dan en conferencias, no existe información precisa y proactiva sobre su nivel de conformación, esquemas de preparación y evaluación, cifras de despliegue territorial, ejercicio de sus recursos y distribución de sus plazas, entre otros.
Solo a través de solicitudes de transparencia dirigidas a las dependencias involucradas es como se ha podido recabar información que a veces ha resultado incompleta, o contradictoria.
Por ejemplo, en torno a la capacitación de los elementos de la GN, la SSPC no dio detalles en cuanto a la duración ni contenido de esta y pidió dirigir las solicitudes a las dependencias castrenses. Estas a su vez remitieron la solicitud directamente a la GN que en julio de 2019 dijo que el curso para elementos en activo era de 584 horas, pero un mes después señaló que era de 385 horas.
En cambio, la Secretaría de Marina señaló que el curso inicial era de 405 horas, cifra que no coincide con ninguna de las anteriores.
“No hay claridad en la formación, no hay criterios claros en cuanto a cómo se define el despliegue, no se sabe tampoco cómo avanza la evaluación ni el control de confianza aplicado. Es una danza de cifras confusas y opacidad”, dijo David Blanc, investigador de la organización Causa en Común.
Policías civiles, en el abandono
Otro punto que alertan los expertos del Observatorio es el descuido en que se encuentran las policías locales en el país, pese a que la conformación de la Guardia Nacional estaba emparejada con el desarrollo de las fuerzas civiles de seguridad.
El punto de partida, de acuerdo con el artículo séptimo transitorio del decreto constitucional que dio pie al nacimiento de la GN, era la elaboración y presentación de diagnósticos y programas de desarrollo para las corporaciones policiales estatales y municipales.
Pero dichos diagnósticos nunca fueron presentados al menos públicamente, y menos se conoce de la implementación de estos. Lo que sí se ha documentado es que una buena proporción de los policías locales continúan laborando en situaciones de bajos salarios y deficiente preparación.
En contrasentido, se ha continuado profundizando en la participación del Ejército y la Armada. Prueba de ello, dijeron, es el acuerdo presidencial publicado en mayo pasado que avala la intervención militar en seguridad pública sin fijar plazos ni mecanismos de fiscalización de esta.
“Mientras el país se militariza aceleradamente, no existe un esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las policías del país. Por el contrario, la mayoría de las corporaciones locales apenas subsisten en condiciones precarias”, concluye el análisis.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/06/guardia-nacional-violencia-homicidios-despliegue-amlo/