Un Juez federal admite amparo de Tomás Zerón contra la orden de aprehensión por caso de los 43

Tomás Zerón de Lucio aportó elementos a lo que la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, presentó como “verdad histórica”, sobre la desaparición de los normalistas rurales. La narrativa se basó en que sus cuerpos habrían sido incinerados al grado de las cenizas, en un basurero del municipio de Cocula. Ahí fue encontrada una bolsa con restos humanos de la que se extrajo un pedazo de hueso que ayudó a identificar a uno de ellos, Alexander Mora Venancio.

Un Juez Federal admitió a trámite el amparo interpuesto por Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con los reportes, la solicitud de amparo fue aceptada por el Juez Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez.


Con la demanda de amparo, Zerón de Lucio busca detener la orden de aprehensión girada en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de alteración y ocultamiento de pruebas en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

El Juez en cuestión solicitó a la Fiscalía General de la República informar si ha solicitado la orden de captura del exfuncionario federal.

Será el próximo 17 de julio cuando el Juez determine si otorga o no la suspensión definitiva al extitular de la Agencia de Investigación Criminal.

Zerón de Lucio es buscado desde marzo pasado, luego que la FGR solicitara a la Interpol una ficha roja de búsqueda. Mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) detalló que el exfuncionario fue ubicado en Canadá.

Una investigación de la periodista Linóleo Flores en SinEmbargo reveló que Zerón de Lucio desembolsó, a través de la AIC, hasta 14 millones 990 mil 440 pesos para que una reconocida Chef le sirviera el desayuno, comida y cena, durante su paso por la dependencia.

La AIC, bajo el mando de Zerón de Lucio, también desembolsó en el mismo periodo, 3 millones 761 mil 788 pesos para que Gastronómica Zayda le sirviera al personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia mientras trabajaba “eOtros dos millones 996 mil 268 pesos le fueron pagados por la AIC a esa casa gastronómica para el suministro de café, menús ejecutivos y box lunch a los empleados de la Policía Federal Ministerial en el mismo periodo.


Lo anterior, de acuerdo con los contratos por Adjudicación Directa que fueron otorgados mientras que Tomás Zerón de Lucio dirigió la AIC, de septiembre de 2013 a septiembre de 2016. Poco antes de presentarle su renuncia al entonces Presidente Enrique Peña Nieto, el ex funcionario puso bajo reserva durante cinco años parte del contenido de sus contrataciones. De modo que algunos datos, como nombres de representantes legales o funcionarios que los acordaron, aparecen testados.

DE INVESTIGADOR A FUGITIVO

El poder del que gozó Tomás Zerón de Lucio se reflejaba hasta en la posición de su oficina en la parte más alta de la sede de la PGR (hoy FGR), al mismo nivel que el despacho de la entonces Procuradora, Arely Gómez González. Tenía como salario bruto 200 mil pesos al mes; su vida entera, así como su eventual renuncia estaban protegidas con seguros millonarios.

Zerón de Lucio mostraba el mismo estilo de ser de otros miembros del Gabinete que formó Enrique Peña Nieto. Pertenecía al círculo de confianza al lado de Humberto Castillejos Cervantes quien se desempeñaba como exconsejero jurídico del Ejecutivo y quien compró en esos tiempos, al perro más caro del mundo como mascota. El responsable de la AIC poseía coches de lujo, joyas, relojes y casas, según sus propias declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública y el propio despliegue que hacía él mismo de estos bienes.

El 26 de septiembre de 2014, en México ocurrió la tristísima noche de Iguala, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, fueron atacados a balazos y luego, desaparecieron de la faz de México. El origen de esos balazos aún es desconocido. Los estudiantes iban en camiones rumbo a la Ciudad de México para conmemorar la matanza de Tlatelolco.

Zerón de Lucio aportó elementos a lo que la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, presentó como “verdad histórica”, sobre la desaparición de los normalistas rurales. La narrativa se basó en que sus cuerpos habrían sido incinerados al grado de las cenizas, en un basurero del municipio de Cocula. Ahí fue encontrada una bolsa con restos humanos de la que se extrajo un pedazo de hueso que ayudó a identificar a uno de ellos, Alexander Mora Venancio.

Pero esa “verdad” se diluyó como agua cuando fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de una batalla de los padres de los desaparecidos. Uno de los argumentos presentados fue un video en el que aparece Tomás Zerón de Lucio. Se le ve sigiloso en el río San Juan, el 28 de octubre de 2014, justo un día antes del hallazgo de la bolsa. Se le ve mientras “siembra” pruebas.

Pese a todo, pese a la elocuencia de las imágenes, Zerón de Lucio no renunció ni fue destituido. Al contrario, se convirtió en uno de los funcionarios más estables del Gabinete de Peña Nieto. En 2016, fue nombrado en la Comisión Nacional de Seguridad y siguió con su mismo estilo político y de ser.

Pero los luminosos días del otrora investigador se acabaron. En un vuelco de roles, este 2020 (año de la pandemia COVID19) tiene una orden de arresto de un Juez federal en Guerrero a petición de la Fiscalía General de la República por manipulación de evidencia sobre los 43 estudiantes desaparecidos.

Declarada la pandemia en México del coronavirus en abril, los focos se le retiraron a Tomás Zerón de Lucio. El periodista César Martínez publicó en Reforma que habría huido hacia Canadá. Nada se sabía de él hasta que el pasado 16 de junio, el Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo Penal y Juicios Federales con sede en el Estado de México reveló que su abogado promovió un juicio de amparo.


El litigante se valió de un poder notarial presentado en certificado digital. Pero, debido a que en el documento aparecen dos domicilios, la demanda no fue admitida. El Juez dio cinco días para que se precise a dónde se le pueden enviar notificaciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/22-06-2020/3809918