Durante años, por estabilidad emocional, no quiso saber nada del llamado multihomicidio de la colonia Narvarte ocurrido en 2015, cuando además de su madre, Alejandra Negrete, fueron asesinadas la maquillista Yesenia Quiroz, la colombiana Mile Virginia Martín, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
“Me enteré de que yo estaba embarazada en abril de ese año. Mi mamá y yo teníamos muchos planes para cuando naciera mi bebé. No sabíamos si sería niña o niño, pero me dijo: ‘¿Por qué no le pones mi nombre? Será mi nieto consentido, le voy a comprar sus cosas y lo vamos a bautizar’. Estaba muy emocionada por mi bebé, pero ya no lo conoció. La mataron tres meses después, cuando yo más la necesitaba”, relata en entrevista con Proceso.
El próximo viernes 31, cuando se cumpla el quinto aniversario del crimen, será la primera vez que un familiar de Alejandra participe en las actividades que organizan cada año los deudos de Yesenia, Mile, Nadia y Rubén, junto con su defensa jurídica, para reiterar la exigencia de que la ahora Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México garantice su derecho a la verdad y a la justicia, pues no ha cumplido.
“Voy a participar porque ya no quiero que sólo se hable de mi mamá como la trabajadora doméstica. Quiero que sepan que era una persona que le encontraba la solución a todo. Siempre estaba ahí para ayudar. Era muy alegre y un poco grosera. Nos decía: ‘Ustedes pueden, son chingonas, échenle huevos, esto va a pasar, no sean tontas’. Era muy valiente y honesta. Siempre daba la cara por la familia, aunque ella estuviera mal. Creó un lazo de convivencia entre todos, pero cuando la mataron, se acabó”, recuerda Gabriela.
Días antes de ser asesinada en el departamento 401 del 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Alejandra dedicó por Facebook a sus tres hijas la canción “Yo te bendigo, mi amor”, de Juan Gabriel. Gabriela la recuerda en los ojos de su hijo, Alejandro, “que son iguales a los de su abuelita”. Hace poco éste le pidió una foto de su madre para ponerla en su casa, lo que ella no había podido hacer por el dolor que sentía. “A pesar de que no la conoció, dice que la amaba mucho y me pregunta ‘¿Por qué se fue? ¿Por qué no baja un ratito del cielo para visitarme?’”.
Y aunque Gabriela no vivió el maltrato que los anteriores procuradores, fiscales y ministerios públicos ejercieron contra los familiares y la coadyuvancia, tiene clara la exigencia para la fiscal Ernestina Godoy: “Que ponga más atención a la investigación. Van cinco años y aún no sabemos qué pasó ni cómo pasó. Sólo buscaron culpables, pero queremos que nos den la verdad, que ya no le den más vueltas y se haga justicia, que no quede como un homicidio más”.
Avances “poco sustantivos”
En su edición 2230 (28 de julio de 2019), Proceso publicó una entrevista con José Luis Quiroz, fiscal de Homicidios de la entonces procuraduría capitalina, quien se comprometió a que la investigación empezaría “prácticamente de cero”. Ofreció “subsanar las omisiones” cometidas por el gobierno del hoy senador Miguel Ángel Mancera y de sus procuradores, Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, e informó que entregó a familiares y abogados una propuesta de Plan de Investigación y de “ruta crítica” para indagar el crimen.
En la misma publicación, los deudos y su defensa reconocieron el cambio de actitud y dieron un voto de confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la gestión de Godoy. Sin embargo, un año después, lamentan los pocos avances en lo prometido.
Leopoldo Maldonado, subdirector regional de la organización civil Artículo 19 México y representante legal de la familia de Rubén Espinosa –quien era colaborador de AVC Noticias y Proceso–, asegura que en un año “no ha habido un avance significativo en el acceso a la justicia”. Peor aún, las diligencias se han reducido al envío de “oficios de papel”. No duda: “Ya bajó mucho el interés. Le dieron carpetazo públicamente, aunque jurídicamente el caso está abierto a regañadientes para ellos y sigue generando zozobra a las familias”.
En entrevista, reconoce sin embargo que el trato, el diálogo y la disposición de las autoridades ha mejorado respecto de la etapa mancerista. También ha habido avance, aunque lento, en el peritaje de análisis de contexto de la situación sociopolítica, de agresiones a periodistas y violencia de género, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz.
El abogado destaca que el Plan de Investigación y la “ruta crítica” que planteó la autoridad fueron aprobados por todas las partes en septiembre de 2019 y con ello se cumplió un punto de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy de la Ciudad de México).
Añade que de las ocho hipótesis planteadas las “más fortalecidas” son la de la presunta trata de personas, relacionada con Mile y Yesenia, y la persecución política contra Nadia y Rubén desde Veracruz. Ambas, dice, “son atravesadas por la participación de la delincuencia organizada”, pero en ninguna se han hecho las diligencias necesarias para lograr avances concretos.
Agrega que aunque hay disposición del Ministerio Público para ir a Veracruz a realizar diligencias, “sólo manda oficios de ida y vuelta, pero no hay disposición de funcionarios de más alto nivel para que se hagan. Se topan con las propias incapacidades de la institución y las prácticas tan arraigadas de investigar mediante oficios de papel”. Hasta ahora la carpeta de investigación tiene al menos 21 tomos y sigue creciendo.
Maldonado recuerda que la FGJ capitalina no ha aclarado múltiples elementos del caso, como el origen y la operación de las empresas de seguridad privada del entonces secretario de Seguridad en Veracruz, Arturo Bermúdez, y la cercanía de una de ellas con el departamento de la Narvarte; así como el presunto manejo de grupos parapoliciales en aquella entidad. Otro: ¿de quién es el ADN masculino hallado en los instrumentos usados para torturar a las víctimas y las huellas ensangrentadas en el piso de departamento, que no corresponden a Rubén ni a alguno de los tres detenidos?
En cuanto a éstos, hasta ahora sólo Abraham Torres Tranquilino fue sentenciado a 315 años de cárcel, mientras que Daniel Pacheco Gutiérrez y César Omar Martínez Zendejas continúan bajo proceso judicial. No ha habido otra detención ni se han deslindado responsabilidades de servidores públicos de distintos niveles que participaron en la filtración de datos e imágenes del expediente, la violación de evidencias y las omisiones.
Tampoco se ha aclarado el origen de las llamadas telefónicas que los presuntos homicidas recibieron antes, durante y después del crimen, ni se ha indagado a la empresa que contrató a Mile, lo que podría derivar en un caso de corrupción en el Instituto Nacional de Migración.
En resumen, afirma Maldonado: “La violación a los derechos de las víctimas sigue. Y, conforme pasa el tiempo, es claro que la evidencia se ha ido perdiendo y que cada vez será más difícil recabar elementos de prueba que permitan llegar a conclusiones satisfactorias”.
Por si no fuera suficiente, por la pandemia de covid-19 la FGJ redujo un porcentaje de su personal en oficinas, y tanto el Ministerio Público encargado del caso como su secretario fueron afectados por el virus.
Sin resultados, no hay disculpa pública
Patricia Espinosa, hermana de Rubén, explica que los familiares de las víctimas y sus abogados no han aceptado que la FGJ se disculpe públicamente –como lo recomendó la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local–, pues está condicionada al avance en la investigación, y hasta ahora no hay tal. “Aceptar la disculpa sería porque como familias diríamos que estamos en la recta final o que la investigación está cerca de la verdad y la justicia, pero no es así”, sostiene.
Y agrega: “La fiscalía se ha quedado corta, no pasa de la buena voluntad. Desde febrero bajó el ritmo y ahora el caso está parado con el pretexto perfecto de la pandemia”. Por eso la familia de Rubén no ha aceptado la indemnización económica ofrecida por la autoridad. Tampoco ha tenido respuesta satisfactoria sobre el derecho al acompañamiento psicosocial, ni de los “actos de memoria” ofrecidos por la fiscalía, como poner el nombre de las víctimas a una calle de la ciudad o hacer un memorial.
Patricia recuerda que en 2019 tuvieron un acercamiento con Godoy: “Nos prometió que se investigaría todo a fondo, pero en el cambio de procuraduría a fiscalía, a pesar de que es la misma persona, ya no ha tenido ningún pronunciamiento para nosotros. Se supone que estamos en un gobierno de transformación, pero no hay avances… La confianza se pierde porque estamos llegando al mismo punto en que no hacen nada”.
“Complejo”, pero con avances: FGJ
Durante los cinco años que han pasado, la Fiscalía de Homicidios ha tenido cuatro titulares: Marco Reyes –quien recibió el caso y permitió el desaseo de la investigación–, Roberto Aguas, José Luis Quiroz y, el pasado 16 de junio, ya con la fiscalía autónoma, Ernesto López Saure.
Cuestionada sobre los avances de la investigación, la FGJ dice a Proceso en una tarjeta informativa que “el desarrollo del Plan de Investigación ha permitido el abordaje del caso desde un enfoque estratégico”, frente al hecho de que “por el conjunto de hipótesis de investigación reviste el carácter de caso complejo”.
La autoridad agrega que se han revisado “las constancias documentales existentes en la indagatoria”, para no hacer “actuaciones reiterativas o innecesarias”; además de protocolos, estándares, instrumentos y guías para explorar el caso “bajo perspectivas que no habían sido implementadas”.
Según el mencionado documento, también se ha aproximado a “literatura vinculada al enfoque de análisis de contexto” para conocer el entorno específico de cada víctima y se ha acercado a “instrumentos de investigación relativos a hechos de muerte violenta de mujeres, así como al enfoque de género y, con ello, de los protocolos en la materia”.
La FGJ destaca que la elaboración del plan fue producto de un diálogo “franco y abierto” entre la propia dependencia, las víctimas y sus representantes, con la intervención de la CDH local, con lo que se cumplió el primer punto de su recomendación. Asegura que las ocho hipótesis siguen vigentes y que hay un “cambio de enfoque y perspectiva” sobre las actividades profesionales de Rubén Espinosa y Nadia Vera, igual que de los “entornos relacionales” de Mile Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.
Sobre las diligencias enfocadas hacia Veracruz, la fiscalía cuenta que el Ministerio Público aún “examina” los elementos recabados en la investigación para “reconducir” las diligencias bajo una lógica que deje ver “aspectos que deben ser mejor documentados o precisados” y, con ello, “establecer, desde un punto de vista técnico jurídico, la consistencia de estas hipótesis”. En relación con las diligencias sobre el delito de trata y delincuencia organizada, dice que no es “prudente” informar, “por razones de reserva y confidencialidad”.
La FGJ coincide con los familiares de las víctimas en el sentido de que “conforme se avance, particularmente en la investigación, se darán las condiciones de posibilidad para la realización del acto de disculpa pública”. En tanto, a la fecha ha indemnizado a ocho de 10 víctimas indirectas. Y agrega que, con los deudos, procesa propuestas para la “dignificación de la historia de vida de las víctimas de los lamentables hechos”.
Por lo pronto, familiares de las víctimas, su defensa y diferentes colectivos sociales y culturales preparan una jornada –del lunes 27 al viernes 31– con varias actividades por el quinto aniversario del crimen y para reiterar su exigencia de verdad y justicia.
A causa de la pandemia, las acciones serán sólo virtuales y en redes sociales, entre ellas una galería de fotos y un video, una mesa de diálogo, un pronunciamiento de personajes del arte, un festival artístico y un breve y reducido acto de homenaje frente al edificio de la colonia Narvarte.
Este reportaje se publicó en la edición 2282 del semanario Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/640866/caso-narvarte-un-lustro-en-espera-de-verdad-y-justicia