Videgaray Caso fue el jefe de Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, de acuerdo con declaraciones de analistas e incluso de Javier Coello Trejo, ahora exabogado del exdirector de la petrolera estatal, ninguna decisión relevante se tomó sin el conocimiento y la aprobación de Videgaray, quien en su momento fue considerado como un “Vicepresidente” en México.
Con Duarte Jáquez, dicen los especialistas y personajes quienes mantienen denuncias activas en contra del exmandatario, Videgaray fue una pieza clave de los desfalcos a las arcas de Chihuahua y de la Nación. El exsecretario fue el hombre que desde el Gobierno federal autorizó que el exgobernador fuera accionista mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua, con el objetivo de “lavar el robo” del erario público.
Ambos están en espera de su extradición a México para enfrentar a la justicia. Ambos son cercanos a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien desde septiembre de 2019 forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), de acuerdo con información publicada en Bloomberg.COMPLICIDAD DE DUARTE Y VIDEGARAY
La detención de César Horacio Duarte Jáquez es una buena noticia, pues el expriista se convirtió por años en un símbolo de la impunidad, pero no es suficiente: las autoridades estatales y federales deben ir por los personajes que formaron parte o permitieron el saqueo y la corrupción en Chihuahua, como Luis Videgaray, exigieron el abogado y activista Jaime García Chávez, y Carlos Chavira Rodríguez, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad Juárez, ambos con denuncias activas en contra del exmandatario chihuahuense.
Duarte, quien fue catalogado por el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de la generación “del nuevo PRI”, era el único de los exgobernadores acusados de corrupción que faltaba por ser detenido. En esa lista están también Javier Duarte (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés (Sonora), éste último del Partido Acción Nacional (PAN).
El exgobernador tiene un cúmulo de 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos. Pero no actuó solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, de haber dirigido una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de exfuncionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.
En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en diversas causas penales, entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además ya hay cinco sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de exfuncionarios públicos para evitar ser detenidos.
Durante su gestión, Duarte fue señalado por activistas como Jaime García Chávez, de la organización Unión Ciudadana, quien hace seis años denunció al expriista ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) por peculado, violación a la ley bancaria y otros presuntos delitos. El exgobernador de Chihuahua pretendió ser accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua para “lavar el robo” del erario público.
García Chávez, defensor de derechos laborales y con militancia en la izquierda, reconoció que la detención de César Duarte es una buena señal en el combate a la corrupción y debe ser el primer paso para perseguir a otros políticos que fueron cómplices del saqueo y corrupción en el estado de Chihuahua.
“Si vemos otros modelos de corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución financiera múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el expresidente Peña Nieto”, aseguró García Chávez de Unión Ciudadana. “La denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es pieza clave. La fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de Hacienda”, reiteró en una entrevista.
También mencionó a otros personajes que fueron cómplices de Duarte: “Gamboa Patrón nos mandó (a Duarte) como Gobernador y muchos de sus negocios tienen que ver con él. Obviamente Peña Nieto y también Arely Gómez (exprocuradora), de la que puedo decir que es una gran mentirosa porque nos ofreció que la justicia iba a llegar rápido. Arely Gómez fue una encubridora de César Duarte”.
Carlos Chavira Rodríguez, presidente de la Coparmex Ciudad Juárez, Chihuahua, de 2008 a 2012, coincidió con García Chávez en que deben ser llamados a cuentas otros políticos que permitieron irregularidades en el sexenio de César Duarte.
“Se deben deslindar las responsabilidades legales respectivas y a partir de ello, si se desprende que hay alguna acción indebida por parte del entonces Procurador Jesús Murillo Karam y quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, por haber avalado mi extradición cuando era infundada y cuando había un amparo que me protegía por parte de la justicia, que paguen”, dijo el empresario chihuahuense, quien fue perseguido por la administración de Duarte por criticar abiertamente su gestión.
En el marco de su intención de competir por la presidencia nacional de Coparmex en 2012, el empresario Chavira fue acusado de supuesta administración fraudulenta en perjuicio del Gobierno de Chihuahua por 20 millones 818 mil pesos bajo la causa penal 339/13 que derivó en orden de aprehensión el 25 de febrero de 2013, luego de que el Gobierno estatal le dio 25 millones de pesos para la celebración del Primer Expo-Encuentro Empresarial, Cultural y Deportivo “Juárez Competitiva” 2011.
“En el momento procesal oportuno voy a presentar una acusación por todos estos hechos ilegales que Duarte emprendió en mi contra y la de mi familia, y de todas las acciones criminales que realizó y que fueron alentadas por la Coparmex, en especial por Gustavo de Hoyos”, advirtió.VIDEGARAY Y LOZOYA, LA OTRA UNIÓN
Luis Videgaray Caso y Emilio Lozoya Austin están igualmente involucrados en los desfalcos a Pemex de 2012-2016, de acuerdo con analistas y documentos que señalan que en la petrolera no podía realizarse un movimiento financiero sin la autorización de otros funcionarios.
El caso del exdirector de Pemex es particularmente complejo por tratarse de un suceso que no empieza y termina con un funcionario público, sino que depende de toda una estructura de mando encabezada por el Ejecutivo Federal, y donde es relevante la actuación de Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el periodo en que Lozoya estuvo a cargo de la petrolera.
“Está toda la red. Cuando la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] o cualquier organismo quiere encontrar verdaderamente a los culpables de la corrupción, tiene que meterse a toda la trama, hasta adentro y explicarnos cuál es la arquitectura que permite ese tipo de casos”, explicó Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en una entrevista publicada en SinEmbargo en febrero de este año.
Lozoya no podía hacer acuerdos con empresas como Odebrecht, Altos Hornos de México (AHMSA) y el Astillero Barreras sin el permiso del Presidente o la noción del Secretario de Hacienda, ya que “Lozoya dependía de Videgaray y él de Peña Nieto. Ahí está el camino”, agregó Toussaint.
Sin embargo, la relación entre Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto va más allá de la estructura de gobierno del Estado Mexicano.
Entre 2005 y 2009, Videgaray contactó a Lozoya con el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Por esas fechas Lozoya, en calidad de director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, representó una oportunidad para impulsar el nivel de financiamiento del Estado de México, en un contexto en que Peña Nieto buscaba utilizar la plataforma del Foro para impulsar internacionalmente a la entidad que gobernaba.
A partir de entonces, Lozoya, Videgaray y Peña comenzaron una relación amistosa y profesional que se extendería por años.
Lozoya es investigado por “algún tema de defraudación fiscal” y en específico, por los casos de la constructora brasileña Odbrecht, la compra de la planta Agronitrogenados a AHMSA y la adquisición de un astillero en España.
En todos estos casos, Videgaray y Lozoya tienen responsabilidades atribuibles, el primero en calidad de integrante del Consejo de Administración de Pemex como Secretario de Hacienda, y el segundo en calidad de titular de la Empresa Productiva del Estado.
La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: https://www.sinembargo.mx/09-07-2020/3819956