El gasto referido no es menor. Su valor (21 millones 507 mil 806 pesos) a precios constantes de 2019 es equiparable, por ejemplo, al 44 por ciento de la inversión anunciada (48.4 mdp) en octubre del año pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, para la adquisición de un software y cursos de capacitación para personal de la UIF con la finalidad de identificar redes de corrupción y de lavado de dinero.El desempeño de Luis Videgaray Caso como exsecretario de Hacienda (2012-2016) y de Relaciones Exteriores (2017-2018) cobró relevancia de interés nacional después del anuncio del Gobierno federal sobre la extradición desde España del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y la detención en Estados Unidos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ambos involucrados en delitos relacionados con asociación delictuosa, cohecho, desvío de recursos y lavado de dinero.
Como exsecretario de Hacienda y exmiembro del Consejo de Administración de Pemex, Videgaray habría dado el visto bueno a los desfalcos en la petrolera por la compra de dos plantas chatarra (Agro Nitrogenados y Fertinal) entre 2013 y 2015, además de haber orquestado la llamada “Operación Safiro” (2016-2018) de Duarte, para obtener recursos financieros para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el marco de los comicios presidenciales de 2018, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.Aunque aún no hay pruebas contundentes en contra de Videgaray, las posibles declaraciones de Lozoya y Duarte a cambio de beneficios en sus respectivos procesos penales podrían poner al exsecreatrio de Estado en el banquillo de los acusados.
Además de las irregularidades en Pemex y el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales de Chihuahua, Videgaray ha sido señalado de ser uno de los autores intelectuales detrás de otras grandes redes de corrupción, como por ejemplo, la Estafa Maestra (2013-2014), los abusos de OHL en el Estado de México, los sobornos relacionados con Odebrecht (2010-2014) y la trama de conflictos de interés entre Grupo Higa (2012-2015) y el Ejecutivo Federal.
Como excanciller mexicano, Luis Videgaray Caso también fue objeto de polémica.
En su breve paso por la SRE, Videgaray organizó la visita a México del entonces candidato presidencial Donald Trump, con la intención de convencerlo de frenar sus ataques en contra de los emigrantes mexicanos, a quienes tildaba de criminales. Sin embargo, la visita no sólo apuntaló la presidencia de Trump en los Estados Unidos sino que, asimismo, significó un rotundo fracaso para la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que ni bien pasaron 24 horas de la reunión entre Peña y Trump, el discurso anti-emigrantes-mexicanos del empresario estadounidense volvió.
En éste contexto de errores y presunta colusión, el gasto ocioso de la SHCP y la SRE en tiempos de Videgaray se torna más ominoso.
EL GASTO OCIOSO
La Secretaría de Hacienda otorgó 1 mil 856 contratos entre enero de 2013 y septiembre de 2016 por 16 mil 62 millones 820 mil 345.47 pesos; y la Secretaría de Relaciones Exteriores concretó 185 contratos entre enero de 2017 y noviembre de 2018 por 1 mil 454 millones 349 mil 419.66 pesos, de acuerdo con datos de CompraNet, el portal de compras gubernamentales de la SHCP.
Los 2 mil 41 contratos fueron otorgados, en su mayoría (86 por ciento), por adjudicación directa o sin concurso público de por medio. El resto incluyó trámites por invitación restringida (ocho por ciento) y de licitación pública (seis por ciento). Sin embargo, la mayor parte (78 por ciento) del gasto erogado tuvo lugar a través de contratos licitados por concurso, mientras que el monto adjudicado representó el 17 por ciento del gasto total contratado en tiempos de Luis Videgaray Caso.
Dentro de ésta millonaria cantidad de dinero hubo al menos 17 millones 833 mil 575.68 pesos de gasto ocioso, o bien, gastos que podrían haberse evitado y utilizado en inversión productiva o en gasto de capital.
Entre los gastos ociosos de la SHCP destacan los servicios contratados para entrenamientos y arbitrajes deportivos en el Club Deportivo Hacienda por 8 millones 859 mil 26.38 pesos, que incluyen instructores de acondicionamiento físico, aeróbics, atletismo, baile de salón y bailes latinos, básquetbol, béisbol, capoeira, físico-constructivismo, fútbol, musculación, natación, tae kwon do, tenis, tocho bandera y voleibol.El Club es una institución a cargo de la Dirección de Operación y Servicios de la SHCP, adscrita a la Dirección General Adjunta. De acuerdo con las Normas de Operación del Club Deportivo Hacienda, las instalaciones deportivas son para uso de empleados y exempleados de la SHCP, aunque acepta el ingreso de particulares, público en general e invitados.
Como parte de las actividades deportivas de los trabajadores y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la dependencia federal erogó, además, 3 millones 385 mil 859.72 pesos entre 2013 y 2016, para la adquisición de vestuario (pants, gorras y playeras) y artículos deportivos, entre ellos, medallas y trofeos.
En ese periodo de tres años, la SHCP también realizó gastos millonarios para entretener a sus trabajadores: 1 millón 884 mil 828.60 pesos en parques de diversión como Six Flags México; 1 millón 173 mil 200 pesos en funciones especiales de circo como las del grupo Atayde Hermanos; y 1 millón 157 mil 665.45 pesos en servicios culinarios gourmet de “preparación y degustación de canapés, bocadillos y repostería” para eventos especiales, más allá de los servicios pagados para eventos y reuniones (105 millones 674 mil 343.96 pesos), o de alimentos y bebidas de funcionarios públicos (38 millones 802 mil 985.70 pesos).Por su parte, en un año 10 meses, los gastos ociosos en la SRE incluyeron 845 mil 496 pesos en vestuario y artículos deportivos, así como 527 mil 499.53 pesos en juguetes para el Día de Reyes.
En el apartado de “Gastos” de la siguiente tabla usted puede consultar los montos erogados por objeto de gasto.
VIDEGARAY, LOZOYA Y DUARTE
“Tiene que ser comprobado jurídicamente pero, Videgaray fue como el cerebro de todas estas tramas de corrupción que se destaparon en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cerebro porque es una forma de tomar decisiones de Luis Videgaray, en donde confunde los intereses privados con la toma de decisiones del Gobierno”, dijo en 2019 a SinEmbargo el analista político de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Toussaint.
Ese mismo año, el abogado de Emilio Lozoya Austin pidió que el Gobierno federal investigara al exsecretario Luis Videgaray Caso y al expresidente Enrique Peña Nieto por las irregularidades en las compras de las plantas de fertilizante Agro Nitrogenados y Fertinal, entre los años 2013 y 2015.
La petición de Javier Coello Trejo estuvo relacionada con la inhabilitación y orden de captura en contra de Lozoya, luego de que el Gobierno federal determinara que hubo malos manejos en la compra de las plantas “chatarra” que, en el último año de Peña Nieto y según la Auditoría Superior de la Federación, causaron un boquete de más de 5.1 mil millones de pesos en obras de rehabilitación, derivado de “pérdidas por deterioro”, “costos adicionales” injustificados y adeudos desligados de obras “debidamente concluidas”.
“Es incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra”, dijo Coello el año pasado, advirtiendo que personas como Videgaray, que formaron parte del Consejo de Administración de Pemex, también tienen responsabilidad en el asunto.
Las actas de Pemex indican que Videgaray fue integrante de dicho Consejo durante 2013-2014. Y la Ley de la Empresa Productiva del Estado, en su Artículo 35 establece que, como tal, Videgaray sería “solidariamente responsable” de las irregularidades y daños que puedan ser probados, toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para evitar el perjuicio y enmendar el daño.
Para Toussaint, Luis Videgaray Caso, Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin y César Duarte Jáquez son parte de “toda esa plana mayor de funcionarios del peñismo que eran operadores de intereses que buscaban fortalecer la hegemonía del PRI”, a través de “redes de sobornos, moches y contrataciones” que funcionaron durante la primera mitad del sexenio, antes de que las tramas se vinieran abajo.
La manera de operar de Videgaray fue, en ese sentido, un reflejo de la forma de actuar del Gobierno peñanietista que, por medio del dinero de empresas nacionales y trasnacionales, además del desvío de recursos públicos, financiaban una estructura al “viejo estilo priista”, comentó el analista político de la UdeG.
Además de los desfalcos relacionados con Pemex y Lozoya, la mano negra de Videgaray habría hilado la trama de corrupción que llevó al millonario desvío de recursos en Chihuahua, durante el Gobierno de Duarte (2010-2016).
Así como en febrero de 2012 –a cinco meses de la elección presidencial de ese año– Luis Videgaray Caso fue acusado de un desvió millonario de recursos del Estado de México a favor del PRI, en 2016 habría orquestado, junto con el entonces presidente del partido Tricolor, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el otrora Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales a los bolsillos del PRI, para los comicios federales del 1 de julio de 2018.El escándalo de corrupción electoral surgió a raíz de una investigación de la FGE de Chihuahua. En el entramado de malversación de fondos públicos también habrían estado involucradas las administraciones de Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, cuyas secretarías de Hacienda y Educación Pública participaron como excipiente de transferencia de recursos estatales al PRI.
De acuerdo con la información pública divulgada al respecto, la llamada “Operación Safiro” habría funcionado de la siguiente forma: los 250 millones de pesos habrían sido desviados desde la Secretaría de Hacienda –encabezada por Videgaray– a entidades con gobiernos priistas (Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz). Después, los recursos entregados a los gobernadores –César Duarte Jáquez, Egidio Torre Cantú y Javier Duarte de Ochoa– fueron enviados, en coordinación con Beltrones, a entidades federativas en donde el PRI era oposición, para reforzar el aparato político-electoral del partido, rumbo a los comicios de 2018.
En la trama de corrupción también habría operado el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien por años detuvo una resolución de Controversia Constitucional para evitar que hubieran investigaciones relacionadas con la “Operación Safiro”, como en el caso del impedimento legal para que la FGE de Chihuahua indagara, que hasta el cierre del año pasado aún estaba en proceso de revocación por parte de la Consejería Jurídica estatal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/15-07-2020/3821271