El 1 de julio, el día del festejo por los dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, un grupo armado arribó al centro de rehabilitación “Recobrando mi vida” y le arrebató la vida a 26 personas, en Irapuato, Guanajuato.
Igual, en esa ciudad, el 6 de junio pasado, diez personas fueron asesinadas en el centro de rehabilitación “Empezando nueva vida” y el 5 de diciembre de 2019, más de 20 personas en desintoxicación fueron secuestradas. Ninguno de estos lugares contaba con permisos de operación emitidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato.
Estos dos últimos eventos volvieron a encender las alarmas sobre la violencia y la muerte asociadas con el crimen organizado registradas en los centros de rehabilitación y readaptación social.
Inseguridad en el encierro
Según el Observatorio de Prisiones, iniciativa de la agrupación Documenta A. C., en la actualidad, 205 mil 936 personas están privadas de su libertad, de las cuales 20% no se sienten seguras dentro del penal, 87% fueron víctimas de algún acto de corrupción, alrededor de 13 mil 200 son mujeres, 107 mil 295 no tienen sentencia y 8 mil 743 pertenecen a pueblos indígenas.
De acuerdo con la información estadística del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual examina la situación del sistema penitenciario nacional, en 2019 se reportaron mil 29 incidentes, de los cuales 902 fueron en centros locales y 127 en centros federales de readaptación social.
Del total, fueron 589 riñas, 196 abusos, 94 desórdenes, 96 decesos calificados como homicidios o suicidios. Y al final los motines, de los cuales no se ofreció una cifra exacta, pero 902 ocurrieron en Centros de Readaptación Social (Ceresos) y 127 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
El mayor número de incidentes fueron reportados en el Estado de México (138), Michoacán (87), Baja California (62) y Oaxaca (37). El mes con mayores reportes fue junio de 2019 entre las 12:00 y las 18:00 horas. El lugar era en los dormitorios y la principal causa fue por diferencias personales, deudas, robo o agresión.
Ejemplos
El 13 de abril de 2020, en Chalchicomula de Sesna, Puebla, un llamado de atención a un preso desató una riña interna en el penal de Ciudad Serdán y 70 presos salieron de sus módulos a pelearse entre sí, golpeando a los custodios.
Ese mismo día se informó sobre la dispersión a balazos de un motín reportado en el reclusorio regional Duport Ostión, de Coatzacoalcos, Veracruz, provocado por el descontento de los internos por no tener derecho a la visita familiar, conyugal ni de ventanilla, sin que se reportaran muertos o lesionados.
Un día antes, el 12 de abril, en el Cereso Mil de Valle de Santiago, Guanajuato, hubo una riña campal desatada por la furia de reclusos inconformes con las restricciones implantadas por la Secretaría de Seguridad Pública para evitar la propagación de covid-19. El saldo fue de cinco personas lesionadas.
El 30 de marzo se reportó un motín en el Centro Preventivo Distrital de Apatzingán (Cepred), Michoacán, tras una denuncia contra la directora y sus funcionarios de maltrato, corrupción y cobro de cuotas a los internos y sus familiares. Los reos provocaron un incendio como forma de protesta.
El 26 de marzo, durante la madrugada, se difundió que en el Penal del Hongo, del municipio de Tecate, Baja California, se había realizado un motín en algunos pabellones con reos en huelga de hambre. Se habló de un muerto, sin que exista una versión oficial hasta el momento.
Un día antes se reportó la muerte de un reo en el centro penitenciario de Tlalnepantla, Estado de México.
El 30 de marzo se publicó que había sido encontrado sin vida el homicida de la activista defensora de la tierra, manifestante contra las mineras y defensora del territorio sagrado Wirikuta, Paulina Gómez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 22 de marzo en el municipio El Salvador, en Zacatecas. El cuerpo del recluso, de 25 años de edad, fue encontrado en su celda. Se presumió que fue suicidio.
El 21 de febrero, una violenta riña en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET), en Villahermosa, dejó como saldo dos muertos y 25 heridos por arma blanca.
El 13 de febrero, un reo del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fue herido de bala, tras una riña en el área de dormitorios, siendo el segundo incidente en menos de quince días, pues el 31 de enero tres reos se fugaron en una camioneta propiedad del penal, ante lo cual 11 custodios fueron vinculados a proceso.
Los evasores de la justicia, según los reportes, fueron: Víctor Manuel Félix Beltrán, El Vic, presunto operador de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán; Luis Fernando González Meza y Yael Osuna Navarro.
El 5 de febrero se reportó que 10 reos y un custodio del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, resultaron lesionados tras una riña entre dos grupos opuestos.
Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 2 de enero de 2020 se han reportado riñas en el Penal de Cieneguillas, Zacatecas, las cuales han cobrado la vida de 17 presos y herido a otros diez.
Igual en el Cereso de Colima, el 23 de mayo del 2019 se reportó otra riña entre dos grupos delincuenciales, dejando a tres presos heridos. El 27 de septiembre hubo otro reporte de violencia que dejó ocho reos heridos por impactos de piedras y el 29 de octubre se encontraron los cuerpos semienterrados de dos reos acusados de delitos contra la salud. En diciembre de ese año, custodios y trabajadores del penal fueron atacados a balazos en sus domicilios particulares; uno murió.
El 10 de febrero de 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reportó el asesinato de 49 personas dentro del penal de Topo Chico, en Nuevo León, lo que fue considerada la peor masacre registrada en un centro penitenciario, originada, según la información presentada en el momento, por una disputa entre dos bandas de un mismo grupo delincuencial que operaba adentro del penal.
Pese a toda esta violencia, ninguna ha superado la ocurrida en septiembre de 2009, calificada como una de las más sanguinarias masacres perpetradas por grupos criminales ocurrida en septiembre de 2009, en plena guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, cuando enfilaron y fusilaron a 23 jóvenes en un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez, Chihuahua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/637148/mexico-violencia-y-muerte-en-reclusion-otra-epidemia-de-largo-aliento