Tras la detención de “El Marro”, lo que más bien parece una entrega pactada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez de la corrupción que prohíjan algunos políticos para brindar protección al crimen organizado.
Y es que, en efecto, no existe ningún grupo del crimen que no opere con protección institucional. Detrás del llamado “huachicoleo” –el robo de combustible a Pemex– hay amplias redes de empresarios, alcaldes, síndicos, regidores, diputados y hasta gobernadores que brindan protección a este redituable negocio que, por desgracia, están intocados e impunes.
Es por ello que llama mucho la atención el planteamiento del Presidente cuando se refiere a la corrupción que impera en algunos gobiernos estatales y municipales, cuyos representantes son los verdaderos criminales. Estas complicidades, sin duda, han permitido que en estados como Guanajuato, Guerrero o Michoacán, por citar sólo a tres infernales territorios, impere el reino de la mafia.
¿Hay cambio de estrategia en el Gobierno frente al crimen organizado? Así parece, aunque está por verse todavía si en realidad al aparato gubernamental va a combatir a la verdadera mafia, la que está en los palacios de Gobierno.
La captura de Yépez Ortiz es importante pero no significa el exterminio del cártel Santa Rosa de Lima. Es el segundo delincuente que cae en poco más de un año y medio de Gobierno. El primero fue Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de Los Rojos, quien operaba el narcotráfico en Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.
Fuera de estos dos delincuentes, la lucha contra el crimen organizado durante el actual Gobierno ha resultado fallida e inoperante. La mayoría de los cárteles –15 en total, más sus respectivos ramajes– siguen intocados en todo el país, pues desde el arranque del Gobierno de López Obrador la inacción oficial ha sido evidente.
Peor aún, la estrategia fallida basada en “abrazos y no balazos” permitió que la violencia aumentara y convirtiera a la administración federal en un aparato plagado de fallas ante el crimen; sus yerros y desatinos hicieron posible, además, el fortalecimiento de los grupos criminales y de personajes como “El Marro”, quien sembró violencia y terror en la zona de “El Bajío”.
Decía línea arriba que la captura de “El Marro” no pone fin al conflicto en Guanajuato porque el cártel Santa Rosa de Lima no está pulverizado y porque, además, ya está posicionado en esa región el segundo grupo criminal más poderoso de América Latina: el cártel de Jalisco Nueva Generación, comandado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, a quien parece que el Gobierno tiene bien ubicado pero no se decide a detenerlo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado puntual seguimiento al capo: sabe dónde se esconde, quienes trabajan para él y descubrió, por ejemplo, que el narcotraficante dispone de un hospital para su uso personal, donde es tratado de una enfermedad renal que parece terminal porque es constantemente sometido a diálisis.
Sus cómplices, según dieron a conocer a través de varios videos autentificados por la Sedena, ya están operando en Guanajuato el negocio del robo de combustibles, secuestros, extorsiones y otros delitos que conforman su portafolios de actividades delictivas. Con la toma de Guanajuato, el CJNG ya controla una veintena de entidades federativas. Están en Veracruz –donde se afincaron en 2016, tras el arribo al poder de Miguel Ángel Yunes Linares–, también en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco –su base– y sus poderosos tentáculos se extienden hasta Sinaloa, aunque a ese estado no han podido entrar porque no se lo permiten los amos y señores del cártel de Sinaloa, entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, José Alfredo, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
López Obrador parece haber cambiado el esquema de los “abrazos” por el de los golpes al crimen organizado, aunque sus aciertos, hasta ahora, son insuficientes. En el escenario nacional son más visibles sus fallas, por desgracia. Por ello, no es en vano que haya llamado a las fuerzas armadas para reforzar las tareas de seguridad, pero resulta más que preocupante que el país todo esté totalmente militarizado.
Así, López Obrador –en el pasado el más crítico del uso militar para realizar labores de seguridad– terminó aceptando las órdenes de Washington, donde su política de seguridad ha sido fuertemente criticada, a grado tal, que el propio Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que varios cárteles mexicanos –Sinaloa, CJNG, entre otros– fueran considerados como grupos terroristas. Con ello, pretendían imponer una nueva estrategia de seguridad en todo el territorio nacional que conllevaría, según se dijo a principios de año, la intervención extranjera a través de algo así como una suerte de ayuda internacional ante el flagelo de la violencia.
Tales objetivos no se cumplieron. Pero sí obligaron al Gobierno mexicano a militarizar absolutamente todo. De esta forma, López Obrador se convirtió en el Presidente militarizado, pues le ha dado casi todo a los hombres de verde: obras, control del territorio y de la seguridad. Nada más falta que les entregue la Presidencia de la República y este país pase a ser gobernado por altos mandos militares, como ocurrió en Sudamérica en aquellos oscuros años de las llamadas dictaduras.
Después de su primera visita a la Casa Blanca, López Obrador anunció que militares y marinos se harían cargo de la seguridad en puertos y aduanas. Es evidente que esas instalaciones estratégicas requieren seguridad. Pero también se necesita, por ejemplo, que en las aduanas haya una verdadera limpieza, lo que no ha ocurrido. Ricardo Ahued, el empresario y político veracruzano, no pudo con el tema. Habrá que ver si los militares van a investigar a fondo el complejo entramado criminal que opera, por ejemplo, el contrabando, tráfico de drogas y precursores químicos que se mueven a través de las 49 aduanas del país, las puertas del crimen.
Es necesario que el Gobierno no sólo destruya las redes visibles del crimen organizado, sino a los verdaderos mafiosos que están en el poder. De otro modo no será posible alcanzar la pacificación de territorios como Guanajuato, donde continúan los delitos de alto impacto porque, como ya se dijo, las redes criminales siguen sueltas y protegidas. Ahí Pemex debe actuar porque están libres y muy quitados de la pena los empresarios que compran combustible robado. De igual forma está intocada la estructura política, empresarial y policiaca que brinda protección a los cárteles. Si no se combate desde el corazón de la política al crimen, este país seguirá atenazado por el eterno conflicto de la violencia.
¿Cuál es el fondo de esta militarización del país? ¿Es realmente el flagelo criminal la causa de la militarización o es un pretexto para entregarles el poder a los altos mandos castrenses? ¿Por qué no se han profesionalizado y depurado a los cuerpos policiacos? Este problema es sumamente grave. Las policías terminaron “cartelizadas” desde hace muchos años, pero extrañamente ningún Gobierno ha resuelto este grave problema de corrupción. ¿Será que dejaron agravar el problema de las policías a propósito para militarizar el territorio?
Si Felipe Calderón fue duramente criticado por el uso excesivo de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, López Obrador pasará a la historia como el Presidente que no sólo usó los recursos humanos castrenses para combatir al crimen sino que llegó al extremo de utilizarlos como soporte y cimiento de la gobernabilidad. Sin militares no hay Gobierno. México es el único país del mundo que soporta su tarea de Gobierno con el control territorial a cargo de militares. ¿Esas son las órdenes de Washington? Si así es, entonces López Obrador está obedeciendo a pie juntillas los dictados del imperialismo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: RICARDO RAVELO.
LINK: https://www.sinembargo.mx/07-08-2020/3837493