Era 2012. Un grupo de hombres había tomado la Ciudad de México con la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Se benefició con cargos en la alta burocracia en los que impuso un estilo de glamour que permitió chefs de lujo, traslados en aviones privados y gastos millonarios en los medios. Todo, con cargo al erario. Ese estilo “bon vivant” en el DIF también se cumplió, pero sin notoriedad.
Como Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, que contrató a Gastronómica Zaida -una de las más caras en el mercado de las bodas-, el DIF bajo la dirección de Vargas Carrillo llamó a Ek y Compañía Gastronómica en la que es accionista Eduard Kohlmann, otro de los cocineros más caros de México y que sirvió en la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado, celebrada en Toluca, en 2010.
Como Emilio Lozoya Austin que, despreocupado, no le importó publicar en su declaración patrimonial que compró una casa en los tiempos de la campaña electoral (por la que ahora, detenido, debe rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República por posibles sobornos de Odebrecht), Laura Vargas Carrillo también dio a conocer que adquirió al contado una propiedad inmobiliaria de cuatro mil 63 metros cuadrados de terreno y mil 400 de construcción, en nueve millones 135 mil 25 pesos, el 12 de julio de 2012.
Y como Humberto Castillejos Cervantes -consejero jurídico de Peña Nieto- o el mismo Emilio Lozoya Austin, permitió que su patrimonio fuera público de 2013 a 2016. Pero, cuando presentó su renuncia, en marzo de 2017, entregó el documento sin autorización para que su patrimonio fuera conocido por los ciudadanos en general.
Tras de sí, dejó asentado que hasta 2017 había logrado ahorrar cinco millones 744 mil 169 pesos entre un seguro de separación individualizado, tres cuentas bancarias y tres fondos de inversión.
A partir de documentos públicos, esta es una semblanza de Laura Vargas Carrillo, funcionaria peñanietista cuyo patrimonio es investigado por la Secretaría de la Función Pública por “inconsistencias”.
El 9 de julio pasado, presentó un recurso de amparo en el juzgado séptimo de Distrito de Amparo en Materia Administrativa para protegerse de las investigaciones que pudiera realizar esa dependencia en su peculio. Alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos, los que consideran el principio de presunción de inocencia.
El recurso se suma al que presentó su esposo, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y el hijo de ambos, Miguel.
Laura Ibernia Vargas Carrillo se licenció en Derecho con especialidad en Justicia Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). En 1993, obtuvo la cédula profesional 1779036, según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A su esposo, Miguel Ángel Osorio Chong, la conclusión de la carrera académica le costó un poco más. Él mismo ha reconocido que obtuvo el título 14 años después del último curso. En 1999, fue presentado como “licenciado” en el periódico oficial de Hidalgo, cuando asumió como secretario de Gobierno en la Administración de Manuel Ángel Núñez Soto. Pero el grado no lo obtuvo hasta 2002, según los registros en la UAEH y la SEP.
Del matrimonio Vargas-Osorio nacieron Miguel Ángel y Laura.
Vargas Carrillo se integró al Partido Revolucionario Institucional desde los 90. En 1994, fue coordinadora estatal del programa “Buzón del Candidato” en la campaña presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León. Después, fue representante del Comité Directivo Estatal en Epazoyucan, Tizayuca, Omitlán de Juárez, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico y Mixquiahuala.
Su carrera como servidora pública data de más de veinte años. Entre 1991 y 1993, fungió como regidora secretaria del Ayuntamiento de Pachuca y también como directora de Desarrollo Regional en la Coordinación I-Pachuca.
En el DIF ya tenía experiencia. Fue directora del organismo en Hidalgo cuando gobernó Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005). Su esposo ganó las elecciones el siguiente año y ella -como solía ocurrir en México en ese momento con las esposas de los gobernantes- se convirtió en presidenta honoraria del patronato del sistema.
En 2012, al llegar Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, Laura Vargas Carrillo fue nombrada directora del organismo a nivel nacional, y la entonces esposa del Mandatario, Angélica Rivera Hurtado, quedó a cargo del patronato nacional.
Rivera Hurtado no completó ni cien apariciones públicas. En cambio, su imagen enfundada en vestidos de diseñador se volvió tópico de las revistas ¡Hola!, Quién y Vanidades. Su persona fue perseguida por las cámaras paparazzi que la captaron en París, Roma, Miami o Los Ángeles. Aparecía en centros comerciales de lujo o en los restaurantes más caros del mundo.
Mientras, el DIF operaba y gastaba por su cuenta millones de pesos. Otra mujer estaba a cargo. Y era la que tomaba las decisiones.
EL DIF EN TIEMPOS DE EPN
Las entregas de premios, las reinauguraciones de casas de cuna, las conmemoraciones del adulto mayor y las fiestas de XV años ocasionaron una fuente millonaria para empresas de eventos y banquetes en el DIF, bajo la dirección de Laura Vargas Carrillo.
En su gestión, se erogaron por lo menos 32 millones 337 mil 614 pesos en eventos, de acuerdo con la revisión de los contratos publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia y la página Compranet. El monto habría alcanzado para comprar unas 700 mil cobijas para ancianos o niños en vulnerabilidad, si se considera el precio unitario de 49.50 pesos, que consideró el DIF en esos años.
En 2013, el peñanietismo vivió un momento dorado. El semanario británico The Economist hablaba de The Mexican Moment, con base en que la figura del nuevo Presidente viraría hacia una economía más fuerte. En el DIF, el organismo diseñado para la asistencia social, los manteles largos eran lugar común.
En septiembre de ese mismo año, los huracanes Ingrid y Manuel azotaron en el Pacífico mexicano. A lo largo de la costa, en varios estados, miles de personas perdieron sus casas y otras decenas, la vida. La Pintada, una pequeña población en Guerrero, desapareció. Los efectos de la tragedia se vivieron en los meses posteriores. Pero fue en ese mismo contexto cuando el DIF, el 25 de marzo de 2014, gastó cinco millones de pesos en un evento en el que entregó estímulos y recompensas con la empresa EK y Compañía Gastronómica.
En esa empresa de banquetes, es accionista Eduard Kohlmann, el chef que en 2010, sirvió en la boda de Angélica Rivera Hurtado y Enrique Peña Nieto, y también en la de María Elena Torruco (hija del secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco) y Carlos Slim Domit (presidente del consejo de administración de Grupo Carso).
Luego, por cuatro días del servicio para el evento “Sexta Reunión Nacional con Coordinadores Estatales de Profesionalización”, el DIF erogó en septiembre de 2014, un millón 680 mil 578 pesos con Actidea, la empresa que organizó la mayor parte de los eventos del sexenio, dirigida por Eduardo Gama Pizarro.
Ese mismo septiembre, Luz y Mundo Visual se llevó un millón 568 mil 128 pesos por el evento “Sexto Congreso Internacional de Familia”.
Luego, del 26 al 28 de 2014, se gastaron 47 mil 143 pesos en el servicio del empresario banquetero Armando Pérez Sanabria para la reunión con los administradores de las casas asistenciales, foráneos y campamentos recreativos.
Otra celebración de un solo día -el 5 de noviembre de 2015-, fue el XL aniversario de la reinaguración del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “Casa Cuna Coyoacán”. Se erogaron 43 mil pesos.
En enero de 2016, también en Coyoacán, en la casa hogar para niñas Graciela Zubirán Villarreal, el DIF hizo una fiesta de XV años para las menores ahí albergadas. Le pagó 749 mil 56 pesos a Enixe Asesoría Creativa por una tarde.
Como la totalidad de entidades gubernamentales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el DIF -bajo la dirección de Vargas Carrillo- erogó millones de pesos en campañas de publicidad oficial. Estas fueron “Derecho a la identidad”, ” Ley general sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, “Implantes Cocleares”, “Valores en Familia”, “40 años cambiando vidas” y “En beneficio de la población vulnerable”. En ello se fueron más de 37 millones 197 mil 968 pesos.
Estudios Azteca de TV Azteca (de Ricardo Salinas Pliego), Rack Star (empresa de cineminutos de José Fernando Flores que realizó la campaña electoral de José Antonio Meade) y Televisa (de Emilio Azcárraga Jean) se llevaron las sumas más grandes.
El contrato mayor lo tuvo Estudios Azteca (cuatro millones 310 mil 724 pesos) por transmitir un spot de la campaña “Ley General sobre los Derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Rack Star tuvo el segundo por un cineminuto por la campaña “DIF nacional, 40 años cambiando vidas” por cuatro millones 17 mil 21 pesos. Y Televisa tuvo el tercero por un anuncio correspondiente a la campaña nacional “Derecho a la Identidad. Segunda Etapa”.
Surgido en 1977, en el Gobierno de José López Portillo para brindar asistencia social a mexicanos en situación de vulnerabilidad, el DIF se convirtió en una suerte de isla en la Administración Pública Federal. Con el paso de los sexenios fue el escenario público de las esposas de los Presidentes, las llamadas “primeras damas”. Aun cuando no eran electas ni funcionarias públicas, eran nombradas presidentas honorarias y según sus propias ideas y causas, presentaban un plan de trabajo, sin la menor obligación ni legal ni moral para rendir cuentas.
Por ejemplo, Paloma De la Madrid (esposa de Miguel de la Madrid, 1982-1988) y Cecilia Occelli (esposa de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994) impulsaron las cocinas comunitarias. Nilda Patricia de Zedillo (esposa de Ernesto Zedillo, 1994-2000) no mostró mucho interés. Enseguida, Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox (2000-2006), rechazó trabajar ahí y creó la fundación “Vamos México” en paralelo a la estructura del sistema; Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una campaña para aligerar los trámites de la adopción y luego la suspendió sin presentar justificaciones y Angélica Rivera Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto, nunca informó la causa que le interesaba desarrollar.
Pero el DIF tenía su propia titular que sí era funcionaria pública. El 3 de marzo de 2017, Laura Vargas Carrillo renunció sin brindar razones. Después, instaló un negocio de artesanías mexicanas, con dos socias, según publicó “Clase” de El Universal. Hoy, su nombre se sobrepone a un recurso de amparo para inhibir investigaciones sobre su fortuna.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/10-08-2020/3838549