La iniciativa busca que las personas trans puedan cambiar su identidad de género, sin la condicionante de operaciones quirúrgicas. Partidos dicen que no está en su agenda.
El Congreso de Puebla se resiste a aprobar una ley que permita a cualquier persona cambiar de identidad, lo que, de acuerdo con organismos y defensores, persiste en la violación de derechos a la comunidad transgénero.
Apenas el pasado 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los tres niveles de gobierno en México a impulsar políticas públicas de prevención de violencia contra las personas trans, y a hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos, incluyendo la identidad de género.
También llamó a las fiscalías estatales de justicia a aplicar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las instancias de Procuración de Justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género.
En el caso de Puebla, pese a que es una de las nueve entidades que, en teoría, brinda protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual, su Congreso estatal tiene detenida una iniciativa, presentada el pasado 19 de junio, que reformaría el Código Civil para garantizar el derecho humano a la personalidad jurídica y, con ello, el cambio de identidad.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla.
Lo que busca la iniciativa es que las personas trans puedan cambiar su nombre para tener su propia identidad de género, sin la condición de realizar operaciones quirúrgicas. Además del acta de nacimiento, también llevarían identificación oficial, formato de registro civil y comprobante de domicilio para realizar el cambio.
“Lo más importante es que ellos y ellas puedan contribuir a esta iniciativa, ya que conocen cómo se realizan estos trámites. (En este momento) acuden a la Ciudad de México y ahí hacen su cambio, o mediante amparos. Buscamos que el procedimiento administrativo sea más accesible”, explicó Rodríguez Sandoval.
La iniciativa es el resultado de mesas de trabajo con comunidades trans en Puebla e incluía un primer parlamento trans a nivel nacional que no pudo concretarse por la pandemia. En dichas mesas la constante fue la discriminación que viven todos los días las personas trans y que parte del no reconocimiento a su identidad, lo que les impide desarrollarse en una sociedad y tener acceso a salud, vivienda, trabajo digno y educación.
En entrevista con Animal Político, la diputada lamentó que la iniciativa se haya turnado a otras dos comisiones, práctica a la que recurre la Mesa Directiva que encabeza el Partido Acción Nacional (PAN), con una postura conservadora en estos temas, para retrasar su aprobación.
PAN en Puebla “desconoce” iniciativa
La propuesta también se revisa en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia que preside la diputada del Partido del Trabajo, María del Carmen Cabrera Camacho, y la de Familia y los Derechos de la Niñez que preside la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia.
“Al final van a querer bloquear esta iniciativa por ser conservadora el ala panista. Es complicado que otros partidos puedan legislar a favor, porque es un tema controversial. Han pedido foros y eso está en contra porque los derechos no se consultan”, aseguró la diputada.
La diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia dijo desconocer la iniciativa de su colega legisladora Rodríguez Sandoval y aseguró que no se ha convocado a comisiones unidas, además de que no son temas de la agenda del PAN, pero agregó que defiende la integridad de las personas sin importar lo que quieran hacer con su sexualidad.
La panista minimizó esta propuesta al compararlos con los “temas rudos” que viven las mujeres poblanas y que a su consideración se deben atender urgentemente: “Como partido impulsamos muchas iniciativas en los temas que creemos que son de urgencia, como la violencia hacia las mujeres”.
El diputado Carlos Morales Álvarez, coordinador legislativo de Movimiento Ciudadano, dijo que es respetuoso de los derechos humanos y sexuales, y propuso mesas de trabajo que incluyan la participación de la sociedad civil, padres de familia, organizaciones de la comunidad LGBTTI+, sociólogos, humanistas, abogados y psicólogos sociales.
El coordinador legislativo del PRI, Nibardo Hernández Sánchez, consideró importante legislar sobre el tema aunque reconoció que no está en la agenda de su partido.
A través del área de comunicación social, la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, señaló que respeta a la comunidad LGBTTI+, pero su partido tiene una “visión diferente”.
Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que legislar sobre la identidad de género es un tema pendiente que surgió en el 2012, tras el asesinato de la activista transgénero Agnes Torres.
“Estamos en un Congreso que se ha autodefinido como de pensamiento progresista, pero estamos por terminar el tercer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo y no se avanza. Es un doble discurso con el que se conduce”, agregó la legisladora priista.
Sin capacidad jurídica
Todas las personas tienen capacidad o personalidad jurídica, que implica goce y ejercicio de derechos y obligaciones, pero en el caso de las personas trans, muchas veces esta capacidad jurídica no se puede ejercitar, pues la autoridad no reconoce su identidad y esto las limita en varias áreas, como el acceso a los servicios de salud o al trabajo que son derechos humanos, explicó Carmina Parada Aguilar, especialista en Derechos Humanos.
Desde 2011 la Constitución Mexicana en su artículo cuarto incluye el derecho para todas las personas, retirando los géneros de hombre y mujer, y ubica al Estado como responsable de garantizar el derecho a la protección de la salud y al trabajo en el quinto constitucional.
En el caso de Puebla, a pesar de los protocolos nacionales, tratados internacionales y exhortos de organizaciones por el reconocimiento a la identidad, no se cumple esta situación.
Para Carmina Parada aun cuando los gobiernos están obligados a diseñar políticas públicas que satisfagan las necesidades de todas las personas sin importar su género o identidad, en Puebla no sucede así.
El Plan Estatal de Desarrollo en Puebla no hace mención alguna de la comunidad LGBTTI+ o personas transgénero, pero sí define como “incluyente” al gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta.
Si bien en el eje de los derechos humanos el plan de Barbosa habla sobre la “disminución de las desigualdades” y aborda el compromiso de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de “mujeres, hombres, niñas, niños, y grupos en situación de vulnerabilidad”, nunca toca el tema de la comunidad trans y la identidad de género, de acuerdo con una revisión hecha al plan estatal.
La Puebla que discrimina
La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) que en 2018 presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advierte que 50% de las personas encuestadas no fueron abiertas sobre su orientación sexual e identidad de género en su último empleo y 53% ha sido víctima de discriminación por odio y acoso en su trabajo.
Justo ese año, el Inegi ubicó a Puebla como la entidad donde más se discrimina por algún motivo o condición. El Conapred lo confirmó en su última Encuesta Nacional sobre Diversidad: Puebla es el lugar donde más se discrimina a los integrantes de la comunidad LGBTTI+.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla (CDHP), Félix Cerezo Vélez, es consciente de este problema, y para ello ha trabajado con el congreso poblano para fijar su postura sobre la identidad de género.
“Me he reunido con las comisiones del Congreso, incluyendo con la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, con quien trabajamos la Ley Sexogenérica, nos pide la opinión, se la damos sobre si es violatorio o no a los derechos humanos (…) Le dije a Estefanía que sí la debían aprobar. Todavía les queda un año, pero yo estoy de acuerdo con esa Ley y pediría al Congreso que la apruebe porque es un padecimiento”.
El ombudsman negó que la falta de una ley sea la causante de las agresiones a la comunidad trans: “El que no exista una ley no significa una violación a los derechos, esos ya los tienes, pero el cambio de nombre es una situación jurídica que se tiene que atender y no es fácil autorizar, por eso hay que empujarla”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LUCERO HERNÁNDEZ.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/08/congreso-puebla-iniciativa-trans-cambio-identidad/