Leonardo ya perdió la cuenta de las veces que ha intentado encontrar un trabajo formal en el tiempo que ha durado la pandemia de COVID-19, que ya arrasó con más de 1 millón empleos. Él trabajaba en una empresa que a su vez era subcontratada para hacer el aseo en la cadena de tiendas departamentales Liverpool. En abril le dijeron que lo “descansarían” una semana sin goce de sueldo; cuatro meses después, no lo han vuelto a llamar, pero tampoco le han pagado liquidación, porque, en los hechos, no lo despidieron.
A su búsqueda de trabajo se ha sumado un nuevo obstáculo, relata el joven: los empleadores le exigen presentar un “comprobante” de que no tiene COVID-19, una prueba que debe pagar él mismo en algún laboratorio privado, donde ronda los 3 mil pesos.
“En una ensambladora de bicicletas donde busqué trabajo me dijeron que, como requisito principal, lleve un certificado de no-COVID; le dije a la señorita: ‘oye, pero cuesta arriba de 3 mil pesos la prueba de COVID, si por eso quiero trabajar, uno trabaja por necesidad, no porque le sobre el dinero’, y me dice: ‘sí, pero es un requisito por la pandemia’”, recuerda.
“No es la única empresa que me ha tocado, he ido a otros lugares y también me piden el comprobante de no-COVID; por la pandemia está bastante difícil encontrar trabajo, con eso de que cerraron establecimientos, o no están contratando, o te dicen: ‘sí te contrato, pero si traes el comprobante de no-COVID’; ya esa prueba se está volviendo un requisito indispensable, como si fuera comprobante de estudios, para poder tener un empleo”.
Leonardo es una de las 2 millones 632 mil personas desempleadas que han buscado trabajo, sin éxito, a lo largo de la pandemia, de acuerdo con datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi, que ha recogido información hasta junio.
El estudio clasifica a 2.8 millones de personas como “desocupadas abiertas”, es decir, que no tienen trabajo y están en busca de uno. El 83.2% de ese total, 2.3 millones de personas, lleva entre uno y tres meses buscando empleo (a lo largo de abril, mayo y junio, los meses más duros de la pandemia). Esa cifra se suma a las personas que buscaban trabajo desde antes de la emergencia sanitaria -antes de marzo-, un ejército de reserva que ya estaba formado por 336 mil personas.
Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se había detenido la pérdida de empleos y destacó que en agosto ya se habían creado casi 67 mil fuentes de trabajo, una cifra que es, sin embargo, 41 veces menor que la cantidad de personas en busca de ocuparse.
Leonardo y su familia intentan sobrellevar las presiones de la pandemia mediante una pequeña verdulería en la que venden poco, tanto, que a veces sus ingresos no les alcanzan para surtir sus productos.
“Sí es complicado, porque en algún momento que tu hijo quiera pedir algo, se le antoja algo o necesita algo, tú le tienes que decir: ‘no tengo, porque no tengo trabajo’. Es algo tan difícil, que hasta los hijos están madurando rápidamente; mi hijo es muy inteligente, porque me dice: ‘papá, sé que ahorita no tienes dinero, pero cuando tengas, ¿me compras esto?’, o sea, es algo tan triste decirle que no tengo trabajo, y que, si no tengo trabajo, no comemos, y mi hijo lo sabe”, cuenta.
A su edad, Leonardo se ubica en el sector poblacional más azotado por la precariedad laboral causada por la pandemia. De acuerdo con datos de la ETOE (hasta junio), el 49% del total de la población “desocupada abierta” (1.3 millones de personas) tiene entre 25 y 44 años, cifra que aumentó 7% respecto de mayo. Otro 25.5% (700 mil personas) tiene entre 15 y 24 años, con un aumento de 5% respecto de mayo. Es decir, el 75% del total de las personas desocupadas en busca de trabajo durante la pandemia (2 millones de personas) es joven o adulta joven.
Por sexo, la tasa de desocupación durante la crisis sanitaria fue más grave entre las mujeres, pues pasó de 2.7% en mayo a 4.8% en junio (un crecimiento de 2.1 puntos), mientras que entre los hombres el aumento fue tres veces menor, al pasar de 5.1% a 5.9% (una variación de 0.8 puntos).
Con base en los datos de la ETOE, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó un informe en el que indicó que, si bien hubo un aumento de la población ocupada, al pasar de 43.6 a 48.3 millones de personas en junio, más de la mitad de esos trabajadores no cuenta con acceso a servicio médico como prestación laboral. Además, precisó que el crecimiento de 4.7 millones de los ocupados entre mayo y junio se dio principalmente en el sector informal.
Los datos de la ETOE también indican una caída en la remuneración del empleo, pues aumentó en 4 puntos el grupo de trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, al pasar de 32.9 a 36.9 el porcentaje de la población ocupada que se ubica en dicho segmento salarial. En contraste, cayó 1 punto el grupo que gana entre 3 y 5 salarios mínimos, al pasar de 7.5 a 6.4 el porcentaje de los ocupados que se ubican en ese segmento salarial.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, advierte que el aumento en el número de empleos durante la pandemia no significa, por sí mismo, un mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, pues muchos no cuentan con contrato ni con seguridad social, amén de que los salarios son precarios.
“Evidentemente ya se está recuperando una parte (del trabajo); en números y estadísticas, el desempleo claramente baja, la gente está regresando a trabajar, pero no son los mismos trabajos. Ésa es la clave del asunto: pueden estar regresando a trabajos con menor ingreso, porque los datos muestran que lo que sigue en el suelo es el ingreso laboral; la recuperación es mínima”, señala en entrevista.
“Es un empleo más precario; no son los mismos trabajos: son trabajos con menor remuneración y con menor protección social, menos afiliación a la seguridad social, sin contratación estable. Y esos son los estándares del derecho al trabajo como derecho humano; de lo que estoy hablando es de violación de derechos humanos”.
En su informe, el Coneval apremió a la implementación de políticas públicas dirigidas a los trabajadores más vulnerables, esto es, los informales y los de sectores como servicios y comercio, los más afectados por las medidas sanitarias. Para Gómez Hermosillo, se requiere de una reforma profunda que erradique el régimen de exclusión que impide a los trabajadores informales acceder al derecho a la salud.
“En México, como en muchos países, asociamos el acceso a los servicios de salud al régimen laboral, lo metimos en la seguridad social y dejamos que se financiara con cuotas obrero patronales”, plantea.
“En la práctica, eso lo que significa es crear una carga, un impuesto muy grande al trabajo, y generar una dualidad que hoy se llama eufemísticamente formal/informal, pero que en realidad es una dualidad entre incluidos y excluidos o entre gente con derechos y gente sin derechos, porque no es una dualidad entre gente con trabajo y gente sin trabajo, hay mucha gente con trabajo sin derechos, sin seguridad social”.
Gómez Hermosillo agrega que el verdadero generador de bienestar es el trabajo, no los programas sociales, por lo que, sostiene, el gobierno debe centrar sus esfuerzos en robustecer su política laboral.
“Necesitamos una reforma de gran calado para que el trabajo sí sea una fuente de bienestar, entender que es el trabajo la fuente del bienestar, no la política social”, resume el especialista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/08/miles-batallan-encontrar-trabajo-comprobante-no-covid/