López Obrador está contento, sonriente. Feliz por ver una promesa de campaña cumplida: “El béisbol va a regresar a Guasave”.
Para hacerlo su gobierno invirtió 65 millones de pesos en remodelar el viejo Carranza Limón, a los que el gobierno de Sinaloa sumó 6 millones y medio y el empresario Alfredo Harp Helú otros 65 millones. En total, 136 millones de pesos para ampliar el aforo del estadio a 8 mil butacas, comprar una pantalla gigante y construir palcos nuevos y un estacionamiento.
Además, el equipo ya tiene nuevo dueño, que era el último obstáculo para que la franquicia algodonera regresara a la Liga Mexicana del Pacífico tras cinco años de ausencia. Se trata del mazatleco Alfredo Aramburo Nájar, un empresario joven, reconocido en 2015 como el contador público del año en el sur de Sinaloa, y con experiencia en el mundo del béisbol tras su paso por Los Generales de Durango.
Aramburo, de hecho, no es un desconocido para el gobierno: es asesor externo de un comité de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (ProBeis), que tiene como objetivo impulsar el plan del presidente de crear escuelas de talentos por todo el país. Y un mes antes de la reinauguración del Carranza, el 19 de septiembre, la Secretaría de Educación (SEP) benefició a una de sus empresas con otros 25 millones de pesos para que, en tres meses, buscara jóvenes promesas del béisbol.
“Nos comprometimos a que regresarían Los Algodoneros. Ya se cumplió”, presumió López Obrador en Twitter la noche del 11 de octubre, luego de que cortara el listón de reapertura del estadio, lanzara cuatro bolas rápidas y Aramburo, que hizo de ampáyer, gritara ¡strike!
Una fiesta redonda, salvo por un dato: Alfredo Aramburo, que recibió un estadio remodelado con dinero público y que además obtuvo la concesión para explotarlo económicamente durante 15 años, forma parte de una red de empresas denunciadas por el propio gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.
El mecanismo del “gran fraude”
El 23 de junio pasado, el gobierno federal denunció un “gran fraude” al fisco por 55 mil millones de pesos, operado por 43 empresas factureras.
Una de las empresas mencionadas es Costa Bella and Sands, en cuya documentación aparecen como dueños familiares de Alfredo Aramburo, otras empresas de su familia, y múltiples personas que trabajan para sus compañías.
La Procuraduría Fiscal denunció penalmente a esta empresa porque se trata de una facturera. Es decir, una compañía que no tiene instalaciones reales ni personal trabajando, ni activos, y que emite facturas falsas para hacer pasar por reales servicios que no existen, que simula ante Hacienda.
A partir de este mecanismo, las factureras inflan tanto esos gastos ficticios que llegan a exigir a la Secretaría de Hacienda que le devuelvan impuestos, obteniendo cientos de millones del erario.
Este mecanismo, además, incluye otras actividades ilícitas, como vender esas facturas falsas a cambio de una comisión a otras empresas que también buscan defraudar a Hacienda; y el lavado de dinero, es decir, usar las facturas para mover dinero de actividades ilegales, como sobornos a funcionarios públicos, o narcotráfico, por ejemplo.
Costa Bella, según la Procuraduría Fiscal, se especializó en el uso de estos mecanismos de fraude.
Detrás de ella, Animal Político documentó que hay un complejo entramado de 115 empresas que forman una red, es decir, que comparten socios, representantes, apoderados, comisarios y direcciones, siempre con sociedades de Alfredo Aramburo o de su familia en el centro.
Además de Costa Bella, en esa red hay más factureras o empresas fantasma, como también se las conoce coloquialmente. Un ejemplo: Skep Prácticas Administrativas, sociedad de los empresarios sinaloenses Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández, dueños del Grupo ARHE y de otro equipo de béisbol profesional, Los Leones de Yucatán, y socios de Alfredo Aramburo en múltiples compañías.La red es tan extensa que incluye compañías en paraísos fiscales, como Panamá, o Nevada, en Estados Unidos; u otras empresas como Operadora Grupo Gas Mart: una de las cinco firmas que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en diciembre pasado por presuntamente triangular sobornos millonarios a Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Una red muy familiar
¿Cómo se conecta Costa Bella and Sands, una de las principales empresas factureras de México, con el dueño de Los Algodoneros de Guasave, cuyo estadio fue remodelado con dinero público?
Los dueños de Costa Bella and Sands son personas físicas y otras empresas con las que, a su vez, comparte socios y apoderados, según documentos obtenidos para esta investigación en el Registro Público de Comercio.
Una de las compañías dueñas de Costa Bella es MLX del Noroeste Inmobiliaria, fundada en agosto de 2014 por Guadalupe Nájar Huerta, madre de Alfredo Aramburo, quien tuvo el cargo de comisario en esta sociedad.
MLX del Noroeste, a su vez, es accionista de otras empresas de Alfredo Aramburo, como Fan Corporativo de Negocios, en la que aparece como socia su esposa, Liria Lorena Figueroa Tirado.
Promotora West Marine es otra de las dueñas de Costa Bella. En su documentación aparece como socio y administrador general Ildefonso Cristerna Vizcarra, esposo de María Guadalupe Aramburo Nájar, hermana de Alfredo. Ildefonso también aparece como socio de Costa Bella.
Al margen de la familia, en los documentos de Costa Bella y de las empresas que forman parte de su accionariado, aparecen personajes que ocupan cargos en otras empresas de Alfredo Aramburo.
María Imelda Peralta González, por ejemplo, es apoderada de Grupo Inmobiliario Saparly, otra accionista de Costa Bella, y es también apoderada de Operadora de Espectáculos Deportivos Guasave, la empresa que recibió el pasado 20 de marzo la concesión del Ayuntamiento de Guasave para explotar durante 15 años los beneficios económicos del estadio de Los Algodoneros.
María Imelda también es apoderada del Consorcio Turístico Bluebay; otra empresa de la red que el SAT incluyó oficialmente en su lista de factureras.
Además de compartir socios y apoderados, Costa Bella y sus empresas satélites también tienen en común unos terrenos ubicados en los ejidos El Costeño y Revolución, en Ensenada, Baja California.
Documentación obtenida en el Registro Público de Comercio detalla que esta red comparte los terrenos, pero no a través de una compra-venta, que tendrían que reportar al SAT, sino a través de una cesión por 20 años.
Por ejemplo, Costa Bella fue constituida el 7 de marzo de 2016 con una inversión de sus socios de apenas 20 mil pesos. Para el 6 de abril, es decir un mes después de su creación, su empresa satélite Servicios Turísticos West Marine le cedió un terreno de más de 7 millones de metros cuadrados valuado por un perito en 1 mil 567 millones de pesos.
Posteriormente, en julio de 2016, otra empresa satélite, Grupo Inmobiliario Saparly, le cedió otro pedazo de terreno valuado en 725 millones de pesos.
Y así hasta que el 6 de junio de 2017, quince meses después de que fuera constituida con apenas 20 mil pesos, Costa Bella infló su valor tras varias cesiones hasta los 8 mil 045 millones de pesos.
Expertos fiscalistas consultados explicaron que la cesión de terrenos entre una red de empresas, entre las que además hay factureras, es una forma, presuntamente, de inflar sus estados financieros y el valor de las compañías. Esto, por ejemplo, para simular una solvencia económica con la que podrían justificar su participación en licitaciones y adjudicaciones de contratos con el gobierno o en proyectos de inversión privados.
Precisamente, estos movimientos de terrenos entre empresas de un mismo grupo fue otro de los “criterios de riesgo”, además de las facturas falsas, que prendieron las alertas en la Procuraduría Fiscal para incluir a Costa Bella and Sands en la lista de 43 factureras que denunciaron ante la Fiscalía.
En la mesa con el Presidente
Costa Bella también comparte apoderados y representantes con otra red de compañías de empresarios beisboleros conocidos en Sinaloa.
Se trata de los hermanos Erick Ernesto y Juan José Arellano Hernández, dueños de Los Leones de Yucatán, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.
Tanto ellos, como su socio Alfredo Aramburo, fueron invitados a una comida privada con el presidente López Obrador el pasado 17 de diciembre, a la que asistieron los dueños y accionistas de los equipos de las dos ligas de béisbol profesional de México, y empresarios como Carlos Slim y el magnate beisbolero, Alfredo Harp Helú. López Obrador tuiteó la foto del encuentro y dijo que en la comida platicaron sobre cómo promocionar el béisbol en México.
Pero, fuera del deporte, los Arellano son más conocidos como los dueños del Grupo ARHE, que integra hoteles, centros comerciales y condominios de lujo en Mazatlán y Culiacán, además de inmobiliarias, gasolineras y firmas de servicios legales, como la cadena UPC.
Con algunas de esas compañías, estos empresarios ganaron en siete años contratos con el gobierno de Mazatlán por al menos 118 millones de pesos, además de ganarle un litigio por otros 300 millones al mismo ayuntamiento que les dio los contratos públicos, aunque este pago aún no se concretó.
Sin embargo, este medio documentó que en ese emporio también hay, según el SAT, firmas señaladas de factureras como CLC Integradora Financiera y Skep Prácticas Administrativas Integrales. Esta última forma parte del accionariado de otras 12 empresas de los hermanos Arellano Hernández.
En total, la red de los ‘Aramburo-Arellano’ suma al menos 115 compañías que acumularon un capital social de al menos 51 mil millones de pesos, más de 2 mil 200 millones de dólares al cambio actual.
La familia se ampara
En junio de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la antigua Unidad de Inteligencia Financiera investigó a 35 integrantes de esta presunta red de empresas factureras, a los que acusó de lavado de dinero, congelándose las cuentas bancarias. Sin embargo, las indagatorias no prosperaron y las cuentas fueron desbloqueadas, en algunos casos a pocos meses de que terminara el sexenio.
Es el caso, por ejemplo, de Adriana Guadalupe Zataraín Tirado, esposa de Erick Arellano Hernández, quien aparece en la documentación de diez compañías de su pareja, entre ellas la facturera CLC Integradora Financiera, donde figura como apoderada.
El 30 de octubre de 2016 ella se amparó contra la orden de la UIF de aseguramiento de sus cuentas bancarias. Y en agosto 2018, a solo tres meses de que finalizara el sexenio de Peña Nieto, la UIF la eliminó de la lista de personas físicas bloqueadas, según el documento del amparo al que este medio tuvo acceso.
Otros personajes que se ampararon en 2016 fueron Guadalupe Nájar, madre de Alfredo Aramburo, y José Guadalupe Patrón Millán, tío político de los hermanos Arellano Hernández, que aparece en 16 compañías de la red.
Los propios hermanos Arellano Hernández fueron investigados por presunto lavado de dinero por la UIF, que les congeló las cuentas en 2015 y en 2016, según una nota publicada por Proceso en marzo de 2017.
La UIF contrató en ese entonces a un despacho internacional de auditores para que revisara el manejo y operación de empresas de los Arellano, pero no encontraron evidencia de que los recursos de los hermanos fueran de procedencia ilícita.
Para este reportaje, Animal Político buscó por medio de sus departamentos de prensa al empresario Alfredo Aramburo y a los hermanos Arellano Hernández. Pero ninguno dio respuesta a las solicitudes de entrevista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE, FRANCISCO SANDOVAL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/08/gobierno-amlo-beneficia-empresario-red-fraude-fisco/