Este jueves sería el juicio, programado apenas tres días antes, para dictar sentencia o dejar libre al presunto agresor; esta segunda opción era el mayor temor de la familia y su abogada, Mara Muñoz, que ha denunciado diversas irregularidades en la investigación y procesamiento del caso. Pero ante la solicitud de un amparo, un juez federal concedió una suspensión provisional del juicio, que tendrá que resolverse antes del 21 de septiembre, porque la ley marca que un adolescente no puede pasar más de cinco meses detenido sin sentencia.
Todo empezó cuando el chico pasó por ella en un coche y le dio de beber alcohol hasta hacerla perder la conciencia. Entonces se la llevó a otra parte, la sometió y penetró por distintas vías. Sus familiares habían tratado de llamarla, pero no contestaba, hasta que por fin vieron el coche volver, ya de madrugada, con ella pidiendo auxilio. Retuvieron al presunto agresor hasta que llegó una patrulla: como el acto violento todavía estaba en curso en ese momento, explicó Muñoz en entrevista, se considera legalmente que fue una detención en flagrancia.
Pero en la investigación, criticó, se pidió la geolocalización de un número celular que no es de él, sino de su madre, por lo que resulta que el chico supuestamente no estuvo en el lugar de los hechos esa noche, a pesar de la detención en flagrancia. El abogado defensor, Jesús Alberto Gaytán dijo a Animal Político que justo cuando los familiares de la víctima retuvieron al adolescente le quitaron el teléfono y por eso ahora dicen que no es ese.
De ahí la policía se llevó a todos los involucrados a declarar. No pudo ser en el Centro de Justicia para las Mujeres, porque a esa hora estaba cerrado, así que fueron con la Policía Ministerial, donde empezaron los actos que la abogada ha reclamado como violatorios de los derechos humanos de la menor: primero ella y su familia pasaron toda la noche en la misma sala que el presunto agresor y sus padres, hasta las 10 de la mañana, que empezaron a practicarle las pruebas médicas y tomarle declaración.
Después, todo el proceso de diligencias de ese día acabó a las 8 de la noche, por lo que la niña pasó más de un día entero sin dormir.
Otras irregularidades en la investigación, explicó Muñoz, fue que no se tomaron huellas dactilares del coche donde viajaron los dos adolescentes. Tampoco se mandaron a hacer confrontas genéticas de ADN del detenido con los espermatozoides recolectados en las prendas de ropa y partes del cuerpo de la víctima, con el argumento de que no eran suficientes para ese procedimiento, aunque con uno solo basta, aseguró la abogada.
Cuando inició el proceso legal, el acusado tenía un defensor de oficio. Pero en julio tomó el caso Gaytán y según la asesora legal de la víctima, todo empeoró, ya que él tiene influencias por haber sido Director de Investigaciones de la entonces Procuraduría local hasta 2010. Acusaciones que él rebatió a este medio argumentando que también Muñoz fue funcionaria de la Procuraduría, ya que ella trabajó en la fundación del Centro de Justicia para las Mujeres en 2016 y la creación de agencias de feminicidio.
El nuevo abogado presentó un expediente médico que ha sido motivo de controversia entre ambos asesores legales. La hoja más reciente tiene fecha del 7 de julio, cuando el acusado ya estaba en un centro de internamiento de adolescentes, por lo que Muñoz solicitó a las autoridades de ese lugar que certificaran si el joven salió de ahí o recibió algún tipo de atención médica y éstas confirmaron que no, e incluso el juez aceptó la notificación de que no fue así. Pero Gaytán argumentó que esa fecha no es de una cita médica, sino simplemente de cuándo se expidió la copia del expediente médico.
La importancia de ese documento es que señala que el chico tiene diversos padecimientos médicos congénitos que le hubieran impedido cometer la violación. Pero Muñoz denunció que eso fue falsificado porque agrava la condición del acusado, por lo que incluso el IMSS, dijo, le notificó que inició una investigación interna al respecto.
Otro señalamiento de la abogada fue que la Ministerio Público pidió una ampliación de las pruebas ginecológicas de la niña y resulta que de haber certificado que las lesiones sexuales habían ocurrido recientemente, ahora se indica que fueron anteriores al día de la denuncia.
Por ello consideró que hay posible corrupción si la propia MP está desacreditando las pruebas a favor de la víctima, así como tampoco quería aceptar el reclamo de una investigación más a fondo sobre la autenticidad del expediente médico del IMSS presentado por la defensa, y pidió ella misma el expediente clínico del acusado pero dos veces lo hizo con el nombre del adolescente mal escrito, por lo que no hubo resultados a la búsqueda.
Ante esta serie de incidentes y con la premura de que el lunes se había fijado juicio para el jueves, fue que Muñoz, apoyada por varias organizaciones feministas, decidió hacer público el caso que estaba a punto de juzgarse.
En una rueda de prensa virtual realizada el martes, estuvo presente la mamá de la víctima, sin revelar su identidad, y sin poder articular palabra porque, dijo, no podía parar de llorar, así que fue otra familiar quien dijo que solo piden justicia, y lamentó que además se está fijando como reparación del daño un pago de 30 mil pesos para sesiones de terapia psicológica.
“Yo soy familiar de la víctima. Quiero compartirles algo de lo que yo he visto en ella, pues desde el día del suceso hasta estas fechas, quiero compartirles que ha perdido toda la alegría que tenía ella, todo entusiasmo; la niña no duerme, no come, ya siempre está encerrada en su cuarto. El daño psicológico que se le hizo a la niña es grave y es irreparable”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ITXARO ARTETA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/08/juicio-nina-violada-zacatecas-irregularidades-caso/