En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Congreso Nacional Indígena presentaron el viernes 7 de agosto un recurso de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Quinto del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México y una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el folio P-1690-20 por graves violaciones a derechos humanos a una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, así como a un ambiente sano. También señalaron daños al patrimonio cultural y arqueológico y fallas en aspectos administrativos en usos de suelo y normas de construcción. Ambos recursos piden medidas cautelares con efectos de suspensión de las obras.
“Las leyes que existen están recetadas por empresas que se allegan a los legisladores para que el despojo que vuelva legal. Las leyes no son una gran esperanza para nosotros, pero ahora recurrimos a los tribunales tanto nacionales como internacionales para que quede constancia de que queremos hacer una lucha y que a través de esta vía se nos pueda hacer justicia”, dijo Pedro Regalado Uc, defensor del territorio maya en conferencia de prensa, quien acusó que en el Poder Judicial no hay jueces indígenas que “nos entiendan y desconocen la forma como nosotros vivimos”.
Los recursos imputan a 12 autoridades federales, entre ellas, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Secretario del Medio Ambiente, de Comunicaciones y Transportes y Defensa Nacional; así como al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El asesor del Congreso Nacional Indígena, Carlos González García, explicó que estos proyectos en su conjunto forman parte de un solo megaproyecto que “obedecen a intereses geopolíticos de Estados Unidos”, porque pretenden que sean “cortinas” que paren el flujo migratorio de Centroamérica y México, mediante polos de desarrollo con impacto ambiental y cultural, e infraestructura energética basada en fuentes fósiles contaminantes (gasoductos, termoeléctrica, refinería).
“Han sido impuestos. Nunca han sido consultadas como lo exigen los convenios internacionales las comunidades indígenas que serán afectadas con devastación ambiental, cultural y despojo”, dijo.
Víctor Caballero, del Colectivo Aequus de promoción y defensa de derechos humanos, planteó que el argumento del Gobierno federal para implementar estos megaproyectos es “el desarrollo”, un concepto usado por anteriores “gobiernos neoliberales”. Y los ha acelerado, incluso con presencia de militares, para hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.
“Pero los empleos que pudieran generar suelen ser temporales y cuando se finalicen las obras solo generarán empleos en área de servicios muy precarizados con salarios mínimos”, afirmó.No es la única vez que colectivos han presentado recursos jurídicos contra proyectos del Gobierno federal. A finales de junio, una Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas otorgó una suspensión definitiva a indígenas Ch’ol, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deberá detener cualquier obra relativa al tramo uno del proyecto del Tren Maya, salvo la relacionada al mantenimiento de las vías, informó la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
La Fonatur aclaró que el amparo no se ha resuelto definitivamente y que analiza proceder a la impugnación porque los trabajos de la primera fase son de mantenimiento y rehabilitación de las vías existentes. La instalación de estaciones con polos de desarrollo vendrán en otra fase.
Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Grupo Cosh Eyasa y Gavil Ingeniería son las empresas que ganaron la licitación para la rehabilitación de vías del tramo que va por 217 kilómetros, de Palenque a Escárcega, con un costo de más de 15 mil 538 millones de pesos. Esas obras iniciaron el 30 de abril.
Este recurso se une al obtenido por la comunidad de Xpujil, Campeche, la cual ganó una suspensión contra el tramo de Escárcega a Chetumal, por la violación a estándares internacionales sobre su derecho a la consulta indígena.
En diciembre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) asistió a cuatro de las 15 asambleas informativas y a ocho de las 15 asambleas consultivas, las cuales deben ser previas, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe. Observó que la información presentada solo hizo referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar, a pesar de que los participantes los preguntaron; la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fue establecido unilateralmente por las autoridades por lo que los tiempos fueron muy cortos con traducciones inadecuadas; y la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales.
Asimismo, desde el año pasado el Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua contra el Aeropuerto en Santa Lucía interpuso dos amparos contra la obra con asesoría del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero en juzgados de Naucalpan y Nezahualcóyotl, Estado de México, ajenos al colectivo de la sociedad civil #NoMásDerroches que también solicitó amparos.
Por su parte, la termoeléctrica del Plan Integral Morelos (un gasoducto, un acueducto y dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado impulsado por la Comisión Federal de Electricidad desde 2010 y las empresas españolas Elecnor y Avengoa por mil 600 millones de dólares) sigue sin operar ante los amparos interpuestos por colectivos en juzgados de Morelos, Puebla y Tlaxcala por las posibles repercusiones al medio ambiente, el riesgo por la cercanía con el volcán Popocatépetl y la omisión para formular la consulta a pueblos y comunidades indígenas.
Llevan algunos ganados, como el que prohibe definitivamente que el gasoducto pase por Amilcingo, justo lo que le preocupaba más a Samir Flores, activista asesinado en febrero de 2019 tres días antes de que el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador –quien en 2014 se comprometió a cancelar la obra– aplicara una consulta ciudadana no libre, previa, informada de buena fe ni culturalmente adecuada como lo obliga el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ganó el “sí” (59 por ciento), aunque las comunidades cercanas a la obra están en contra.
De acuerdo con el Impacto Ambiental MIA 17MO2011E0001 y 21PU2011G0009, el Proyecto Integral Morelos implica un riesgo por la construcción de un gasoducto en zonas de riesgo volcánico; por las emisiones de gases NO y NO2 (dióxido de nitrógeno) que provocan lluvia ácida y erosión en tierra, por las afectaciones a especies endémicas como la tortuga casquito e iguana negra, y por la imposibilidad de asegurar el abasto de agua por parte de la tratadora.
EL CONJUNTO DE PROYECTOS
SinEmbargo informó previamente que luego de cancelar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio banderazo en junio al programa “Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” en el sureste con proyectos de transporte, energéticos (con fuentes fósiles) y parques industriales, cuya pieza central es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Sin embargo, como el Tren Maya, no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) general ni se respetó el derecho a la consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a las comunidades, de acuerdo con Geocomunes, un colectivo que acompaña a poblados mediante análisis con mapas.
Solo tiene dos MIA aisladas a pesar de ser un proyecto en conjunto. Para dimensionar los impactos sociales y ambientales se tendría que evaluar en conjunto lo que provoca instalar al mismo tiempo un ferrocarril, autopistas, gasoductos, parques eólicos, aeropuertos y corredores industriales, dijo el colectivo Geocomunes. El trazo del tren pretende cruzar (o pasar muy cerca) del territorio de 52 ejidos y de una comunidad.
En febrero, la empresa pública Ferrocarril Istmo de Tehuantepec (FIT) licitó los cinco primeros contratos por 2 mil 640 millones de pesos para la rehabilitación de 200 kilómetros de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo que va de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca. A lo largo de la vía férrea, se establecerán “10 Polos de Desarrollo para el Bienestar” (parques industriales) acorde a las vocaciones productivas locales, donde se atraerá la inversión privada por medio de estímulos fiscales y no fiscales, para generar empleos.
Justo el contrato más robusto, por 810 millones de pesos para el tramo Ubero-Mogoñe, lo lidera Grupo Hermes (La Peninsular), propiedad de Carlos Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González del Grupo Atlacomulco.
“El actual Gobierno federal dice que ha superado el ciclo neoliberal que hundió a este país en la pobreza, migración y la violencia hace más de 30 años, pero no ha concluido. Sigue promoviendo elementos de este modelo”, reflexionó el asesor del Consejo Nacional Indígena, Carlos González.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: https://www.sinembargo.mx/10-08-2020/3839121