Tres expresidentes, gobernadores y exgobernadores, seis exlegisladores federales y decenas de exfuncionarios, a los que se suman empresarios y compañías reales y fantasma, están ligados a una compleja trama de fraudes con más de diez mil millones de pesos de por medio.
Una fracción de ese dinero son los presuntos sobornos que fueron pagados a funcionarios, pero la mayor parte corresponde a las pérdidas directas que dejaron al patrimonio público las decisiones tomadas como consecuencia de estos manejos ilegales. Esta cifra, cuando concluyan las indagatorias, podría ser aun mucho mas grande.
Odebrecht a veces figura como el punto de partida de los hechos fraudulentos. En otras ocasiones, las acciones parecen distintas pero las empresas implicadas y las transferencias se conectan de diversas formas, con la presencia y operaciones de la constructora brasileña.
Dos nuevas denuncias presentadas la semana pasada ante la Fiscalía General de la República (FGR), una de ellas del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, confirman este esquema de corrupción transexenal. Las carpetas de investigación ya fueron iniciadas y el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, ha prometido resultados en corto tiempo.
En ese contexto y a partir de datos y expedientes a los que ha tenido acceso Animal Político, y de lo publicado en amplios reportajes por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción la Impunidad y Quinto Elemento Lab, se resumen a continuación los hechos, indagatorias, personajes y empresas clave en esta telaraña de corrupción.
Aunque se hace referencia a los temas de forma general, en cada apartado se incluyen los vínculos a diversas fuentes de información si se desea profundizar en los detalles.
Los juicios abiertos
Hasta ahora son dos los casos que ya se encuentran en manos de jueces federales y con procesos en curso. En ambos figura como principal responsable Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en el sexenio pasado, y previo a ello excoordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y exasesor de la constructora española OHL (implicada en otros casos de corrupción).
Uno de esos casos es el de los posibles sobornos por hasta 3.4 millones de dólares que la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) habría pagado a Lozoya desde 2012, y que a la postre les trajo como beneficio la venta a Pemex de su planta Agronitrogenados a un precio sobrevaluado. El otro son los sobornos cercanos a los 10 millones de dólares que la constructora Odebrecht habría pagado a Lozoya antes y durante su gestión en Pemex, también a cambio de contratos.
Ambos casos se relacionan por el uso de las mismas empresas fantasma para lavar el dinero, entre ellas Tochos Holding Limited, constituida en Islas Vírgenes y con cuentas en un banco suizo. Dichas empresas inyectaron recursos a empresas propiedad de Lozoya y su familia.
Los jueces determinaron que había evidencia suficiente para vincular a proceso a Lozoya por lavado de dinero, entre otros delitos, y dieron 6 meses de plazo a la FGR para concluir la indagatoria y formular la acusación. Por estos casos también se giraron órdenes de aprehensión en contra de la madre, hermana y esposa de Lozoya, mientras que por el de Agronitrogenados se ordenó la captura del presidente de AHMSA, Alonso Ancira, actualmente sujeto a extradición en España.
Indagatorias y denuncias pendientes
La FGR cuenta con múltiples denuncias y carpetas de investigación en curso en los que se advierten irregularidades graves en los más altos niveles del poder político en México. Algunos de estos casos están relacionados con Odebrecht, y otros coinciden en tiempos o en personajes involucrados.
El caso más reciente es el que la FGR inició la semana pasada tras la denuncia presentada por el propio Lozoya, donde reveló pagos ilegales por mas de 500 millones de pesos, entre sobornos de la constructora brasileña a funcionarios federales y estos a su vez a legisladores para la aprobación de reformas. Todo ello en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
La semana pasada la FGR recibió también una nueva denuncia (de la que este medio tiene copia íntegra), que se suma a una carpeta de investigación abierta desde 2018, relacionada con la concesión del complejo petroquímico Etileno XXI. Se trató de un contrato gestionado y consumado en los últimos dos sexenios en condiciones que dejaron pérdidas millonarias a Pemex, y donde la única beneficiada fue la empresa Braskem, subsidiaria de la propia Odebrecht.
“No se trata de hechos aislados sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional, es decir, en perjuicio de la hacienda. Una auténtica asociación para delinquir. Una conspiración de Estado…”, indica la denuncia.
Otro caso es la denuncia de Pemex ante la FGR por la compra en diciembre de 2015 de una planta de fertilizantes a la empresa Fertinal SA de CV, que de forma muy similar al caso Agronitrogenados implicó la adquisición de una empresa muy por encima de su valor real. Es un caso donde no solo hay funcionarios implicados, sino instituciones como Banco Azteca, quien dio el crédito para la operación.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha presentado ya cinco denuncias ante la PGR por esquemas similares de fraude y tiene otras indagatorias en curso.
Entre ellas se encuentra la relacionada con las operaciones de la empresa Blunderbuss Company de México, una compañía fantasma constituida en Veracruz a la que Odebrecht transfirió 6 millones de dólares entre los años 2009 y 2011, que se presume también habría sido utilizado para sobornos en estados o a funcionarios federales en el sexenio de Calderón.
Por si fuera poco, Blunderbuss forma parte de una red de 11 compañías presuntamente fantasma, de las cuales por lo menos cuatro recibieron contratos públicos de los gobiernos federal, de Coahuila y del Estado de México entre 2013 y 2018, por cerca de 200 millones de pesos. Las personas que aparecen como dueñas de Blunderbuss y de otras empresas de esta red son habitantes de bajos recursos del municipio de Poza Rica.
A estas indagatorias por posibles actos de corrupción entre Pemex y empresas contratistas se suman casos como los de Oro Negro y Oceanografía, pero donde la posible conexión con Odebrecht directa o indirectamente no ha sido verificada.
Por otro parte, en 2016 la extinta PGR inició a través de FEPADE una indagatoria por presuntos pagos de Odebrecht a la campaña electoral de Peña Nieto en 2012, pero dicha carpeta de investigación fue cerrada en 2018 bajo el argumento de que el delito había prescrito. También quedaron sin investigarse presuntos sobornos de la misma compañía brasileña a campañas para gobernador en Tamaulipas y Veracruz.
No obstante, autoridades con conocimiento de los casos indicaron que estos financiamientos electorales ilegales podrían verificarse aun como posibles operaciones de lavado de dinero.
Pagos ilegales y pérdidas millonarias
En los hechos de corrupción ligados directa o indirectamente a Odebrecht en México están involucrados inicialmente más de diez mil millones de pesos. Una parte de esos recursos viene de los sobornos pagados por la constructora o empresas relacionadas, pero la mayoría corresponde a las pérdidas ocasionados por estos.
En cuanto a los sobornos, lo que está reportado en documentos judiciales y en investigaciones periodísticas arroja que Odebrecht había transferido el equivalente a 100 millones de pesos aproximadamente para la campaña del expresidente Peña Nieto. Pero a ello se suman otros 404 millones que según declaraciones de Lozoya se usaron para el pago de otros sobornos durante el sexenio pasado, y que se presume también podrían provenir de Odebrecht o de actores ligados a ella.
La FGR tiene documentados presuntos sobornos por 3.4 millones de dólares de Altos Hornos a Lozoya, que equivalen a unos 44 millones de pesos en el momento en que se dieron los hechos.
A su vez investigaciones periodísticas a partir de documentos judiciales en Brasil revelaron transferencias a Blunderbuss por 6.1 millones de dólares entre 2009 y 2011, equivalentes a 75 millones de pesos en aquel momento. Se presume que dicho monto obedece también al pago de sobornos.
Todas esas cantidades resultan minúsculas en comparación con el daño al erario que causaron las decisiones que se tomaron como consecuencia.
Por ejemplo, la concesión de la planta Etileno XXI a Braskem – filial de Odebrecht – que se comenzó a trabajar desde el sexenio de Calderón y se materializó en el de Peña, y decisiones paralelas relacionadas con esta, fue tan mal negocio que, en los dos primeros años de operación de dicha planta, 2016 y 2017, las pérdidas sufridas por Pemex alcanzaron los 3 mil 462 millones de pesos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Pérdidas similares, por 3 mil 281 millones de pesos (unos 193 millones de dólares), son las que dejó la compra de la planta Fertinal en 2015 a precios inflados, según la denuncia penal presentada por Pemex junto con el caso Agronitrogenados. Y a ello habría que sumar pérdidas posteriores en operación que se siguen calculando.
Y en el caso de la planta Agronitrogenados adquirida a Altos Hornos en 2013, los daños se estiman en 2 mil 600 millones de pesos iniciales, como consecuencia de una valoración inflada de una planta donde el 70% del equipo no funcionaba.
A su vez, se estima como un posible daño los 192 millones de pesos que dos gobiernos estatales y el federal dieron en contratos a una red de compañías fantasma relacionadas con Blunderbuss, otra empresa de papel que recibió transferencias de Odebrecht.
Todas estas cifras son tan solo los impactos económicos directos de las decisiones tomadas por los funcionarios presuntamente sobornados, pero si se suman gastos posteriores que Pemex ha tenido que hacer para compensar daños o equilibrar producción, la cifra podría multiplicarse por cuatro según estimaciones de diversos analistas. Cabe recordar tan solo que la gestión de Lozoya en Pemex dejó un quebranto reportado por la ASF que asciende a más de 23 mil millones de pesos.
Los principales implicados
Más de un centenar de personas, entre exfuncionarios, empresarios y presuntos prestanombres, están implicados en las tramas de corrupción ligadas con la operación de Odebrecht en México. Ello de acuerdo con las indagatorias oficiales, los informes de autoridades y a notas y reportajes publicados en los últimos años.
Su posible responsabilidad aun está por esclarecerse y todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El caso más avanzado es el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien hasta ahora es el único exfuncionario de alto nivel procesado penalmente.
Entre los funcionarios señalados destacan tres expresidentes. Dos de ellos son Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón ya que en sus administraciones se registraron contratos que favorecieron a la constructora brasileña o sus filiales. Peña además ha sido ya denunciado directamente por Lozoya de aceptar los sobornos en su campaña, y de ordenar otros.
A ellos se suma el expresidente Carlos Salinas de Gortari que, de acuerdo con versiones preliminares, habría promovido algunas de las inversiones desde Pemex que hoy son motivo de las investigaciones.
También figuran exsecretarios y exsubsecretarios de al menos cuatro dependencias federales que formaban parte de los consejos de administración de Pemex al momento en que se dio luz verde a los contratos hoy cuestionados, como las concesiones a Odebrecht, la inversión en Etileno XXI, y la compra de las plantas de Fertinal y Agronitrogenados.
Destacan entre ellos dos exsecretarios de Hacienda. Uno es José Antonio Meade Kuribreña, quien desempeñó ese puesto (además del de secretario de Energía) en el sexenio de Calderón. En las denuncias presentadas ante FGR por el caso Etileno XXI se le responsabiliza de no haber frenado dicha concesión pese a advertencias de irregularidades de otros consejeros, y de haber aprobado otras decisiones de importación que perjudicaron aun más a Pemex en favor de la filial de Odebrecht.
El otro es Luis Videgaray Caso, extitular de Hacienda en el sexenio de Peña Nieto. Mas allá del vínculo de su cartera con inversiones en Pemex que acarrearon pérdidas millonarias, Lozoya denunció directamente a Videgaray de instrumentar el esquema de sobornos en el sexenio pasado. Otros exsecretarios de Estado implicados pueden consultarse en esta nota.
Los hilos de Odebrecht también alcanzan a seis gobernadores y exgobernadores por lo menos. Según confesiones oficiales de exdirectivos de la constructora brasileña, entre 2009 y 2010 se transfirieron mas de un millón 200 mil dólares a las campañas a gobernador de Javier Duarte en Veracruz y Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas.
En tanto, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que los gobiernos de Alfredo del Mazo en el Estado de México y Rubén Moreira en Coahuila entregaron recursos públicos a la red de compañías fantasma a la que pertenece Blunderbuss.
A ello se suma el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez que, como Animal Político pudo confirmar, son dos de los exsenadores que Lozoya denunció de haber sido sobornados en la trama Odebrecht para promover la aprobación de reformas estructurales.
Lo que nos lleva a los legisladores implicados. Los denunciados por Lozoya además de Cabeza de Vaca y Domínguez (ya corroborados por este medio) son los exsenadores Ernesto Cordero, José Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, y el exdiputado federal y excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.
A todos ellos el exdirector de Pemex les imputa haber recibido en diversos momentos más de 300 millones de pesos para coaccionar el voto de aprobación hacia reformas como la energética. Supuestamente, añadió, hay recibos y un video que lo prueban.
En esta lista habría que sumar los de particulares implicados en el caso. Los más destacados serían Marcelo Odebrecht, titular de la constructora brasileña, Luis Alberto de Meneses Weyll, representante en México de esta y principal ejecutor de los sobornos en nuestro país. También se indaga a Carlos Fádigas, director de Braskem, la filial detrás de Etlineo XXI, al empresario Alonso Ancira de AHMNSA, entre otros.
La ‘telaraña’ empresarial
Las investigaciones oficiales y periodísticas del caso Odebrecht y de otros fraudes conectados al mismo arrojan un número de compañías implicadas casi tan amplio como el de personas. Ello ya que tanto en la obtención de concesiones y contratos, así como en las operaciones de lavado de dinero, hay empresas reales y fantasma.
Entre las principales destacan la propia Pemex y sus filiales, como empresas productivas del Estado, así como Odebrecht, Altos Hornos, Braskem/Idesa y Fertinal cuyos roles ya se han descrito en párrafos anteriores.
A ellas se suman las compañías fachada o fantasma usadas para lavar el dinero de sobornos. Destaca Blunderbuss Company ya que además de estar implicada en las transferencias de la constructora, también está ligada a una red que recibió recursos públicos.
Otras empresas que destacan en las tramas de sobornos son Tochos Holding Limited, Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA. Se trata de compañías constituidas en paraísos fiscales como Islas Vírgenes, pero con cuentas en bancos suizos. Están implicadas en transferencias tanto de Odebrecht como de Altos Hornos.
En la denuncia presentada por Pemex en el caso Fertinal, también se reporta la participación de otras empresas que resultaron beneficiadas en inversiones dañinas para el Estado. Destaca el caso de Banco Azteca perteneciente a Grupo Salinas, que participó en el financiamiento del proyecto, así como la empresa NPK Holding AB.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK:https://www.animalpolitico.com/2020/08/politicos-sobornos-empresas-telarana-corrupcion-odebrecth-mexico/