La versión de los militares es que sus unidades fueron atacadas por personas armadas y que ellos solo repelieron la agresión, matando a 12 de ellos. Sin embargo, al menos tres de los ocupantes del vehículo eran civiles con las manos atadas que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado. Damián, de 18 años, era uno de ellos. Desapareció el 24 de junio junto a su hermano Alejandro, al que todavía siguen buscando.
Un video hecho público el lunes por El Universal contradice la versión de la Sedena. En él se observa cómo, tras ser atacados, los militares persiguen a una pick up a la que logran dar alcance. El vehículo recibe más de 200 impactos de bala de alto calibre. Al menos en ese momento no se observa ninguna respuesta desde la camioneta. De hecho, uno de los uniformados observa que alguien ha sobrevivido. “¡Mátalo, a la verga!”, grita otro de los militares antes de que se vuelvan a escuchar disparos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró haber dado instrucciones de investigar. “Nosotros no vamos a permitir estas prácticas”, afirmó.
Entre los muertos de aquel tiroteo estaban Damián Tercero, de 18 años, que había llegado de Chiapas cinco meses atrás para buscar trabajo junto a su hermano Alejandro, que todavía sigue desaparecido. También Héctor Rubén Garza Navarro, que recién había cumplido los 18 y que cursaba Ingeniería en la UT de Nuevo Laredo, y Ángel Agustín Núñez Reyna, comerciante del municipio.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo lleva la representación legal de sus familiares. Su abogado, Martín Alvarado, denunció la “lentitud” de las investigaciones. “Si se trata de autoridades públicas, siempre tratan de enfriar el asunto para hacer que se olvide”, lamentó.
La Fiscalía General de la República abrió la carpeta 13/46 para investigar los hechos. Pero hasta el momento, según Alvarado, no han respondido a los requerimientos de los abogados: videos y audios de Sedena, puesta a disposición de las armas homicidas, nombre y CV de los elementos que participaron, así como medidas cautelares que impidan que estos se sustraigan a la acción de la justicia.
La FGR confirmó que está investigando, sin hacer más comentarios. Sedena, por su parte, se comprometió a colaborar con las investigaciones. Según afirmó un portavoz militar, no se ha sancionado a ningún efectivo ni se le ha relegado de sus funciones hasta que la investigación de la fiscalía determine las circunstancias del suceso.
El abandono lleva a la víctima a pedir para enterrar a su hijo
Damián Tercero, de 18 años, y su hermano Alejandro, de 16, desaparecieron el 24 de junio tras salir a buscar trabajo. Recuerda su padre que la familia había llegado a Nuevo Laredo procedente de Tapachula, Chiapas, en varios tiempos. Primero llegó él, tras casi un año en Reynosa, donde llegó atraído por los competitivos salarios, mucho más elevados que en el sur.
Después, en febrero de este año, su esposa y sus hijos. El plan era que consiguiesen empleo y que pudiesen pagar el pasaje de sus otras dos hijas, que todavía están en Tapachula.
Damián, el mayor, incluso trató de alistarse en la Guardia Nacional. Según relata su padre, estuvo una semana en el cuartel de Monterrey, Nuevo León. Tuvo que regresarse porque le pedían su constancia de no antecedentes y él no podía conseguirla debido al cierre de las oficinas a causa de la pandemia por COVID-19.
“Mi hijo no era delincuente. Yo mismo lo llevé al cuartel de la Guardia Nacional. Era un chamaco que había apenas cumplido 18 años, un niño. Ni modo, qué más le voy a hacer”, dice su padre con rabia.
El primer interrogante que la FGR debería desvelar es qué ocurrió entre el 24 de junio, cuando Damián y Alejandro desaparecieron de sus casas, hasta el 3 de julio, cuando el primero murió acribillado en la troca del pick up. La sospecha de los abogados es que fueron secuestrados por algún grupo del crimen organizado y que murieron tras el enfrentamiento.
Desde que sus hijos desaparecieron, Raúl Tercero vive en medio de la angustia. Primero, explica, salió a buscarlos renunciando a su trabajo como albañil. Pero ni siquiera sabía a quién recurrir. Al final, alguien le mostró un video en Facebook del enfrentamiento y se le cayó el mundo encima: ahí, entre los cuerpos de uniformados, estaba su hijo mayor muerto.
Ahí empezó su peregrinaje. De casa a la fiscalía. De la fiscalía a la funeraria. De la funeraria otra vez a casa. Y todo ello, dice, “sin un peso”.
“Sale la licenciada de fiscalía y me muestra unas fotos. Lo tenían en funerales Valdés y, ciertamente, era mi hijo. Me vine a donde nos están dando posada y le dije a mi esposa que era mijo. Al día siguiente fuimos caminando a la funeraria”, explica.
“No sé ni cómo describirlo”, dice Tercero sobre el día en el que tuvo que identificar el cuerpo de su primer hijo. “Ya nos fuimos de allí. No andábamos un peso. Y yo pensaba en cómo le iba a hacer. Así que me puse a pedir limosna”, dice.
Para este momento del relato, el hombre no puede contener las lágrimas. Cuenta que tardó casi diez días en sacar a su hijo de la funeraria. Que pidió dinero en la calle y que se endeudó con un prestamista. El entierro y todo el servicio funerario cuesta 35 mil pesos. Él tuvo que pedir prestados 25 mil.
En principio, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) se encarga del apoyo integral de quienes sufren la violencia. Sin embargo, para que esto ocurra las personas deben ser calificadas como víctimas por alguna autoridad (fiscalía, CNDH, comisiones estatales). A día de hoy, eso no ocurre, por lo que Tercero trabaja para pagar la deuda que contrajo para enterrar a su hijo.
El abogado Martín Alvarado explicó que han solicitado medidas de protección a las familias de las víctimas para evitar que sean hostigados por los militares, así como una atención integral por parte de CEAV. Nada de esto ha llegado y el letrado se queja de la lentitud del proceso.
Para Raúl Tercero, cada vez que pisa la fiscalía es un calvario. “Me tratan mal. Me ignoran. Si no es por el licenciado, ni caso me hacen”, se queja.
Mientras pelea la justicia por su hijo muerto, el hombre busca a Alejandro, el pequeño, todavía desaparecido. “Dios sabrá si está vivo o no, yo quiero darle cristiana sepultura”, asegura.
En el último mes, este hombre que llegó a Nuevo Laredo a ganarse la vida y perdió dos hijos por el camino, se dirige directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Que se haga justicia. Que paguen los daños que hicieron. A mi hijo no me lo van a dar, no me lo van a revivir. Lo que esos cabrones hicieron no estuvo bien. Le pido que paguen con cárcel”.
Hace un par de meses su propósito era reunificar la familia en el norte. Ahora la tragedia le ha quitado las ganas. “Vendré de vez en cuando para ver a mi hijo, pero solo quiero regresar a Chiapas”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/08/que-militares-paguen-familia-de-joven-asesinado-nuevo-laredo-justicia/