Higa, Tradeco y AHMSA fueron acusadas de corrupción por Emilio Lozoya Austin. En una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) fechada al 11 de agosto de 2020, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que los tres grupos empresariales conspiraron para delinquir en perjuicio del erario público.
Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, además de cargar con el costal de la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto y la vivienda de Luis Videgaray Caso en Malinalco, Estado de México, fue acusado por Lozoya de pagar sobornos y entregar dinero al expresidente de la República, así como de “intermediar entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] y Pemex” para obtener beneficios económicos. La intermediación de Grupo Higa, calificada de “extorsión” por Lozoya ante la FGR, le generaba ingresos a la empresa de entre el cinco y el 10 por ciento del valor de muchas de las obras de infraestructura contratadas por el Gobierno federal. Dichos montos, indicó Lozoya, “eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a su vez, los compartía, también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”.
El dueño de Grupo Tradeco, Federico Martínez Urmeneta, también fue señalado por Lozoya. De acuerdo con el exfuncionario público, Martínez habría negociado para beneficiar a Grupo Tradeco, ya fuera con contratos petroleros o con la exoneración de penalidades por incumplimientos e irregularidades contractuales. “Por instrucciones de Enrique Peña Nieto recibí a Federico Martínez, quien tenía una serie de peticiones sobre obras que tenían con Pemex, pero todas presentaban quejas, retrasos e incumplimientos. […] Federico Martínez Urmeneta me pidió modificar los contratos y perdonar penalidades, ante lo que me negué”, declaró Lozoya a la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Acerca de AHMSA del empresario Alonso Ancira Elizondo, Lozoya mencionó que durante el sexenio de Peña Nieto la compañía negoció contratos para la producción de fertilizantes nitrogenados, además de concretar la venta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados que causó perjuicios a la Hacienda Pública Federal y a Pemex.
Los tres grupos empresariales, además de haber tejido supuestas redes de corrupción con funcionarios del último sexenio priista, tienen un largo historial de negocios con los diferentes niveles de gobierno, incluso desde 2007, cuando Felipe Calderón Hinojosa era Presidente de la República.
NEGOCIOS POR CONTRATO
En comparación con los otros dos conglomerados empresariales, Grupo Tradeco es la compañía con mayores ingresos registrados entre 2007 y 2018, de acuerdo con la información del portal de compras gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En dicho periodo, Tradeco se embolsó 10 mil 691 millones 87 mil 546 pesos, a través de 24 contratos celebrados con 12 dependencias gubernamentales estatales y federales, entre las que destacan la SCT, la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz y Pemex Exploración y Producción (PEP).
Por medio de Tradeco Infraestructura, Tradeco Ingeniería y su filial Innovaciones Técnicas en Cimentación (ITECSA), el grupo de Federico Martínez Urmeneta hizo negocios en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, para el desarrollo de infraestructura vial y carretera, además de obras relacionadas con edificaciones gubernamentales y transporte público, como en los casos del “Proyecto Integral para la Modernización de la Estación Revolución” del Metro capitalino (2014) y la “Construcción de juzgados de Control y Juicio Oral” en Morelos (2016).
En segundo lugar está Grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. A través de 11 contratos de sus filiales Higa Edificaciones, Constructora Teya y Concretos y Obra Civil del Pacífico (Cocipa), el conglomerado se embolsó 8 mil 343 millones 56 mil 627 pesos pagados por obras de construcción y reconstrucción vinculadas con la SCT, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), además de obras contratadas por la Secretaría de Infraestructura y el Instituto de la Vivienda del Gobierno de Chiapas, así como por la Secretaría de Salud del Estado de México.
Con respecto a AHMSA de Alonso Ancira Elizondo, quien actualmente goza de un amparo contra una orden de aprehensión federal por el delito de lavado de dinero, las cifras oficiales indican que tuvo ingresos por al menos 76 millones 319 mil 158 pesos ligados a ingresos de su corporativo y de su subsidiaria Nacional de Acero (NASA). Dicha cantidad de dinero fue pagada por la Secretaría de Marina (Semar) para la adquisición de diversos materiales metálicos de construcción, así como por “subcontratación de servicios con terceros”.
Gran parte (46.3 por ciento) de los contratos obtenidos por Higa, Tradeco y AHMSA entre 2007 y 2018 fueron licitaciones públicas. Los datos de CompraNet indican, asimismo, que el 39.3 por ciento de las contrataciones fue por adjudicación directa y el resto (14.3 por ciento) por invitación restringida. Sin embargo, el 96.9 por ciento del monto pagado (18.5 mil mdp) a dichas empresas fue producto de procesos con concurso público de por medio.
A la fecha, ninguna de éstas compañías aparece en la lista de proveedores sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, algunas de ellas tienen esqueletos en el clóset.
El 5 de septiembre de 2016, por ejemplo, Tradeco Infraestructura fue inhabilitada por la SFP debido a incumplimientos de contrato. Las dependencias públicas de los diferentes niveles de Gobierno “deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos […] por el plazo de 30 meses (2 años y 6 meses) por cuanto hace a Tradeco Infraestructura”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Otro ejemplo es el de Cocipa. La filial de Grupo Higa fue una de las responsables de la construcción del Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entre 2014 y 2016. Dicha obra no sólo tuvo un costo 25 por ciento superior al valor estimado inicial (945.6 mdp) sino que, entre 2015 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 213 millones 121 mil 5 pesos en pagos indebidos y probables daños a la Hacienda Pública Federal.
Discrepancias “entre el volumen pagado” y el “volumen obtenido” en obras y servicios del AICM, “duplicidad del personal técnico y administrativo en oficinas de campo”, “incorrecta” integración de costos y precios de obras y servicios, pagos a precios “excesivos”, pagos y obras “no previstas” y/o “injustificadas”, así como penalizaciones “no solventadas” y sobrecostos, fueron parte de las inconsistencias que la ASF halló en los procesos de construcción del hangar 787, de acuerdo con una investigación de SinEmbargo (https://www.sinembargo.mx/14-03-2019/3549933).
LOS QUE MÁS LES DIERON
En los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, 17 dependencias estatales y federales dieron negocio a Higa, Tradeco y AHMSA.
De acuerdo con las cifras oficiales de la SHCP, el 47 por ciento del monto pagado (8.9 mil mdp) entre 2007 y 2018 provino del Gobierno del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto (2005-2011) y por Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), a través de dos obras de infraestructura pública: el desarrollo del Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango (2009) y las obras del Mexibus Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac (2014).
Otro 42 por ciento –equivalente a 8 mil millones de pesos– fue erogado por la SCT, API Veracruz, PEP y Pemex Corporativo.
La SCT dio 3.8 mil millones de pesos a Tradeco Infraestructura y Grupo Higa –a través de la Constructora Teya y Cocipa– para obras de infraestructura vial y carretera entre 2007 y 2015. API Veracruz pagó 2.3 mil millones a Tradeco Infraestructura en 2014, para la construcción de un rompeolas en el Puerto de Veracruz. Y PEP y Pemex Corporativo pagaron 1.9 mil millones de pesos a Tradeco Infraestructura entre 2008 y 2010, para el “arrendamiento de pontones” (i.e. puentes provisionales o cascos de babor) y obras de construcción en Tabasco y Veracruz.
El 11 por ciento restante del dinero (2.1 mil mdp) correspondió a erogaciones de seis dependencias del Gobierno federal y de cinco instituciones de los gobiernos de Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.Por un lado, los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como Caminos y Puentes Federales (Capufe), Conagua, Semar y Sedesol dieron 1 mil 746 millones 281 mil 827 pesos a AHMSA y su filial NASA, así como a Higa Edificaciones y a las subsidiarias de Grupo Tradeco (Infraestructura, Ingeniería e ITECSA) entre 2008 y 2018.
Por otra parte, la Comisión Estatal de Agua de Oaxaca, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos, el Gobierno capitalino y dos dependencias del Gobierno de Chiapas (Instituto de la Vivienda y Secretaría de Infraestructura) pagaron 377 millones 651 mil 506 pesos en 2007-2016, a Higa Edificaciones, Tradeco Infraestructura e ITECSA.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/26-08-2020/3847317