“Voy a dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México, de 1988 a la fecha. Es decir, hasta el Presidente [Enrique] Peña Nieto. Es el Presidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, explicó.En su conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló que firmaría el escrito en compañía de Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de Presidencia, con el objetivo de entregarlo a las 11:00 horas de este martes en las instalaciones del Senado.
“Vamos a entregar este documento. Me informa el Consejero Jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con los presidentes, como con Ricardo Monreal, que es el coordinador de los grupos parlamentarios. Y van a recibir este escrito”, señaló.
López Obrador calificó como algo satisfactorio “el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta”. De acuerdo con la información que tiene, “sí van a tener hoy las firmas que se requieren”.
“Ya están ordenando las firmas y ya van cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos. Antes de firmar el documento, lo voy a leer para que se pueda conocer lo más ampliamente posible”, agregó.
“El suscrito Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular en su capítulo II, artículo 12, fracción I, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos”, inicia el documento.
En el primero, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, “México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma, y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista”.
“Segundo, los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público y específicamente de quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, continuó AMLO en su lectura.
“Cuarto, la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista, según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales. Y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”, recordó el Presidente.En su quinto argumento, expuso que Ernesto Zedillo “continuó las políticas privatizadora de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias”, ya que entregó bienes nacionales, como los ferrocarriles y adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco de llamado recate bancario de 1998.
“Sexto, Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la democracia y la alternancia, sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no sólo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador'”, afirmó López Obrador.
A lo largo del séptimo argumento, indicó que desde el inicio de su sexenio, “Felipe Calderón Hinojosa embargó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas de territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México. Lo más grave: colaboradores suyos y periodista independientes le señalaron los indicios de que su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.
“Octavo, la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht”, acusó.
López Obrador, ante esa enumeración de hechos, propuso la fecha del 6 de junio de 2021, cuando se elegirán 21 mil cargos de elección popular entre gobernaturas estatales, ayuntamientos y diputados, para plantear la siguiente pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investigue y en su caso sancione la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Pese a hacer una detallada exposición de los posibles delitos a cargo de cada expresidente, el mandatario insistió en que votará que no en caso de celebrarse la consulta.
“Se pueden castigar los errores del pasado pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cuál sea”, manifestó.
Cuestionado entonces sobre si es un juego político, López Obrador arguyó que “no es una ocurrencia” y que es algo que viene “planteando desde hace mucho tiempo”, incluso desde su discurso de investidura en diciembre de 2018.
La pregunta de la consulta:— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 15, 2020
"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña?". pic.twitter.com/mHjiWwsxYn
“Iniciar el proceso como lo sostengo va ayudar a que se aclarare si se puede o no legalmente juzgar a los expresidentes. Hay mucha incertidumbre sobre este tema. Y va ayudar a que las autoridades competentes resuelvan”, sostuvo.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/15-09-2020/3860141