Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Palacio Nacional, el funcionario adelantó un próximo golpe a un cártel de la droga, sin dar mayores detalles al respecto por el sigilo de las investigaciones.
Señaló que el combate a estos grupos tiene cinco ejes: aprehensión de los líderes y los sicarios; combate a las estructuras financieras; combate a la corrupción política, judicial, ministerial y el combate a la base social que los apoya, a través de programas sociales como los que ha implementado el gobierno mexicano.
Hasta el momento se han identificado 19 organizaciones delictivas de alto impacto, de las cuales dos tienen naturaleza supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.
Nieto Castillo dijo que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto “vimos desafortunadamente” el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: el Cártel Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, los Viagra en Michoacán, el Cártel del Noroeste en Tamaulipas, el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero, entre otros.
Por ello, apuntó que es fundamental combatir a las estructuras financieras de los grupos delictivos, ya que son “el germen de la delincuencia”. La UIF ha bloqueado cinco mil 678 millones de pesos, 344 millones de dólares y ha congelado 25 mil 337 cuentas.
En el caso del Cártel de Sinaloa, se congelaron 330 cuentas de personas relacionadas con esta organización criminal; en cuanto al Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron 968 cuentas por mil millones de pesos; al Cártel Santa Rosa de Lima se le bloquearon 35 millones de pesos, relacionados con la esposa de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’.
El funcionario precisó que el combate a la estructura financiera de estos grupos ataca la posibilidad “de que puedan seguir cubriendo los pagos a los narcomenudistas, a sicarios y, por supuesto, que obtengan ganancias que son incorporadas al sistema financiero“.
Descartó que se tengan indicios de financiamiento al terrorismo en México o vínculos del sistema financiero mexicano con los movimientos terroristas de otros países, ya que el sistema de identificación de operaciones de lavado de dinero “es sólido”. No obstante, aseguró que se debe de avanzar en sistemas de control para prevenir el lavado de dinero.
Santiago Nieto dijo que el uso de las criptomonedas es uno de los riesgos emergentes a nivel global y los proveedores de activos virtuales son supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), “en virtud de que el Banco de México no consideró que debieran convertirse en moneda de uso en la República Mexicana”.
Críticas a “jurisprudencia” de Medina Mora
El titular de la UIF criticó enfáticamente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora, generara en 2018 un criterio de interpretación constitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que proceda el bloqueo de cuentas si hay una petición internacional, pero no si la investigación es a nivel local.
Para Santiago Nieto esto vulnera las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus sigas en inglés). “Hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la SCJN a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio”. Además, la UIF presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de esta interpretación legal.
Acusó que en 2016 el criterio de Medina Mora era “completamente opuesto” y que ese cambio de criterio sucedió con el cambio de gobierno en el país. En 2019 hubo 984 amparos con 162 suspensiones provisionales y 106 definitivas. En lo que va del año se han interpuesto 861 amparos y se han concedido 6 suspensiones provisionales y 188 definitivas, apoyadas en esta jurisprudencia de la SCJN.
Puso como ejemplo el caso del llamado ‘rey de la mezclilla’ Kamel Nacif, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en la detención y torturas que sufrió la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005, por parte de policías judiciales poblanos bajo las ordenes del entonces gobernador Mario Marín Torres, quien también se encuentra prófugo.
De acuerdo con Nieto, un juez ordenó la liberación de 800 millones de pesos “que se habían logrado congelar de sus cuentas, en temas vinculados no solo con corrupción política sino también con trata de personas. El criterio de uno de los jueces de distrito fue señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, ésta no debe realizarse”.
El funcionario señaló que con este tipo de decisiones judiciales queda abierta la posibilidad de que se muevan los recursos a otras partes del mundo. Además, de que esta interpretación jurisprudencial supedita “a la UIF a una instancia internacional como la DEA y el FBI , lo que atenta contra la soberanía” del país.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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