Durante el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las desapariciones se mantuvieron inalterables: del 1 de septiembre de 2019 al 30 junio de este año, 38 mil 467 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 15 mil 837 siguen sin ser localizadas.
De acuerdo con el Segundo Informe presidencial, se hallaron mil 143 fosas clandestinas en las que se rescataron mil 682 cuerpos, de los cuales 712 fueron identificados y 431 entregados a sus familiares, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La explicación que se da a la prevalencia de las desapariciones es que “México sigue resistiendo los efectos de una fallida estrategia de seguridad y combate al crimen organizado que, entre otras cosas, ocasionó la lamentable desaparición de miles de personas”.
Sobre la atención financiera al problema, el documento refiere que a mayo de 2020 se transfirieron 314.6 millones de pesos a 24 comisiones locales de búsqueda, recursos federales que serán destinados al “reforzamiento de las acciones de búsqueda en esas entidades”.
Entre los avances en la materia, el informe cita la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Protocolo Homologado de Búsqueda, además de que se continuó con la elaboración del Plan Regional Noreste, proyectos en los que fueron consideradas las familias de desaparecidos.
El Segundo Informe de Gobierno destaca como avances en materia de derechos humanos las acciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, como la “revisión de 800 millones de llamadas” con la finalidad de “ubicar zonas de interés y su relación con los registros de búsqueda de fosas”, además de la realización de seis reuniones con los familiares de las víctimas.
Entre otras acciones de defensa de derechos humanos, el gobierno de López Obrador asegura haber atendido a mil 348 personas desplazadas de Tierra Caliente y Costa Grande de Guerrero, así como la entrega de alimentos a 343 personas desplazadas de Chilón, Chiapas.
En cuanto a liberaciones de tipo político, en el periodo del reporte se recibieron 2 mil 387 casos, “entre los que se encuentran expresidentes municipales, activistas sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales sólo se lograron 26 liberaciones”.
Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) integró en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) a 5 mil 589 víctimas, siendo el 35.6% del ámbito federal, mientras que en ese periodo los 32 Centros de Atención Integral ubicados en todo el país brindaron “asesoría jurídica, atención psicológica, de trabajo social y medidas de ayuda y asistencia a 49 mil 461 personas, de las cuales 64% son mujeres”.
En el último año de gobierno, la Asesoría Jurídica Federal inició 425 expedientes, que agregados a los ya existentes suman 3 mil 728 activos, en tanto que en los primeros seis meses de 2020 se ejercieron recursos del Fideicomiso de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por 233 millones de pesos, en beneficio de 353 víctimas, de los que “93.9% se aplicaron a gastos funerarios, alimentación, alojamiento, peritajes, gastos médicos y traslados; 2.9% en compensaciones subsidiarias por comisión de delito del fuero federal; 3.2% en compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales”.
En cuanto a los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, el documento indica que 240 personas se incorporaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de manera que a junio de este año hay mil 258 personas inscritas: 396 periodistas y 862 defensoras de derechos humanos.
El informe alerta que “al primero de diciembre de 2018 se encontraban incorporadas tan sólo 798 personas, lo que muestra un incremento de 57.6%”.
Sobre las acciones coordinadas con la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), el gobierno federal recibió 45 oficios relacionadas con 19 quejas; emitió tres medidas cautelares; recibió siete recomendaciones y atendió 17 colaboraciones.
En cuanto a la violencia contra niñas y mujeres, se atendió a 150 mil 201 personas en los 48 Centros de Justicia para Mujeres distribuidos en 28 entidades, y en ocho estados se destinaron 124 mil 201 millones de pesos para fortalecerlos.
Entre las acciones descritas en favor de los derechos humanos, el Segundo Informe de Gobierno enlista de manera preponderante una serie de cursos dirigidos a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar).
La SSPC destacó que del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 la CNDH le notificó la existencia de 388 quejas, 30 medidas cautelares, 28 propuestas de conciliación y siete recomendaciones. De estas últimas, ninguna corresponde a la gestión actual.
Entre los cursos enlistados por la dependencia que encabeza Alfonso Durazo, resaltan los coordinados con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la CNDH y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
En tanto que de los 90 mil integrantes de la Guardia Nacional registrados al 30 de junio, sólo 654 se inscribieron en 29 actividades académicas en materia de derechos humanos y, como parte del Acuerdo Marco entre el Gobierno de México y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firmado el 9 de abril entre el presidente López Obrador y Michelle Bachelet, se reportan “dos reuniones donde se trataron temas sobre el Protocolo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Se menciona la capacitación en materia de derechos humanos a 3 mil 829 servidores públicos de Centros Federales de Readaptación Social, en tanto que 121 policías estatales asistieron a un seminario de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la intervención policial en violencia feminicida.
En el caso de la Sedena, se resaltan capacitaciones impartidas por la CNDH, el Conapred, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Fiscalía General de la República (FGR), dirigidas a miles de militares, en tanto que la Semar menciona los cursos a marinos impartidos por la CNDH y el CICR.
Entre las acciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, el informe cita el Decreto que reforma el emitido el 20 de julio de 2010, por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
En el decreto emitido por López Obrador el 13 de marzo de 2020 “se reconoce la medida vitalicia para los afectados, una pensión garantizada y becas para la educación para los menores lesionados, entre otros”.
Al término del mensaje de López Obrador en Palacio Nacional, este martes, Amnistía Internacional transmitió en su cuenta de Twitter algunos datos que dan cuenta de la grave situación en derechos humanos.
La organización internacional alertó sobre el incremento de feminicidios en México, que entre enero y julio de 2020 alcanzaron 566 casos, “lo que representa un aumento de 5.4% respecto a 2019 (536) y de 9.6% respecto a 2018 (516)”.
Desmintió que no haya “torturas, desapariciones, ni masacres”, tomando en cuenta que desde que tomó posesión López Obrador a la fecha “se han registrado 11 mil 653 personas desaparecidas y no localizadas”.
Amnistía Internacional recordó casos como el revelado por el video del operativo militar del 3 de julio en Nuevo Laredo, en el que se advierte al menos una ejecución extrajudicial, lo que da “cuenta de la continua crisis de derechos humanos que persiste en México”.
De igual manera, manifestó su preocupación porque “se continúa estigmatizando a las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, como lo ha señalado el presidente con calificativos de “pseudoecologistas”, expresiones que –subrayó– “no tienen cabida en un estado de Derecho, en donde las personas tienen plena potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades”.
Tras señalar que “el primer paso para eliminar las violaciones de derechos humznos es reconocerlas y dar cuenta de ellas”, Amnistía Internacional alertó que para avanzar “el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia”.
AUTOR: GLORIA LETICIA DIÁZ.