Entró y encontró a su hermano, Joseph Williams, de 31 años, desparramado sobre un colchón en el sótano. Tenía los ojos entreabiertos, amarillos, y los labios azules. Su esposa Kristina le estaba golpeando el pecho.
“¡Joe! ¡Despierta Joe!”, aullaba Kristina.
Como era estudiante de enfermería, Emily empezó a practicar las maniobras de reanimación sobre su hermano. Cada vez que presionaba el pecho de Joe salía una espuma blanca de su boca, que chorreaba sobre su pijama de Batman, su favorito.
La madre de Joe salió de su trabajo, en una sucursal de la cadena de supermercados regional Piggly Wiggly en Garland, Carolina del Norte, y regresó a toda velocidad a su casa. Entró al sótano y se acostó al lado de su único hijo varón.
“Está todo bien, hijo, ya puedes seguir durmiendo”, dijo Susan Williams. “¿Quieres un cigarrillo? ¿Tienes frío en el cuerpo?”
“Creí que mi madre había perdido la razón”, recuerda Emily. “Por supuesto que tenía el cuerpo frío, porque estaba muerto”.
En la familia de Joe, nadie sabía qué lo había matado. No tenían idea de que era uno de los primeros de decenas de miles de estadunidenses víctimas del fentanilo, el narcótico más letal del mundo. Cuando recibieron el informe de la autopsia, tampoco conocían –tardarían meses en saberlo– que existían actores globales responsables de la muerte de Joe.
Los opiáceos, diseñados en laboratorio, llegaron hasta esa zona rural de Carolina del Norte y en el resto de los Estados Unidos porque una red de traficantes, rastreada hasta China, aprovechó de la fácil circulación de dinero sucio en instituciones financieras conocidas en todo el mundo.
BuzzFeed News obtuvo un conjunto de documentos financieros secretos que detallan cómo el dinero que movía la red de narcotráfico de fentanilo y otros casi 2 billones de dólares de fondos sospechosos se movieron en el mundo, y compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los archivos, llamados reportes de actividades sospechosas (SAR), ofrecen una mirada hacia el mundo del delito, de la corrupción y de la desigualdad, y hacia sus actores centrales: políticos, oligarcas, estafadores, y los banqueros que los atienden. Los SAR muestran que el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para detener el flujo de dinero ilícito que fomenta el delito y causa sufrimiento a escala mundial.
En un mundo asolado por distintas crisis que acaparan los titulares de los diarios, entre ellas la pandemia de covid-19 y sus estragos sobre vidas y medios de subsistencia, el movimiento descontrolado del dinero sucio parece una amenaza de segundo plano.
Sin embargo, tiene consecuencias graves: narcotraficantes y estafadores “Ponzi” mueven sus ganancias más allá del alcance de las autoridades; déspotas y capitanes corruptos de la industria amasan fortunas ilícitas y consolidan su poder; y, acuciados por la falta de fondos, los gobiernos no pueden pagar sus sistemas de salud.
En el centro de estas historias hay afectaciones a personas reales: familias que perdieron sus ahorros en artimañas financieras depredadoras, atletas olímpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas caídos en campos de batalla, una madre trabajando a destajo y un hermano consumido por las drogas.
La familia de Joe Williams y otras víctimas a menudo no saben que parte de su dolor es producto del delito financiero, o de una violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, “lavado de instrumentos monetarios”.
“La gente tal vez no toma dimensión de cuestiones como el lavado de dinero y las sociedades offshore, pero siente sus efectos todos los días, porque eso es lo que hace que el delito a gran escala rinda, desde los opiáceos hasta el tráfico de armas, pasando por el robo de los seguros de desempleo relacionados con el covid-19”, dice Jodi Vittori, experto en corrupción en Carnegie Endowment for International Peace.
Las redes delictivas y los agentes policiales y judiciales que intentan detenerlos saben que el flujo descontrolado de dinero sucio es el principal requisito para tener éxito en su empresa criminal.
Brandon Hubbard, quien cumple cadena perpetua por participar en la red que importó el fentanilo consumido por Joe, recuerda que el policía que lo arrestó parecía menos interesado en el polvo conocido como “china blanca” que en saber adónde había terminado el dinero.
“Eso es lo primero que me preguntaron cuando entraron a mi casa”, dice Hubbard en una entrevista desde la cárcel. “¿Dónde está el dinero?” Hubbard asegura que no vendió drogas a Joe Williams ni sabe quién lo hizo.
Los documentos filtrados, conocidos como FinCEN Files, incluyen más de 2 mil 100 reportes de actividades sospechosas redactados por bancos y otros actores financieros, y enviados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según BuzzFeed News, algunos de los documentos fueron reunidos para el comité del Congreso de los Estados Unidos que investigó sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y otros fueron compilados por pedido de agencias de seguridad ante la FinCEN.
Los reportes –boletines con densa información técnica– representan la filtración de documentos más detallados en la historia del Tesoro de los Estados Unidos. Revelan pagos procesados por grandes bancos, como HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase y Barclays y exhiben los zigzagueos que toma el dinero sucio a través del mundo: recursos saqueados por cleptócratas viajan de alguna empresa de papel en la costa del Atlántico hacia un banco de Wall Street y terminan en algún paraíso fiscal calentado por el sol del Caribe, un rascacielos en Singapur o una financiera en Damasco.
No todos los SAR constituyen la evidencia de un delito. Reflejan las observaciones de los comités de vigilancia de los bancos, conocidos como “autoridades de cumplimiento”, las cuales informan sobre transacciones pasadas que tuvieron rasgos de delito financiero, o que incluían a clientes con perfiles de alto riesgo o con antecedentes legales.
FinCEN dijo a BuzzFeed e ICIJ que no hace comentarios respecto sobre “la existencia o no de SARs específicos”. En una declaración pública, se refirió a “medios” y amenazó con que “la divulgación de SARs es un delito que puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Cuatrocientos periodistas de casi 90 países hurgaron en los documentos filtrados, que a menudo se limitaban en la pista de un nombre o una dirección. Dedicaron 16 meses a peinar documentos de fuentes adicionales, y a leer voluminosos archivos y expedientes judiciales, entrevistando a quienes luchan contra el delito y a las víctimas del mismo, y revisando datos de millones de transacciones que tuvieron lugar entre 2000 y 2017.
Animados por el contenido de esos archivos secretos, los periodistas siguieron el rastro de los dólares de un narcotraficante de Rhode Island hasta el laboratorio de un químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que perjudicaron las economías de países de África y Europa del Este; rastrearon a profanadores de tumbas que saquearon antiguos artefactos budistas que luego fueron vendidos en galerías de Nueva York; investigaron a magnates venezolanos que malversaron dinero de viviendas y hospitales públicos, y analizaron en detalle la mayor refinería de Medio Oriente, motivo de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos extendida y hasta ahora inédita .
Entre las decenas de personajes que aparecen en los documentos destaca Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump, quien fue condenado por fraude y evasión fiscal. El banco JPMorgan reconoció que movió dinero entre Manafort y empresas fantasmas de sus socios hasta septiembre de 2017, mucho después de que salieran a la luz sus vínculos con funcionarios ucranianos conectados con Rusia y con el presunto esquema de lavado de dinero.
Con frecuencia, la persona vinculada con una transacción sospechosa se esconde detrás de otra persona con la que tiene vínculo directo o indirecto: puede ser un socio o, como en el caso de Atiku Abubakar –exvicepresidente nigeriano acusado de desviar 125 millones de dólares de un fondo de desarrollo petrolero–, su pareja.
Años después de conocerse las acusaciones de corrupción contra su marido, Rukaiyatu Abubakar movió más de 1 millón de dólares del dinero de su esposo a través del Banco Habib a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos para comprar un departamento en Dubái. Atiku Abubakar no ha sido enjuiciado y niega cualquier ilícito.
Decenas de casos de la investigación de los archivos de FinCEN rastrean transferencias de dinero similares –desde capitales extranjeros a empresas de papel– manejadas por bancos de alcance global que desde hace mucho tiempo consienten a oligarcas y déspotas, con pocas presiones reales para dejar de hacerlo. Este sistema tiene consecuencias duraderas que arruinan la vida de personas que no conocemos.
Un aromaterapista australiano envió 50 mil dólares a una estafa con criptomonedas realizada desde Estados Unidos, Bulgaria y Tailandia. Un hombre jubilado de Texas pensó que encontró el verdadero amor con una estudiante de Austin a la que conoció por Internet, y le transfirió dinero a una cuenta del Bank of America perteneciente a un político nigeriano venido a menos.
Padres rusos que necesitaban transportar a su hijo enfermo en un ferri para llegar a un hospital de San Petersburgo le transfirieron 15 mil dólares a un vendedor de autos usados de Nueva Jersey que les había prometido un Honda de segunda mano, mismo que nunca les entregó.
Y un hombre de Carolina del Norte que estaba tratando una adicción secreta pagó unos dólares por un polvo blanco que cruzó tres países y terminó robándole la vida.
Sobredosis en Garland
“Emily, ¿qué demonios es el fentanilo?”
La madre de Joe Williams estaba parada en la cocina de su hija, sosteniendo el informe de toxicología que le había llegado por correo ese día de 2014.
Emily Spell había escuchado hablar del opiáceo en la escuela de enfermería. “Es una medicación para el dolor que dan a los pacientes con cáncer”, respondió la hija.
Williams, padre de cuatro hijos, vivía al este de la localidad de Garland, donde residen poco más de 600 personas; hay plantaciones de arándanos y criaderos de cerdo.
“La grandeza crece en Garland”, dice un lema de la ciudad. Para las personas de la generación de Joe, resulta cada vez más difícil convencerse de esa grandeza. Hace años que no se construyen casas, y recientemente las autoridades locales disolvieron la fuerza policial debido a recortes presupuestarios. La ciudad ha sido golpeada fuertemente por la pandemia de covid-19.
En uno de estos días de verano, los vecinos de Garland, varios de ellos con barbijo, recargaban sus tanques de gas propano frente al atestado supermercado Piggly Wiggly, y algunos pedían un sándwich en el local de Subway.
La tienda de antigüedades y otros negocios del centro de la ciudad estaban cerrados, y la maleza crecía en las rajaduras del asfalto del estacionamiento desolado de la fábrica de camisas Brooks Brothers.
Emily sabía que su hermano consumía drogas; lo detuvieron en tercer año de la secundaria por llevar marihuana a la escuela y, más recientemente había empeñado las herramientas de trabajo de su padre para comprar cocaína.
Pero la familia no tenía idea de la cantidad y la frecuencia del consumo de Joe, que con poco más de 1.80 metros de estatura y 90 kilos parecía un hombre saludable. Para Emily, Joe era ese muchacho que ponía caras graciosas en las fotos familiares; quien de niño le hacía suaves tomas alrededor del cuello mientas miraban peleas de lucha libre en la televisión, y que se escabullía en su habitación en la noche porque no podía dormir solo, por miedo a la oscuridad.
Ya de adulto, William cambiaba de trabajo todo el tiempo, jugaba mucho al videojuego “Call of Duty” y mantenía su adicción a las drogas en secreto. Unos días antes de su muerte, recibió un paquete enviado desde Canadá con cinco analgésicos y polvo de fentanilo.
En 2017, fiscales estadounidenses se refirieron a William –utilizando solo sus iniciales, “J.W.”– como el primer norteamericano víctima de una trama internacional de distribución de drogas letales.
El próximo año, un juez federal de Fargo, Dakota del Norte, sentenciará a Anthony Gomes, quien se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero y distribuir drogas, las cuales mataron a Joe Williams y otros estadunidenses.
Las autoridades detuvieron a Gomes cerca de Fort Lauderdale, Florida, en 2017, cerca de su cabaña estilo Tudor de seis habitaciones valuada en 850 mil dólares y comprada con dinero del tráfico de drogas, según los fiscales. Los investigadores incautaron 150 mil dólares, el auto deportivo Maserati de Gomes y un vehículo todo terreno.
Durante años, Gomes y Elizabeth Ton, su novia, enviaron transferencias bancarias y giros de dinero a China y a Canadá, donde el líder de la banda operaba desde una celda en la cárcel.
Según los fiscales, para ocultar sus operaciones, Gomes, Ton y otros miembros de la “conspiración” emplearon cuentas bancarias en el extranjero, transferencias de dinero, una cuenta en el Bank of America y comunicaciones encriptadas.
En una planilla sin fecha de los FinCEN Files, Gomes y otras ocho personas aparecen vinculados con pagos por más de 403 mil dólares, realizados entre 2012 y 2017 vía MoneyGram International, una empresa de envío de dinero con sede en Dallas.
MoneyGram International pagó multas de 125 millones de dólares en 2018 a las autoridades estadounidenses por violar un acuerdo sobre lavado de dinero y fraude.
El documento de los FinCEN Files, una lista que contiene básicamente mil 500 informes de actividades sospechosas, fue titulada “VTB Bank Export”, en referencia al banco paraestatal de Rusia, conocido como la “alcancía” del presidente ruso Vladimir Putin.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al VTB Bank en 2014 en represalia de la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia. No queda claro qué conexión tenía el VTB Bank con las transferencias de MoneyGram, ni por qué fue creado el documento.
El VTB Bank dijo que “opera en conformidad estricta con las leyes locales e internacionales y cumple íntegramente con todos los estándares regulatorios a nivel local y global”.
El banco “no ha recibido ninguna queja sobre nuestras actividades de parte de las autoridades estadunidenses” y es “incapaz de emitir comentarios al respecto, ya que no se nos ha concedido el acceso a la documentación relevante a la que se refiere la pregunta”.
Tres de las ocho personas cuyos nombres aparecen junto al de Gomes en la planilla han sido acusadas o condenadas por tráfico de drogas. Una de ellas, Xiaobing Yan, es el primer fabricante de fentanilo que ha sido imputado en la historia de los Estados Unidos. Yan, de 43 años, operaba desde Wuhan, China, y todavía es buscado por las autoridades estadounidenses. Yan niega haber infringido las leyes chinas o haber vendido a sabiendas sustancias prohibidas en Estados Unidos.
Las otras dos personas eran Ton –la novia de Gomes– y Darius Ghahary. Ambos fueron acusados de delitos relacionados con el fentanilo en 2017. MoneyGram informó sobre transferencias sospechosas en relación a Ghahary más de una década después de que las autoridades de Nueva Jersey lo multaran en un caso de fraude cibernético que recibió una amplia cobertura mediática.
No queda claro quién le pagó a quién, ni la ruta exacta que emprendió el fentanilo para llegar hasta Garland. Los fiscales de Estados Unidos que tratan el caso de Gomes se negaron en responder las preguntas del ICIJ aduciendo que existe un litigio en curso.
Un jornalero en Turkmenistán
Cuando llegó al supermercado, la harina olía mal. El aceite estaba negro y sabía amargo.
Era 2016, y la economía de Turkmenistán estaba en caída. Los pobres buscaban comida en los contenedores de basura. En dos años, la inflación sería la más alta del mundo después de Venezuela.
Los jornaleros arrastraban bolsas de cemento en bicicleta por unos pocos manats, la moneda de ese país de Asia Central, cuyo valor se hundía día a día. En la noche, esposos y padres se amontonaban en las puertas de plástico negras de los supermercados estatales, en cuyos estantes solo quedaban inalcanzables productos importados.
“Nunca había suficiente comida”, dijo un turkmeno jornalero de la ciudad oasis de Mary, en el sur del país, quien pidió mantener el anonimato por temor a poner a su familia en riesgo.
“La gente esperaba harina hasta la medianoche, y los dueños de los negocios no sabían cuándo iban a reponerla.”
Este año, la organización sin fines de lucro Freedom House clasificó a Turkmenistán como un Estado más represivo que Corea del Norte, y uno de los cuatro “peores de los peores” países del mundo para los derechos políticos y civiles. Los expertos dicen que en el país no pasa nada sin la aprobación del presidente, Gurbanguly Berdymukhamedov.
En Asjabad, la capital, los ciudadanos no pueden sacar más de 23 dólares por día en los cajeros. No pueden abrir una ventana en una avenida por la que pueda llegar a pasar Berdymukhamedov. Este año, el presidente habría prohibido la palabra “coronavirus”.
El nombre de la capital, Asjabad, significa “ciudad de amor”. Debido al hambre, la represión policial y la corrupción, muchos la conocen con otro nombre: la ciudad de los muertos.
En Asjabad, al igual que en muchas otras capitales del mundo, la corrupción se basa en movimientos subrepticios de dinero hacia el exterior y, a menudo, a través de los bancos más poderosos del planeta.
En más de 30 reportes de actividades sospechosas revisados por el ICIJ se detectaron pagos vinculados con Turkmenistán entre 2001 y 2016 por un total de mil 400 millones de dólares.
“Sospechoso” no necesariamente significa ilícito, pero las autoridades de cumplimiento de los bancos que observaron las transferencias determinaron que merecen un análisis más exhaustivo.
“Los giros parecen sospechosos porque con frecuencia se enviaron de manera repetitiva y solían involucrar a entidades sospechosas, con aspecto fantasma”, escribió un empleado del departamento legal del Banco New York Mellon respecto a los casi 100 millones de dólares de transferencias realizadas durante los últimos tres meses de 2016.
Según un análisis del ICIJ, algunas empresas radicadas en el Reino Unido recibieron dinero de Turkmenistán aun cuando habían afirmado a las autoridades que no participaban en alguna actividad lucrativa.
Según los documentos filtrados, en uno de los casos, el ministro de comercio de Turkmenistán envió 1.6 millones de dólares a una empresa en Escocia llamada Intergold LP. Los registros del banco indicaron que el pago fue por “golosinas” o dulces. El pago salió de la cuenta bancaria del ministerio en Asjabad, pasó por el Deutsche Bank de Nueva York y llegó a una cuenta bancaria en Letonia perteneciente a Intergold.
Los informes muestran que Intergold LP fue creado 10 meses antes de recibir las transacciones del gobierno turkmeno. Su dirección registrada es un local llamado Mail Boxes Etc. en Glasgow, Escocia. “OBTENGA ESTA DIRECCIÓN COMERCIAL”, sugiere la fachada del local. Desde entonces, Intergold pasó a llamarse SL024852 LP. No queda claro a quién pertenece la empresa o si tiene algún propósito legítimo.
James Dickins, quien firmó los documentos oficiales para el registro de Intergold en el momento de su creación, creó por lo menos otras 200 sociedades en Inglaterra, según un análisis realizado por el ICIJ de las empresas que figuran en los Archivos FinCEN. En los últimos años, delincuentes y funcionarios corruptos ocultaron sus recursos en empresas británicas.
El ICIJ no logró contactar a Dickins. Daniel O’Donoghue, quien también firmó la solicitud de registro de Intergold, dijo que su trabajo corporativo es supervisado por las autoridades antilavado de Reino Unido y cumple con los más altos estándares de debida diligencia.
“Si tienen evidencia de un delito cometido por Intergold LP, deben comunicárselo a las autoridades pertinentes”, dijo O’Donoghue.
“Esto parece, sin lugar a dudas, un caso en el que se utilizó una empresa fantasma para ocultar fondos de las arcas del Estado”, dice Annette Bohr, analista de investigación en el centro de expertos Chatham House de Londres y quien se especializa en las cleptocracias de Asia Central. “Posiblemente pensaron que si ponían ‘golosinas’ nadie se daría cuenta.”
El ministerio de comercio de Turkmenistán no respondió las preguntas enviadas a través de su embajada en los Estados Unidos. El formulario de contacto en línea del ministerio no funcionaba.
En documentos consultados por el ICIJ, el Deutsche Bank no explicó por qué le parecía que las transacciones eran sospechosas. El banco se negó a emitir comentarios sobre su relación con Turkmenistán y le dijo al ICIJ que, en general, “discutir sobre los posibles SAR implicaría una violación criminal del derecho estadounidense (y otros)”.
Los bancos presentan SAR regularmente y “así ayudan a las autoridades a capturar y procesar a quienes participan en actividades delictivas”, dijo el banco. “El Deutsche Bank monitorea de manera activa en busca de conductas sospechosas y comparte sus hallazgos relevantes con las autoridades.”
El Deutsche Bank participó en las transacciones como banco corresponsal; ello significa que permitió a los bancos turkmenos convertir los manats en dólares y transferirlos a otras cuentas alrededor del mundo.
Es un papel que el banco conoce bien: la institución alemana fue la bóveda predilecta de Turkmenistán durante el régimen homicida del expresidente vitalicio Saparmyrat Nyýazow.
Según Global Witness, una organización anticorrupción, el Deutsche Bank llegó a concentrar una tercera parte de los ingresos del país en cuentas a las que solamente podía acceder el presidente Nyýazow.
Un expresidente del banco central del país le dijo al grupo que los miles de millones de dólares que estaban en el Deutsche Bank eran efectivamente “dinero del bolsillo personal de Nyýazow”.
Un senegalés en París, una tunecina corredora de obstáculos
Un día templado de junio de este año, Lamine Diack, un octogenario originario de Senegal que llegó a ser el hombre más poderoso del atletismo internacional, apareció en una sala de audiencias del norte de París para enfrentar cargos de corrupción.
“Estoy volviéndome un clavo viejo”, le dijo Diack a la sala de audiencias mientras intentaba recordar detalles de la estafa que tuvo lugar durante su presidencia de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.
De anteojos y corbata azul con puntos blancos, Diack se enfrentó a los fiscales a pocos kilómetros del Hotel California de la avenida Champs-Elysées. En ese mismo hotel de cuatro estrellas y estilo art déco, Papa Massata Diack, el hijo de Diack realizó su último despilfarro, antes de ser detenido en 2015, según documentos bancarios enviados a la FinCEN.
La reservación de hotel del joven Diack, por 30 mil dólares, se encontraba entre 112 pagos que el Citibank reportó como sospechosos en 2016, según los registros. Durante años, el banco había procesado pagos –a Londres, Singapur, Doha, Moscú y Pekín, entre otros– sin levantar un señalamiento.
“Si el dinero va a consultoras sin empleado y a tiendas de lujo, eso hace sonar las alarmas”, le dijo al ICIG el experto en gobernanza deportiva Roger Pielke. “El problema no es necesariamente el dinero que circula por el mundo, sino la combinación del dinero y del destino.”
Como presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, Diack padre encabezó un amplio aparato de sobornos que permitió el “plan de dopaje más audaz de la historia del deporte”, según los fiscales franceses.
Lamine Diack y su hijo exigieron 3 mil 800 millones de dólares en sobornos, principalmente al Ministerio de Deportes de Rusia, para ocultar los resultados de las pruebas antidopaje que mostraban que los atletas rusos habían tomado sustancias que potenciaban su rendimiento, dicen los fiscales.
Después que el escándalo salió a la luz, la Agencia Mundial Antidopaje concluyó que Diack padre “autorizó y parece haber tenido conocimiento personal del fraude y la extorsión a los atletas”. La Agencia también retiró varias medallas ganadas por atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 2012.
Aparte, Diack se llevó un millón y medio de dólares en acuerdos televisivos y un patrocinio ruso para financiar una campaña electoral en Senegal, según los fiscales. Las autoridades francesas están investigando si los sobornos fueron pagados para influir sobre la selección de las ciudades para ser sede de los Juegos Olímpicos y de los campeonatos mundiales. En caso de ser condenado, Lamine Diack pasaría hasta cuatro años en prisión por corrupción y lavado de dinero. Padre e hijo niegan cualquier delito.
Diack no contestó a un cuestionario de ICIJ. Días previos a la publicación de los FinCEN Files, la corte de París lo condenó a cuatro años de cárcel por corrupción y abuso de confianza. Su abogado tachó la decisión de “injusta”. Su padre fue condenado a cinco años de cárcel por su complicidad en actos de corrupción y a una multa de más de un millón de dólares.
En Twitter, dijo que es inocente y que quedó “sorprendido por el veredicto”, basado según en el en “falsedades”. Ambos no tuvieron cargos de lavado de dinero, y ambos apelaron la sentencia.
El proceso contra Diack se llevó a cabo en París, pero el presunto esquema financiero fraudulento es de alcance global.
Un ejemplo: en febrero de 2013, en tan solo 72 horas, una empresa senegalesa, Pamodzi Consulting, desparramó 1 millón 250 mil dólares entre un conjunto de clientes inusuales: Lamine Diack, un joyero radicado en París, una federación de deportes rusa y un vendedor de relojes, perfumes y productos de belleza de lujo.
“La participación de esta empresa francesa en un contrato de una consultora de marketing deportivo parece incongruente con su sector de actividad declarado, a saber, ‘el comercio minorista de productos de belleza y perfumes’”, escribió la agencia de inteligencia financiera de Francia (TRACFIN) a los fiscales en relación a la tienda francesa, según documentos consultados por el ICIJ.
Era mucho dinero en efectivo para una empresa del centro de Dakar sin currículo; ni siquiera tenía un sitio web.
El Citibank tardó dos años en darse cuenta que había procesado transacciones que formaban parte de un importante escándalo de sobornos deportivos.
Según documentos confidenciales a los que accedió el ICIJ, cuentas de otros bancos –Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan Chase y UBS– también enviaron o recibieron pagos sospechosos, que fueron informados a los investigadores franceses.
Casi un año después del arresto de Diack en 2015, el Citibank reportó 112 giros por un monto de 55 millones 700 mil dólares que empezaron en 2007. Uno de los pagos sospechosos más recientes –un anticipo de 30 mil dólares por el pago de una reserva en el Hotel California de París– fue enviado pocos meses antes del arresto de Diack.
También se realizó un giro de 45 mil dólares a un vendedor de autos de Qatar y otro, de 435 mil dólares, a una empresa de Singapur, Black Tidings, con sede en un complejo de viviendas públicas.
El dinero reportado a la FinCEN solo representa una parte de un torrente de dólares, francos, rublos, renminbis y euros que presuntamente fueron a parar a los bolsillos de entrenadores, médicos, administradores y ministros, en uno de los escándalos más sórdidos de la historia del deporte.
En el camino, robaron a los atletas los sueños de toda una vida.
Ante una multitud entusiasta y una audiencia global de millones de telespectadores, la rusa Yulia Zarípova ganó la medalla de oro por los 3 mil metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La corredora tunecina Habiba Ghribi terminó segunda.
A Zarípova le arrancaron su victoria en 2016 después de determinar que se había ocultado el resultado positivo de dopaje como parte de la estratagema de dopaje rusa. Ghribi recibió más tarde la medalla de oro, en una pequeña ad hoc, llevada a cabo un domingo por la noche de domingo cerca de la ciudad de Túnez, al margen de un torneo de atletismo para jóvenes adultos.
Ghribi le dijo a Inkyfada, medio asociado a ICIJ, que el hecho de haber perdido contra una competidora que estaba dopada le costó miles de dólares de ingresos y acuerdos de patrocinios.
“No es lo mismo ser campeona que subcampeona”, dijo Ghribi.
Colapso en Ucrania, preguntas en Wall Street
“Nos sentamos esperando un milagro”, dijo Olha Prykhodko, al recordar el día, nueve años atrás, cuando rogó en la iglesia para ver a su madre por última vez. “Y cada vez que traían a otro ser humano en una bolsa de plástico negra, esa esperanza se esfumaba.”
Prykhodko describió el aspecto de su madre, Nadezhda Kulinich, en el funeral. La mandíbula dislocada de Kulinich estaba vendada con cinta blanca. Tenía los dedos hechos añicos y los brazos azules, señales de un intento inútil de proteger su rostro mientras llovían toneladas de rocas, metales y hormigón sobre ella.
El 29 de julio de 2011, Kulinich fue una de las 11 personas que fallecieron en una mina del gobierno, en el este de Ucrania. Colapsó una torre en el edificio donde los empleados separaban carbón y roca.
“Mamá se quejaba de que todo se estaba derrumbando”, le dijo Prykhodko al Kyiv Post, socio del ICIJ. Kulinich incluso dijo a una comisión de seguridad que vistió el lugar antes del accidente que “los ladrillos seguían cayéndoles sobre la cabeza”, dijo Prykhodko.
Los empleados se quejaron de que la torre que colapsó no había sido remplazada en 50 años.
Prykhodko, que ahora tiene una hija, culpa a “toda la cadena de responsabilidades, que llega hasta el gobierno de Kiev”. Desde la ventana de su casa puede observar el sitio donde falleció su madre.
Los mineros ucranianos dicen que la corrupción desenfrenada los pone en riesgo. Muchas de las minas de carbón del país, incluida la de Bazhanov, donde murió Kulinich, pertenecen al Estado. Hace mucho tiempo que constituyen una de las fuentes favoritas del saqueo perpetrado por cleptócratas, según activistas anticorrupción, empleados y autoridades.
En esa industria, las fallas en el equipamiento representan un motivo constante de preocupación. Las minas han informado que poseen apenas más de la mitad de las máscaras necesarias para que los mineros respiren en caso de colapso.
En una entrevista con una revista ucraniana, el sindicato minero se quejó de que toman equipamiento obsoleto de las minas abandonadas del país, lo pintan y lo reasignan.
El colapso de la torre de Bazhanov, en la ciudad de Makíivka, fue uno de los tres accidentes mineros que tuvieron lugar esa misma semana en Ucrania y que en su conjunto se cobraron la vida de por lo menos 39 hombres y mujeres. Todos los accidentes sucedieron en el este del país, rico en carbón, cerca de la frontera con Rusia.
Una comisión oficial indicó que el equipamiento envejecido fue uno de los posibles factores que provocó el colapso de la torre Bazhanov, y recomendó cambiar la forma y los plazos en que se inspeccionan las torres.
Una proveedora de la mina Bazhanov era una empresa chipriota desconocida llamada Tornatore Holdings Ltd. Meses después del funeral y a más de 8 mil kilómetros de distancia, Peggy McGarvey, la directiva de cumplimiento de mayor jerarquía del Deutsche Bank en Wall Street, trataba de entender a quién pertenecía Tornatore.
Lo que le llamó la atención no fue el accidente fatal sino las señales de advertencia que percibió el banco luego de procesar dos grandes pagos de parte de Tornatore: en diciembre de 2011, la sociedad recibió 5 millones 500 mil dólares de una subsidiaria de equipamiento minero ucraniana llamada LLC Gazenergolizing. Al día siguiente, Tornatore envió 999 mil 994 dólares a una importante empresa de arrendamiento rusa, perteneciente en parte al Kremlin.
Los pagos de cuantiosas sumas de dinero, algunas de las cuales se acercaron al millón de dólares –que los expertos consideran una “huella digital” del fraude– pusieron fin a un año de incertidumbres del Deutsche Bank respecto de Tornatore.
La empresa había realizado pagos sospechosos y no tenía dirección clara ni “área de negocios”, escribieron los banqueros en informes fechados en marzo de 2011, pocos meses antes del accidente en la mina Bazhanov.
El equipo de McGarvey observó que la empresa arrendataria describió las últimas transferencias bancarias como “regalos” y como el rembolso de un préstamo, y quisieron obtener más información, según señala el informe del banco de febrero de 2012.
El banco ruso de Tornatore, Globex, había asegurado al Deutsche Bank que “el cliente no realizaba operaciones sospechosas”. Pero los colegas de McGarvey insistieron y le pidieron a Globex: “Por favor, envíenos información comercial de Tornatore”.
“No tenemos información”, respondió el banco ruso.
McGarvey, que sigue siendo directora de reporte de actividades sospechosas del Deutsche Bank en Estados Unidos, no respondió las preguntas formuladas para elaborar este artículo.
Fueron periodistas ucranianos quienes relacionaron a la empresa Tornatore con el accidente en Makíivka. En 2011, Tetiana Chernovol y Yuriy Nikolov informaron que Tornatore pertenecía a Yuriy Ivanyushchenko, un político cercano al entonces presidente Víktor Yanukóvich. Tornatore era su herramienta de controlar Gazenergolizing, una empresa que tenía un monopolio del equipamiento en las minas del país.
Nikolov y Chernovol, que fue miembro del parlamento de Ucrania entre 2014 y 2019, escribieron que la mina del Estado había comprado material de repuesto a Gazenergolizing antes del colapso, pero no pudieron determinar si este equipamiento había sido entregado y si era siquiera válido.
La auditoría superior de Ucrania publicó un informe en 2011 que pintó un cuatro lúgubre sobre las operaciones de la mina. Encontró equipamiento dañado valuado en 21 millones de dólares en la oficina central de la mina Bazhanov, a kilómetros del accidente, y detectó por 205 millones de dólares de “deficiencias en la contabilidad y groseras violaciones a la disciplina financiera y presupuestaria”.
Ivanyushchenko huyó luego de la revolución de 2014 en Ucrania y está siendo investigado por las autoridades de Ucrania y Suiza por presuntas malversaciones de millones de dólares destinados para proyectos de energía.
A través de su abogado suizo, Ivanyushchenko negó que tiene acciones en Tornatore o en Gazenergolizing. “La supuesta ‘información’ a la que parece referirse es falsa”, dijo.
“Cualquiera puede ser traficante”
Brandon Hubbard, el traficante de drogas que ahora se encuentra en una prisión de Dakota del Norte, no se consideraba un delincuente financiero.
“Veo a los que lavan dinero como personas que invierten en carwash o restaurantes” para blanquear dinero sucio, dijo Hubbard al ICIJ, o como personas que hacen “lo que hacen los oligarcas rusos, que sacan el dinero de Rusia y lo llevan a bienes raíces en Estados Unidos”.
Hubbard se volvió uno de ellos. Pugilista durante la secundaria, Hubbard, que creció en Portland, Oregon, dijo que se quedó anonadado cuando la policía le dijo que estaba acusado no solo de distribuir drogas letales sino también de delitos financieros.
“Nunca consideré nada de lo que hacía como lavado de dinero”, dijo Hubbard. “Pero ya lo sabe, me han sentenciado a ocho años de prisión por eso.”
En 2018, más de 31 mil estadunidenses murieron a causa de opiáceos sintéticos, como el fentanilo. El fentanilo y otras drogas hechas en laboratorio, algunas de ellas 10 mil veces más potentes que la morfina, matan actualmente a más estadunidenses que cualquier otro opiáceo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que todo esto es posible gracias al delito financiero.
El año pasado, el Departamento publicó una advertencia a las instituciones financieras para generar conciencia en torno a las estratagemas que facilitan la llegada de opiáceos.
Datos financieros y judiciales muestran que los perfiles de los traficantes de fentanilo varían, desde criminales reincidentes con redes de intermediarios hasta un residente de Pittsburgh que adquirió 100 gramos de fentanilo vía MoneyGram, los cuales fueron entregados a una dirección con el nombre de Avon Barksdale, un personaje ficticio de la serie de HBO “The Wire”.
“Con los teléfonos inteligentes, ahora cualquiera puede ser traficante”, dice Donald Im, agente especial asistente a cargo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). “Si cualquiera puede ser conductor de Uber, cualquiera puede ser traficante de drogas”.
Los traficantes “utilizan todos los métodos de la economía y del sistema financiero”, dijo Im, quien trabajó en la Operación Negación, una investigación en curso sobre el tráfico de fentanilo y otras drogas. Las condenas de Hubbard y de Anthony Gomes derivaron de la operación.
Hace unos meses, la policía llamó a la casa de Emily Spell con una novedad. Emily recuerda que le dijeron que están teniendo problemas para atrapar al “principal narcotraficante” de China.
“Este pueblo es tan pequeño y tan rural”, dijo Emily, “que el hecho de que mi hermano haya podido conseguir drogas que terminan viniendo de cualquier punto del planeta es verdaderamente escalofriante.”
FUENTE: PROCESO/ICIJ.
AUTOR: /WILL FITZGIBBON.
LINK: https://www.proceso.com.mx/649106/fincen-files-sin-control-de-los-bancos-globales-el-dinero-sucio-destruye-suenos-y-vidas