Durante un mensaje a medios, la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, expuso que ha quedado en evidencia “la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho”.
El pasado 11 de septiembre, Godoy anunció que el caso de la presunta red de prostitución que operaba en la sede del PRI de la Ciudad de México será revisado, ya que existieron omisiones graves que afectaron el proceso.
También informó que la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi 10 mil fojas del expediente del priísta.
“Ello, para el perfeccionamiento de la investigación, ya que se estima necesario realizar las diligencias que permitan esclarecer los hechos, lo cual es conforme a los criterios procedimentales nacionales y los estándares internacionales de investigación aplicables en la materia de trata”.
Godoy detalló que se desarrollan diligencias de carácter científico y objetivo que generarán peritajes en los que se están analizando varios audios, haciendo uso de la tecnología disponible, y con la participación de personas expertas de otras instituciones que acompañen esta investigación
“Investigaremos hasta llegar a la verdad de los hechos e indagaremos a quienes se tenga que investigar”, sostuvo la funcionaria capitalina, argumentando que el objetivo de la Fiscalía es “tener seguridad de lo acontecido, colocando en el centro a las víctimas y el respeto a los derechos humanos”.
Durante su mensaje afirmó que la impunidad “invita a la repetición y alienta al crimen”.
“Combatirla significa aproximar la justicia que fue negada por actos u omisiones de los servidores públicos responsables de la entonces procuraduría”, sostuvo Godoy.
En julio de este año Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre promovió un amparo ante un juez de control con el objetivo de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ponga fin a la investigación en su contra.
La fiscal General afirmó que buena parte de los “justos reclamos sociales” y del movimiento de las mujeres “es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones para proteger a las mujeres y castigar la violencia que se ejerce en su contra”.
“Todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta Fiscalía tienen el deber de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas. Quien no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional, no tiene lugar en esta institución”, declaró.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2020.
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