Pero mientras eso sucede, el 40 por ciento de los policías estatales, la primera línea de defensa para prevenir y en su caso detener a los homicidas y criminales, gana menos de 10 mil pesos al mes, y el diez por ciento percibe menos de cinco mil. A ello se suma la falta de capacitación y de evaluación de los agentes.
Datos oficiales dados a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) confirman lo anterior, y además muestran que, por primera vez en los últimos cuatro años, las cárceles están recibiendo más personas de las que salen, con lo que vuelven a crecer los riesgos de sobrepoblación.
La constante son los altos niveles de violencia. En septiembre se registraron más de 2 mil 600 asesinatos en México, de acuerdo con un avance preliminar del Secretariado Ejecutivo del SNSP. Es un nivel muy similar al de meses previos. La cifra definitiva se dará a conocer el día de hoy.
Con ello, y tomando en cuenta que en los primeros 21 meses del sexenio ya se habían acumulado 62 mil 740 asesinatos, la cifra total de homicidios y feminicidios en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya rebasa las 65 mil 340 víctimas.
Dicho de otra forma: durante el actual sexenio todos los días son asesinadas, en promedio, por lo menos 99 hombres y mujeres, mayores y menores de edad. Equivale a cuatro crímenes por hora, o un nuevo asesinato cada quince minutos en México.
En el caso específico de los homicidios dolosos, las fiscalías del país reportaron la apertura de 51 mil 517 carpetas de investigación desde diciembre de 2018 hasta agosto pasado, que llegarán a 54 mil una vez que se conozca el dato de septiembre. Son los primeros 22 meses de un sexenio más violentos por lo menos de los últimos cuatro gobiernos.
Para ponerlo en proporción. En comparación con los primeros 22 meses del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el que se registraron 31 mil 567 averiguaciones por homicidio doloso, el incremento es del 71 por ciento en el arranque del actual gobierno.
Y si se compara con la primera parte del sexenio del expresidente Felipe Calderón, donde hubo 20 mil 645 casos de homicidio denunciados, el crecimiento es superior al 161 por ciento con López Obrador.
El actual gobierno, sin embargo, a diferencia de sus antecesores, recibió el país con una tendencia creciente de los homicidios dolosos y feminicidios. Actualmente dicho crecimiento se ha estancado (aun cuando en 2019 se llegó a un nuevo récord de casos), pero no se ha conseguido establecer una tendencia de descenso.
Policías luchan, pero con carencias propias
La mayor parte de los policías estatales en México tienen que enfrentar al crimen común y organizado con bajos salarios y una capacitación, en el mejor de los casos, a medias. Los datos del Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 dados a conocer ayer por Inegi lo demuestran.
De un total de 120 mil 155 policías estatales desplegados 30 entidades del país (los datos de Ciudad de México y Estado de México no se recibieron), hay 48 mil 129 que percibe un salario mensual inferior a los diez mil pesos. Se trata del 40 por ciento de todos o uniformados desplegados.
Y entre esos agentes con sueldos bajos, hay 11 mil 125 cuyo salario mensual no rebasa ni los cinco mil pesos. Son, en promedio, uno de cada diez policías estatales desplegados.
En contraste, apenas el 17 por ciento de todos los policías estatales del país percibe un salario mayor a los 15 mil pesos mensuales, y solo un 6 por ciento gana más de 20 mil pesos en ese periodo.
Las cifras de Inegi muestran, además, que en 2019 solo 13 mil 886 agentes fueron capacitados en temas de respeto a los derechos humanos, apenas un 11.5 por ciento. Solo 8 mil 452 agentes, menos de 10 por ciento, fueron entrenados en cadena de custodia (preservación adecuada de evidencias).
Apenas 11 mil 391 policías, la décima parte del total, tuvo una capacitación certificada en 2019 en materia de “primer respondiente”, que implica prepararlos en cómo atender un delito en flagrancia o cómo acordonar una escena del crimen. E incluso, solo 6 mil 940 policías -apenas 5.7 por ciento- fueron preparados y certificados en 2019 en cuanto al uso legítimo de la fuerza.
La información de Inegi también muestra una evaluación incompleta de las aptitudes, habilidades y confianza de los policías. Y es que de un total de 39 mil 410 policías estatales que tendrían que haber sido examinados en control de confianza en 2019 (por ser de nuevo ingreso o porque caducó su certificado), solo 28 mil 74 fueron examinados, es decir, el 72 por ciento del total.
De los agentes que sí fueron examinados un 20 por ciento reprobó las evaluaciones de control de confianza por lo que, de acuerdo con la ley, tienen que ser dados de baja.
En esas condiciones los policías tienen que enfrentar altas demandas de trabajo. De acuerdo con los censos de Inegi, dichos agentes atendieron en 2019 un total de 1 millón 401 mil 724 casos, desde faltas cívicas como generar escándalos o ingerir drogas en la calle, pasando por infracciones viales, hasta la comisión de delitos como robos, homicidios, entre otros.
Ser policía es un trabajo de alto riesgo y lo es más cuando también tienes que enfrentar a la delincuencia organizada. En 2019, de acuerdo con el censo, los policías estatales se vieron envueltos en 336 enfrentamientos con civiles armados, que dejaron un saldo de 68 policías muertos y 122 agentes lesionados.
Dichos choques con el crimen organizado son la primera causa de muerte de los policías, pues los 68 caídos representan poco más del 54 por ciento del total de policías abatidos. La segunda causa de muerte de los policías son los accidentes vehiculares durante patrullajes, con un diez por ciento de los casos.
Población de cárceles, de nuevo al alza
El Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 confirma un cambió importante en 2019: el cese de la despresurización en las cárceles del país. Por primera vez en los últimos cuatro años, fue mayor la cantidad de personas que ingresaron a los penales, que las que salieron.
Los datos arrojan que el año pasado se registraron 104 mil 152 personas a las prisiones de 31 entidades del país, mientras que, por el contrario, 93 mil 361 abandonaron dichas instalaciones. Es una diferencia de más de diez mil casos entre ingresos y egresos.
En 2018, por ejemplo, el comportamiento había sido a la inversa: 101 mil 512 personas ingresadas por 103 mil 820 que salieron. Un balance de más de dos mil casos a favor de los egresos.
Este cambio en el comportamiento de la población penitenciaria coincide con diversas reformas constitucionales, que han provocado un incremento en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática. Ello impulsado desde el gobierno de López Obrador, que ha sostenido que “agravar” delitos supuestamente ayudará a combatir la impunidad.
Hasta ahora no hay indicadores que prueben lo anterior, pero lo que ya es claro es que el descenso en la población en cárceles se revirtió. Animal Político publicó el pasado 5 de octubre que, en lo que va del 2020, la cifra de cárceles con niveles de sobrepoblación ha crecido de 110 a 121 complejos.
Los datos de Inegi muestran además que, del total de las personas en prisión al cierre de 2019, había 58 mil 753 que equivalen a casi el 38 por ciento que no contaban con una sentencia, es decir, están en prisión preventiva. Dicho de otra forma: casi 4 de cada 10 personas presas están ahí sin que se determine si son culpables o no.
El 34.6 por ciento de las personas que están presas, 1 de cada 3, es por un delito de robo en alguna de sus modalidades. Un 19.6 por ciento, 1 de cada 5, está internada por algún homicidio; el 9 por ciento por cargos de violación; el 8.4 por ciento por secuestro; el 5.3 por ciento por narcomenudeo, entre otros.
Un censo incompleto
El Inegi publicó el Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020 con información incompleta. Ello ya que en el apartado de seguridad pública no se detallaron datos del Estado de México ni Ciudad de México, mientras que en el apartado de sistema penitenciario no se incluyeron cifras de la capital del país.
Se trata de las dos entidades que concentran, y por mucho, la mayor cifra de policías estatales, la mayor cantidad de infracciones y denuncias, y el mayor numero de personas privadas de la libertad. En ediciones anteriores de este censo no se habían presentado este tipo de situaciones.
Cuestionada por Animal Político sobre la ausencia de datos de las entidades referidas, en el Inegi explicaron que el retraso se debe al impacto de la pandemia. En concreto dichas entidades no consideraron como una actividad esencial el proporcionar la información requerida para el censo, lo que ocasionó que la misma llegara tarde, y que se retrasara la validación y verificación de la misma.
En el Inegi indicaron que será en diciembre cuando los datos del censo se actualicen con la información de los dos estados faltantes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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