La Alianza, integrada por jornaleros promotores de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que es «urgente» que las políticas públicas orientadas a los jornaleros y sus familias aseguren y garanticen sus derechos humanos, «pues las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran».
Las organizaciones explicaron que la pandemia de coronavirus no sólo visibilizó a nivel global la relevancia de los jornaleros y trabajadores agrícolas, sino también evidenció «la triple vulnerabilidad a la que esta población está expuesta por la falta de garantía a sus derechos, por las condiciones de desigualdad permanente en la que viven y por la falta de reconocimiento de su trabajo como esencial para la vida humana y supervivencia».
Por ello, exigieron al gobierno federal y a las instituciones proteger y garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas y jornaleros, como a una remuneración digna por su trabajo, alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
El comunicado completo:
En México cerca de 3 millones de personas trabajan en el campo, de las cuales, 99% viven en condiciones de pobreza, marginación y desigualdad social y económica a causa de su bajo nivel de ingreso, lo que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas en salud, educación, condiciones laborales, vivienda y seguridad social.
El trabajo agrícola es por naturaleza físicamente demandante, ya que implica largas jornadas laborales en las que las personas trabajadoras del campo están de pie por largos periodos de tiempo. Además, los riesgos de accidentes aumentan con la fatiga, el terreno difícil en los que laboran las personas jornaleras, así como por la exposición a plaguicidas y la falta de acceso a servicios de salud básica. Aunado a esto, la mayoría de las y los jornaleros trabajan de manera temporal, sin contrato, y por estaciones, lo que conlleva a una constante movilidad y migración entre estados, generalmente de familias enteras. Además de asentamientos de población jornalera locales en diferentes entidades. En los trabajos del campo, también hay un importante número de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres y mujeres jóvenes con menores de edad. Desafortunadamente, existe un importante rezago en información, ya que la última Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009) fue realizada hace más de diez años, por lo que los datos existentes son insuficientes, inexactos y desactualizados.
Este año, la pandemia por Covid-19 visibilizó a nivel global la relevancia de las y los trabajadores esenciales, quienes no tuvieron oportunidad de parar ante la crisis sanitaria y económica, como es el caso de las personas jornaleras y trabajadoras agrícolas, quienes siguieron trabajando para que los alimentos llegaran y sigan llegando a nuestros hogares. Asimismo, la pandemia, evidenció también la triple vulnerabilidad a la que esta población está expuesta por la falta de garantía a sus derechos, por las condiciones de desigualdad permanente en la que viven y por la falta de reconocimiento de su trabajo como esencial para la vida humana y supervivencia.
Ante este contexto, personas jornaleras promotoras de derechos humanos junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, conformamos la Alianza Campo Justo, con el fin de impulsar una estrategia amplia de lucha y exigencia de los derechos de las familias y personas jornaleras agrícolas en México, en particular la exigencia puntual de un salario mínimo profesional, que permita dar un primer paso en el reconocimiento de los derechos de las personas agrícolas y la garantía de condiciones dignas de vida.
Por ello, exhortamos al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) para que incluyan la propuesta de fijación de salario mínimo para personas jornaleras en sus sesiones de este año, y de esta forma se dé cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo que se reformó desde mayo del 2019.
Recordando, además, los diversos instrumentos internacionales ratificados por México, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) el cual reconoce la importancia de la suficiencia del salario mínimo y prestaciones y beneficios para el bienestar de las personas. El PIDESC determina que las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias deben asegurar, entre otras cosas, una remuneración que propicie mínimamente para todas y todos los trabajadores condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, así como, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Resulta urgente que las políticas públicas orientadas a la población jornalera y a sus familias aseguren y garanticen sus derechos humanos, pues las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado revertir las desigualdades estructurales en las que laboran. Desde la Alianza Campo Justo hacemos un llamado al Gobierno de México a pasar de los dichos a los hechos y reconocer los derechos de las personas jornaleras que con su trabajo llevan alimento a millones de familias en nuestro país y el extranjero.
AUTOR: REDACCIÓN.
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