El PT, aliado de Morena en su llamado bloque de la Cuarta Transformación, reformó su estatuto en plena pandemia, en agosto pasado, supuestamente para incluir el combate a la violencia política contra las mujeres, pero de paso buscó eternizar a sus líderes.
Ese golpe a la democracia interna fue frenado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que en sesión de Consejo General resolvió que esos cambios estatutarios no surtirán efectos legales y ordenó al PT eliminar sus nuevas reglas de reelección.
Esta es la tercera vez que autoridades electorales dan reversa al intento del PT de establecer liderazgos vitalicios.
Aun así, hoy ya llevan 30 años en la conducción de ese partido, mismo que encabezan desde su creación, en 1990, periodo sólo interrumpido por un año de pérdida de registro, en 1991.
El dirigente visible del PT es el exdiputado y exsenador Alberto Anaya, aunque en realidad esa fuerza política cuenta con órganos de dirección colectiva que han sido ocupados de forma ininterrumpida desde 1995 por Anaya, Rubén Aguilar, Alejandro González Yáñez, Oscar González Yáñez, Reginaldo Flores y Ricardo Cantú, entre otros.
En 2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó, al resolver impugnaciones de militantes, que el PT violaba la ley al no contar con reglas democráticas. Le ordenó incluir mecanismos que permitieran la renovación periódica de sus dirigencias, e incluso regular la reelección, pero que ésta no fuera indefinida como lo era.
“La posibilidad de reelección indefinida en los cargos de dirección y, en consecuencia, el riesgo de que los mismos se vuelvan vitalicios o atemporales, violenta aspectos esenciales de la democracia interna de los partidos, que deberían estar considerados en sus estatutos y regir su organización”, establecieron los magistrados.
En su resolución de 2010, el Tribunal documentó entonces que de forma interrumpida los dirigentes del PT se habían mantenido desde hacía 20 años y 15 años en el caso de otros órganos.
Estableció que los mismos dirigentes habían encabezado la Comisión Política Nacional (1990-1993 y 1993-1996), la Comisión Coordinadora de la Comisión Ejecutiva Nacional (1996-1999 y 1999-2002) y la Comisión Coordinadora Nacional (2002-2005 y 2005-2008).
El PT acató el fallo y dispuso que la reelección se permitiría por un periodo. Así, los mismos dirigentes fueron electos y cumplieron su “primer” periodo, ya con las nuevas reglas de 2011 a 2017 de forma ordinaria, y fueron reelectos en 2017 y hasta 2023.
Pero en junio de 2017 ese partido realizó nuevos cambios estatutarios, para cumplir un nuevo mandato del Tribunal que le ordenó la integración paritaria de sus órganos de dirección, en los que prácticamente eran inexistentes las mujeres.
Sólo que de nuevo aprovechó las reformas para agregar un nuevo periodo de reelección: incluyó un tercer artículo transitorio para establecer el derecho de sus dirigentes a “ser reelectos por un periodo inmediato, de hasta seis años”, siempre y cuando se cumpliera con “servicios al partido, lealtad a sus principios, y cualidades personales de honorabilidad, competencia y méritos personales”.
La posibilidad de volver a extender mandatos que ya para entonces sumaban casi 27 años fue rechazada: el INE no avaló los cambios y quedó cancelada esa enmienda, por lo que los actuales dirigentes concluirán su mandato en 2023.
Este año de nueva cuenta reincidió. El 22 de agosto pasado, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, el Onceavo Congreso Nacional del PT avaló por unanimidad una nueva reforma estatutaria supuestamente para introducir reglas para combatir la violencia política en contra de las mujeres por razón de género.
De paso, a través de un tercer artículo transitorio, estableció que la reelección, ya regulada, permitida y ejercida, apenas empezaría a correr.
“Por única ocasión, surtirá efectos a partir del siguiente periodo de renovación”, se precisó, es decir, se abrió la vía de otros 12 años adicionales, de 2023 hasta 2035, a pesar de que ese refrendo en el cargo de dirigentes ya ocurrió en 2017.
“Se estaría avalando una prórroga más por 12 años para ejercer el derecho de ser votado bajo el principio de reelección, truncando así el derecho y obligación de renovación ordinaria de los órganos estatutarios, lo que vulnera el principio electoral de periodos cortos de mandato”, determinó el INE.
Ahora al PT le quedaría sólo el camino de acudir de nueva cuenta al TEPJF en busca de un posible cambio de criterio al ya establecido hace 10 años sobre la necesidad de procedimientos de renovación periódica y democrática que deben tener los partidos políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARINA GARCÍA.
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