La demanda que es acompañada por las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos.
Según la ley francesa, desde 2017 establece el deber de vigilancia y cumplimiento a derechos humanos, misma que se retomó para evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de esta comunidad indígena asentada en el Istmo de Tehuantepec, en estado de Oaxaca.
Resaltaron que esta demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por una comunidad indígena, la cual tuvo que acudir a instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobierno mexicano.
La defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo, Rosalva Martínez, manifestó que “este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en México ni en Francia ni en ninguna parte del mundo”.
A su vez, Alejandra Ancheita, de ProDESC, y Miriam Saage-Maaß, de ECCHR, resaltaron que “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México”.
“Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla”, puntualizaron.
La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).
Estos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de Unión Hidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa.
Cabe mencionar que ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad de Unión Hidalgo y l ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.
Insistieron en que EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de la comunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.
Y es que la empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.
Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa.
Mencionaron que Unión Hidalgo buscó justicia en México a partir de un amparo presentado por personas defensoras y en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.
Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió. Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos.
Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario