La empresa francesa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando la consulta desarrollada por las autoridades mexicanas respecto al proyecto, detalla la demanda comunitaria.
Defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad sufrieron violencia al ser estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa, indicó la comunidad oaxaqueña.
En 2017, miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa EDF para que cumpliera con la obligación de respetar los derechos humanos, como se establece en la Ley francesa del Deber de Vigilancia, con el objetivo de evitar que se cometieran mayores violaciones en contra de la comunidad.
Un año después, en 2018, presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos, además de un amparo que falló un Juzgado Federal en México en favor de la comunidad y ordenó a la autoridades mexicanas al desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales, sin embargo la actuación de la empresa francesa y la de sus socios comerciales locales no cambió.
“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en México ni en Francia ni en ninguna parte del mundo”, señaló Rosalva Martínez, defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo.
Así mismo, Alejandra Ancheita y Miriam Saage-Maaß, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, comentaron que las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad, e indicaron que EDF también es responsable y tiene una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México.
La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa.
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