Prueba de ello, aseguró, es que de marzo a la fecha la activista, detenida en el penal de Morelos, acumula seis denuncias penales.
José Antonio Lara Duque, abogado de la coordinadora del colectivo "Zapata Vive", precisó que se han detectado al menos seis carpetas de investigación levantadas en contra de Hernández Montalván, de las que cuatro son por supuestos delitos del fuero federal y dos del fuero común en el Estado de México.
Además de la persecución judicial implementada contra la activista, señaló, ella se encuentra aislada en un penal de Morelos, a donde fue trasladada a petición de la defensa tras su tercera detención, la madrugada del domingo 25, ahora acusada de ataques a las vías de comunicación.
Originalmente había sido trasladada al penal federal de Acapulco, Guerrero, pero corría riesgo en ese lugar, dado que en 2019 fue extraída de esa entidad como parte del mecanismo de protección al que se encuentra sujeta.
El litigante consideró que, además, el propósito del hostigamiento contra Kenia Hernández es someterla a tortura psicológica, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya generó un expediente de medidas cautelares en las que se demanda el resguardo de su integridad física y emocional.
El también integrante del CDHZL expuso que detrás de esta campaña de hostigamiento se encuentran las concesionarias de autopistas del país y Capufe, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR).
El defensor consideró que el objetivo de la persecución es dar un castigo ejemplar a Kenia Inés para enviar el mensaje de que la protesta social no será permitida.
José Antonio Lara dejó en claro que el Estado mexicano está obligado a resguardar la integridad de la activista, pero también su labor, y anticipó que el viernes y sábado próximos se reforzará la cruzada de protestas en el país para exigir que Hernández Montalván sea liberada.
En tanto, durante su comparecencia por la glosa del tercer informe de Alfredo del Mazo, Ernesto Nemer, secretario general de Gobierno del Estado de México, reconoció que la entidad ha abierto a la fecha 137 carpetas de investigación y puesto a disposición a 47 presuntos delincuentes por la toma de casetas.
Indicó que el gobierno mexiquense celebra reuniones periódicas con Capufe y los concesionarios para levantar las denuncias correspondientes y "evitar la impunidad", y aseguró que este tipo de casos se atiende con base en un protocolo de actuación en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario