Esta disputa desembocó en una parálisis financiera en el Seguro Social en el primer año del actual gobierno, que llevó al Instituto a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su exdirector de Administración por retrasos en la compra de insumos médicos, contratación de personal y construcción de infraestructura.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y, tras un año y medio de indagatorias, finalmente acusará a Cienfuegos ante un juez de haber cometido presuntas irregularidades y omisiones que afectaron la adquisición y el abasto de insumos médicos en al menos una de las delegaciones del IMSS. La audiencia inicial está programada para el 9 de noviembre en el Reclusorio Norte, como parte de la causa penal 317/2020.
En la pugna burocrática que agravó la crisis del IMSS participaron los mandos de la Secretaría de Hacienda y del propio instituto. El choque entre ambas partes se originó por una reforma que desde el primer día del nuevo gobierno centralizó en la Oficialía Mayor las compras y contrataciones de todas las instituciones públicas, incluido el Seguro Social.
A partir de ahí, el entonces Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; su Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, y el entonces director general del IMSS, Germán Martínez, se enfrascaron en una disputa por el control del presupuesto y la administración de la tercera institución que más gasta en el país, después de Pemex y la CFE, de acuerdo con cientos de documentos internos a los que tuvo acceso Animal Político.
Sin embargo, las acusaciones por la crisis del Seguro Social recaen únicamente sobre el exdirector de Administración porque el área a su cargo tiene la obligación de llevar a cabo los procedimientos de adquisición de recursos materiales, construcción de obra pública y abastecimiento, así como administrar al personal.
La defensa de Flavio Cienfuegos niega que el exfuncionario incumpliera “con la debida diligencia en el servicio público” de esas funciones, y rechaza que hubiera causado un daño al patrimonio del IMSS y al derecho a la salud de la ciudadanía.
Hacienda tenía la última palabra
El primer golpe de timón de la nueva administración de López Obrador se produjo el 30 de noviembre de 2018, un día antes de que asumiera funciones su gobierno.
Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que arrebató a las instituciones —excepto a las Secretarías de la Defensa y la Marina— la facultad de controlar a sus Oficiales Mayores y regir sus compras y contrataciones, y la transfirió a la Secretaría de Hacienda con un objetivo doble: atajar la corrupción y generar ahorros.
La reforma estableció que los Oficiales Mayores, llamados ahora Titulares de Unidad de Administración y Finanzas, serían designados por Hacienda, pero al mismo tiempo “considerados servidores públicos de la respectiva dependencia”.
Es decir, estos funcionarios tenían dos jefes: por un lado, Hacienda —de la que dependía su designación—, y, por el otro, normativamente, el titular de la institución en la que cumplían funciones.
A la postre esta ambigüedad fue clave, ya que entorpeció el funcionamiento del IMSS y, al mismo tiempo, abrió un enfrentamiento con servidores públicos de Hacienda.
Sobre este punto, dos exdirectores del instituto confirmaron que Flavio Cienfuegos no respondía ante el director general del IMSS, Germán Martínez, sino a la Oficial Mayor Buenrostro, con quien sostenía reuniones semanales.
Mediante un acuerdo publicado en el DOF el 1 de diciembre, el día de la toma de protesta de López Obrador como Presidente, el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa, delegó en la Oficial Mayor federal, Raquel Buenrostro, la facultad de designar a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de todas las dependencias gubernamentales.
Y ese mismo día, Buenrostro notificó al director general del IMSS el nombramiento de Pedro Zenteno Santaella como el primer secretario de Administración del instituto. Pero Zenteno duró poco, apenas un par de meses, debido a diferencias con Germán Martínez, según las versiones de los exdirectores del Seguro Social que fueron consultados para esta investigación.
Para solucionar el conflicto, Hacienda hizo un enroque: envió a Zenteno al ISSSTE como titular de Administración, cargo que ocupaba allí Flavio Cienfuegos, y trajo a éste al IMSS, un movimiento que tampoco fue visto con buenos ojos por German Martínez, pues consideraba que el director general del Seguro Social y su Consejo Técnico debían hacer esos nombramientos.
Marínez Cazares criticó la centralización diseñada por el Gobierno a través de la figura de Hacienda al poco tiempo de asumir el cargo en el IMSS. Tras seis meses de pugna, Martínez Cazares renunció como director general acusando una “injerencia perniciosa” en el instituto.
A pesar del descontento del director del IMSS, que quedó asentado en varios oficios en poder de Animal Político, Hacienda continuó con el encargo del presidente López Obrador: el 7 de diciembre, Carlos Urzúa emitió unos “Criterios específicos” en los que prohibió a todas las instituciones hacer contrataciones en plazas permanentes y eventuales o por honorarios, y les indicó que cualquier contratación fuera consultada, vía su titular de la Unidad de Administración, con la Oficial Mayor, quien tendría la última palabra.
La propuesta del IMSS… que no tuvo respuesta
Germán Martínez respondió a Hacienda el 14 de diciembre, con el oficio 0952170500/12, que la centralización no era posible por ser el IMSS un organismo autónomo con una ley propia que rige su gasto y presupuesto.
El exdirector advirtió que los “Criterios específicos” emitidos por Hacienda, en los hechos, obstaculizaban y demoraban el cumplimiento de las funciones del IMSS relativas al derecho a vida, la salud y la seguridad social de la población.
Martínez Cazares propuso entonces a Urzúa que, para agilizar las contrataciones requeridas para el correcto funcionamiento del Seguro Social, el trámite consistiera únicamente en que el director general “notificara” a Hacienda los ingresos del nuevo personal contratado, en lugar del largo camino burocrático que implicaba que las distintas áreas del instituto solicitaran permiso al director de Administración para que éste, a su vez, consultara a la Oficial Mayor.
En dicho oficio, Martínez Cazares señaló la urgencia de contratar personal para operar la infraestructura hospitalaria que se tendría que construir en 2019, conforme la orden presidencial de ampliar la cobertura del Seguro Social.
También urgió a contratar a 45 peritos especializados en salud del trabajo para defender al instituto en litigios que, de perderse, implicarían un daño a las finanzas públicas por 7 mil 736 millones de pesos. Agregó que estaba en riesgo la continuidad de la contratación por honorarios de 1 mil 128 personas de la dirección Jurídica encargadas de juicios de responsabilidad patrimonial del Estado, laborales, penales, administrativos, civiles y mercantiles.
En otro oficio, el 0952170500/79, del 28 de marzo de 2019, Germán Martínez también pidió que se respetara la facultad de las delegaciones de recaudar cuotas obrero-patronales, hacer compras de medicamentos y contratar personal, ante el plan de Hacienda de desmantelarlas y centralizarlas.
Sin embargo, las propuestas del exdirector del IMSS no fueron tomadas en cuenta por Hacienda, tal y como señaló en su carta de renuncia al instituto, efectuada el 21 de mayo de 2019.
Ante los señalamientos de Germán Martínez de que funcionarios puestos por Hacienda estaban ocasionando una ‘asfixia’ presupuestal en el Seguro, Raquel Buenrostro, hoy titular del SAT, aseguró en una entrevista con Animal Político que la Oficialía Mayor no tenía facultades para designar a personal en el IMSS.
Su tarea principal, explicó en entrevista, era únicamente “acompañar” y “coordinar” las compras consolidadas de medicamentos, aunque Animal Político tuvo acceso a oficios en los que los exsecretarios de Administración del IMSS —Zenteno y Cienfuegos— la consultaban sobre la procedencia, o no, de la contratación de decenas de funcionarios en el Seguro Social. Su explicación fue que ella sólo hacía “proposiciones” y daba “opiniones técnicas”.
En cualquier caso, la exoficial mayor se deslindó respecto de la actuación de Flavio Cienfuegos, al asegurar que el cargo de este exfuncionario dependía del director general del IMSS. Aunque también sugirió revisar qué decisiones estaban fuera del alcance de Cienfuegos y correspondían en realidad a la titular de la dirección de Finanzas, Dimpna Gisela Morales González, o al Consejo Técnico.
“Los directores del IMSS tienen que responder, en primer lugar, a su director general (Germán Martínez), y también ante el Consejo Técnico, que, dicho sea de paso, en ese consejo el gobierno es minoría”, sostuvo Buenrostro en la entrevista.
Las denuncias
La primera denuncia ante la FGR se presentó el 3 de mayo de 2019 por el entonces apoderado legal del IMSS, Adalberto Méndez —quien también fungía como director de Vinculación y Evaluación de Delegaciones—. En ella se señala que varios delegados hicieron “múltiples y recurrentes” solicitudes a Flavio Cienfuegos para atender necesidades urgentes de abasto de medicamentos, operación de unidades médicas, servicios de traslado de ambulancias y contratación de personal.
Hubo otras dos denuncias en la FGR del 16 y el 17 de mayo, así como quejas ante el Órgano Interno de Control del IMSS y la Auditoría Superior de la Federación, todas contra Cienfuegos.
La denuncia inicial señala que 17 delegados pidieron a la Unidad de Personal, dependiente de Flavio Cienfuegos, contratar personal en áreas sensibles en sus Jefaturas de Finanzas, entre otras. Además, advirtieron que no contar con dicho personal mermaba la calidad de servicios brindados a los derechohabientes. El propio Adalberto Méndez denunció el retraso en la contratación por honorarios de 564 abogados para la Dirección Jurídica, a pesar de que la Oficialía Mayor de Hacienda ya había autorizado las plazas.
Otros seis delegados añadieron acusaciones de peticiones urgentes no atendidas.
Por ejemplo, el entonces delegado del IMSS en Coahuila, Pablo Linares, dijo que solicitó a varias jefaturas adscritas a la dirección de Administración la autorización de presupuesto para concluir la construcción de dos clínicas.
Agregó que no se le transfirieron a la delegación 27.9 millones de pesos que fueron aprobados en 2018 para la adquisición de equipo médico de soporte de vida (ventiladores respiratorios, monitores de signos vitales, máquinas de anestesia).
El exdelegado de Zacatecas, Manuel Cavazos Melo, indicó en la denuncia que pidió a Cienfuegos gestionar ante la Oficial Mayor de Hacienda la contratación del jefe de Servicios de Afiliación y Finanzas, a fin de que la delegación pudiera cobrar adeudos de municipios e instituciones del gobierno estatal que ascendían a 720 millones de pesos.
Otro caso es el de Jorge Manuel Sánchez, exdelegado de Guanajuato, que señaló haber solicitado recursos “de manera reiterativa” al director de Administración para garantizar la operación de unidades médicas en el estado.
Cienfuegos estuvo en el cargo de director de Administración del IMSS del 1 de febrero al 15 de julio de 2019, un poco más allá de la salida de Germán Martínez. Su sucesor como administrador, José Antonio Olivarez —ya en la gestión de Zoé Robledo como director general—, restituyó a las delegaciones la facultad de hacer compras y contrataciones de insumos médicos, lo que permitió reactivar el ejercicio presupuestal del Seguro Social, que estuvo congelado la primera mitad del año, el periodo de la disputa burocrática.
Tras varios meses del pleito burocrático, el 8 de agosto, el nuevo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera —sucesor de Carlos Urzúa—, publicó en el DOF un acuerdo por el cual quitó a la Oficial Mayor la facultad de designar a los titulares de las Unidades de Administración de Finanzas, misma que ahora recae en el titular de la Secretaría.
Rechaza la acusación
Para este reportaje, Animal Político buscó a Flavio Cienfuegos. El exfuncionario, a través de su defensa legal, dijo conocer la denuncia y sus términos, y las imputaciones en su contra, las cuales rechazó.
“Las imputaciones no son correctas. En ningún momento (Flavio Cienfuegos) incumplió con la debida diligencia en el servicio público, y menos aún causó un daño patrimonial a la institución, o afectación a los servicios del IMSS”, apuntó la defensa, que añadió que tiene “de manera detallada y precisa todos los elementos para desvirtuar tales acusaciones”.
En la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000051/2019, la Fiscalía General de la República responsabiliza a Flavio Cienfuegos por haber incurrido en presuntas irregularidades y omisiones que afectaron la adquisición de insumos médicos en al menos una de las delegaciones del instituto.
“El probable responsable fue omiso en ejecutar los procedimientos de contratación en los tiempos legales establecidos para ello, lo que originó un desabasto de insumos médicos en al menos una delegación”, indicó uno de los fiscales con pleno conocimiento del caso.
En un principio, la audiencia ante un juez de control del Reclusorio Norte estaba programada para este jueves 9 de octubre, pero ayer se reprogramó para el próximo 9 de noviembre.
En caso de que Cienfuegos sea vinculado a proceso, el juez ordenará un nuevo plazo de hasta seis meses como máximo para que continúen las investigaciones ministeriales. En caso de que el juez determine no procesar al exfuncionario, los fiscales pueden desistirse de la imputación, o pueden continuar con la indagatoria para perfeccionarla.
De acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos imputables al exfuncionario no ameritan prisión preventiva automática, por lo que, en caso de ser vinculado a proceso, podría llevar el proceso en libertad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL, MANU URESTE, NAYELI ROLDÁN, ARTURO ÁNGEL.
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