Esta cifra, sin embargo, representa apenas 1.76% del presupuesto total de este año, establecido en más de 301 mil millones de pesos.
El funcionario aseguró que con esa cantidad --mil 060 millones al mes o 36.5 millones diarios-- se apoyó a empresas, grupos vulnerables, campo, personas que perdieron el empleo y al sector salud.
Jarque Lira indicó que en marzo se concretaron tres recortes presupuestales por 4 mil millones de pesos en todas las áreas para atender la contingencia, además de que se compactó la administración estatal (se fusionaron seis secretarías en tres, lo que a decir del gobernador Alfredo del Mazo generó ahorros por 180 millones), con lo que se equiparon hospitales, se dotó de insumos al personal médico y se adelantaron entregas de programas sociales.
El funcionario estatal justificó que el SARS-CoV-2 es el principal enemigo del empleo a nivel mundial. En el caso del Estado de México, dijo, se perdieron 55 mil, mientras 50 mil afectados fueron beneficiados con el programa de apoyo al desempleo.
También aseguró que 45 mil empresas fueron apoyadas con beneficios fiscales y créditos, y anticipó que en 2021 se priorizará la inversión pública para atender la crisis económica.
Por su parte, el diputado petista Francisco Solorza recordó que la ley permite la reconducción de recursos por hasta 20% del total del presupuesto, y a pesar de la pandemia no se realizó la reestructuración correspondiente para atajar los estragos en salud y empleo; por el contrario, se priorizó el gasto en identidad mexiquense, comunicación social o reestructuración de deuda.
El panista Anuar Azar criticó la opacidad en el manejo de los recursos públicos, en temas como los subejercicios, que tan sólo en 2019, conforme a la cuenta pública, representaron 8 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto autorizado para 11 Secretarías. La de Finanzas, indicó, tuvo un subejercicio de 2 mil 062 millones; es decir, no utilizó, 1.5 pesos de cada 10.
Y señaló que la deuda pública estatal aumentó en 5 mil 890 millones de pesos, cantidad mayor a la contraída en los últimos cinco años del gobierno anterior. En respuesta, Jarque Lira manifestó que la deuda redujo sus intereses en mil millones de pesos al año, con lo que se vuelve más barata y hoy representa 2.3% del PIB.
En su turno, Martha Hilda González, secretaria del Trabajo, justificó que la administración mexiquense no aplicó la Ley del Seguro de Desempleo, que data de 2011, debido a que las afectaciones actuales fueron detonadas por una crisis sanitaria y no económica.
Ejemplificó que la norma es una hermosa zapatilla de La Cenicienta que fue inspirada en una crisis económica, pero este año La Cenicienta se volvió la hermanastra por el covid-19, y esa zapatilla no le quedó.
En la decisión de no emplear esa norma –planteó-- participaron muchas instituciones, y se aplicaron razones de Estado, legales y sobre todo humanitarias, pues la Ley sólo habría cobijado a los 59 mil 869 desempleados del sector formal, dejando de lado a los 80 mil informales.
Además, abundó, la entidad no perdió consistentemente empleos, pues si bien datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan la pérdida de 36 mil 900 en abril y de 22 mil 033 en mayo, con lo que el Estado de México era el quinto o sexto con mayor pérdida en el país, en junio se ganaron 268. En julio se perdieron mil, pero para agosto y septiembre se ganaron 17 mil.
Adicionalmente, expuso, el presidente Andrés Manuel López Obrador no declaró contingencia económica ni sanitaria por razón de Estado, pues al haberlo hecho sólo se habría tenido el recurso para garantizar un mes de salarios mínimos, pero habría representado un problema si la contingencia se ampliaba en tiempo.
El programa emergente de apoyo al desempleo aplicado, afirmó, se ampara en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social. "Asumo la responsabilidad del programa. Seguro el presupuesto (150 millones de pesos) no fue suficiente, pero fue lo que tuvimos. Sólo lo aplicamos dos entidades del país".
Ante las críticas en el sentido de que se trata de un programa electoral, con diversos reclamos en la red por presuntas anomalías en el registro, González Calderón afirmó que todos sus beneficiarios son de los 125 municipios mexiquenses, de carne y hueso: 30% laboraba en la formalidad y 70% en el sector informal.
De igual manera, justificó que el registro operó durante pocas horas porque llegó a su límite en corto plazo, pues más de 120 mil interesados se registraron para un cupo de sólo 50 mil.
Finalmente mencionó que, derivado de la contingencia por SARS-CoV-2, fueron apoyadas 39 mil empresas mexiquenses con 211 millones de pesos para conservar 260 mil empleos al mes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
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