Esta misma semana, fue eliminado –junto con más de 100 fideicomisos– el Fondo para el Cambio Climático, creado en 2012 para mitigación y adaptación, y el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), instrumento establecido a finales de la década de 1990 y que arrastra 21 mil millones de pesos de pasivos frente a los 6 mil millones de recursos que guarda, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al tratarse de la declaración de una urgencia, se recurre directamente a adjudicaciones directas sin licitar para evaluar opciones capaces. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene eso en consideración en el caso del Fonden, pero ha detectado “deficiencias” en los procedimientos de contratación y en la ejecución de los trabajoso, así como “pagos indebidos” de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de reconstrucción o reparación de infraestructura. Así lo muestran sus cuentas públicas de 2014 a 2018, años en que se han registrado huracanes como “Patricia” y “Odile”, tormentas como “Boris” y los devastadores sismos de septiembre de 2017.
“La operación de la política del Estado mexicano relativa a la protección de la población civil y su patrimonio en casos de desastre, mediante la canalización de subsidios y apoyos, es ineficiente y costosa, mostrando vacíos normativos y de operación que resultan en la posible materialización de riesgos como la ocurrencia de actos contrarios a la legalidad, el desempeño inadecuado de funciones y facultades, la asignación imprecisa de recursos públicos, y la omisión de reglas”, determinó el órgano fiscalizador en la Cuenta Pública 2017 (15-GB), donde también subrayó la falta de inmediatez y coordinación entre dependencias responsables de la operación del Fonden para aplicar los recursos que mitiguen los efectos de los fenómenos naturales y brinden seguridad a la población e infraestructura afectadas.
Los frentes fríos 4 y 5, y “Gamma”, tormenta tropical que pegó el sábado 3 de octubre en Quintana Roo, causaron al menos siete muertos y 600 mil afectados por las fuertes lluvias en Tabasco y Chiapas el fin de semana pasado. “Delta”, pese a alcanzar por un momento categoría 4 y ser calificado como el huracán más poderoso en 15 años, disminuyó su fuerza. Hubo saldo blanco por la alerta temprana de emergencia, despliegue de fuerzas armadas y desalojo de 39 mil 290 personas.
Mientras “Delta” terminaba de pasar por Yucatán y Quintana Roo, y en el marco de la desaparición de los fideicomisos discutida en el Congreso, el miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el Fonden desapareció porque ha sido una “caja chica” de “intereses creados”, pero el Gobierno federal no dejará de atender a la gente afectada.
“¿Por qué vamos a desaparecer el Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica, bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo aprovechando que había una emergencia sin licitar”, planteó desde Palacio Nacional. “Miles de millones de pesos en catres, en láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay gente que vivía de venderle a Gobernación [dependencia que antes se encargaba del Fonden], que hacía jugosos negocios”, dijo entonces.
Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal acotó que su Gobierno seguirá atendiendo a los damnificados de sismos, huracanes o inundaciones a través de la Secretaría de Hacienda, de Bienestar, de Marina, de la Defensa con el Plan DN-III y con la Dirección de Protección Civil.
“Quien pierde sus muebles por una inundación, quien pierde sus cosechas, quien requiere de apoyo, pues tenemos que ayudarlo. Ahí no hay límite, esa es la función del Gobierno”, reconoció. “Es asignar los recursos. Por ejemplo, hicimos toda la reconstrucción de comunidades afectados por el huracán “Wila”, en Nayarit. Intervino la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Comunicaciones y con un programa integral se atendió”, expuso.
Un día antes, durante la comparencia ante el Senado de la República, el Secretario de Hacienda Arturo Herrera destacó que, de la mayoría de los 109 fideicomisos eliminados para ahorrar más de 68 mil millones de pesos, el que mejor capta “la racionalidad de por qué debería estar” es el Fonden. Pero, detalló, tiene 6 mil millones de pesos, y arrastra pasivos por 21 mil millones de pesos.
“Cuando cierre el Fonden no se reparten los recursos, se reparten las deudas”, lamentó ante los legisladores. “Lo que sí tenemos que pensar con mucho cuidado es cómo vamos a estar fondeando las contingencias que ocurren en un país que está expuesto a huracanes en la Península de Yucatán y a terremotos en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla…”, reflexionó a tres años de los sismos de septiembre de 2017 en el centro y sur del país por los que hasta la fecha hay damnificados.
El Fonden ha estado bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y, en sustitución de la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Nacional de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y se regía por las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los Lineamientos de Operación Específicos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
DEFICIENCIAS DEL FONDEN
Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean y dos terceras partes de la superficie del país tienen un riesgo sísmico significativo. No obstante, los recursos destinados para adquirir insumos y contratar reparaciones por los daños de fenómenos naturales no han sido aplicados de manera eficiente de 2014 a 2018 por diversas dependencias federales y locales, ha observado la Auditoría Superior de la Federación.
–Cuenta Pública 2018
SISMOS 2017: PAGOS INDEBIDOS
El 7 y 19 de septiembre de 2017 sismos ocasionaron daños a la infraestructura naval en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, por lo que se recurrió a los recursos del Fonden para atender los daños ocasionados.
La Secretaría de Marina (Semar) usó 307 millones 299 mil para pagar a los contratistas y proveedores por obras de reconstrucción y reparación. Además de detectar deficiencias en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, la Auditoría Federal determinó un importe por resarcir de 789 mil pesos, por fallas en el periodo de contratación; se pagó un letrero de 96.17 metros cuadrados por 290 mil pesos, pero se colocaron 40.68 metros cuadrados, por lo que se determinó un volumen excedente por 130 mil pesos; y de un contrato se efectuaron pagos indebidos por 160 mil pesos de trabajos no ejecutados.
Entre ellos, se determinó un importe por resarcir de un millón 824 mil pesos, por un pago en exceso por 404 mil 100 pesos en una obra de excavación, y de un millón 420 mil pesos en el mejoramiento de un terreno, ya que no se cuenta con el dictamen técnico ni con los estudios que justifiquen su ejecución. Asimismo, se identificó que en cinco contratos las responsabilidades civiles por parte de la contratista no se encontraron cubiertas; en tres no se evidenció que el INIFED se haya cerciorado de que la empresa contratada se encontrara al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y en cuatro contratos, la información de obligaciones fiscales era alterada.
SINALOA: DEFICIENCIAS EN GASTO
La Auditoría Superior fiscalizó 750 millones 511 mil pesos destinados a los sectores hidráulico, pesquero y educativo otorgados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), así como el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE). Detectó “deficiencias” en la ejecución de los recursos, así como posibles daños al erario por 306 mil 643 pesos, ya que el ISIFE proporcionó documentación que contiene el sello de pagado con recursos de otros programas sobre educación y existen comprobantes del gasto con fecha previa a la ocurrencia del desastre natural y también con fecha posterior a la entrega de resultados al Comité de Evaluación de Daños.
Además, no solicitó la cancelación de los recursos que no aplicó para la mitigación de daños por 31 millones 980 mil pesos por las lluvias de septiembre, así como 11 millones 048 mil pesos por las de octubre.
La Conagua a su vez contrató a 11 prestadores de servicios para la evaluación de los daños ocurridos, pero no verificó que cumplieron con el perfil ni se acreditaron las actividades que realizaron. Además, al adjudicar 14 obras y acciones de apoyos parciales inmediatos no se realizó el estudio de mercado para obtener las mejores condiciones en precio y calidad, ni se tramitó la cancelación o reasignación de un millón 630 mil pesos por saldos cancelados.
–Cuenta Pública 2017:
SISMOS 2017: PADRONES IRREGULARES
En 2017, la SEDATU, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) realizaron acciones para atender los desastres ocasionados por los sismos de septiembre de 2017 en el sector vivienda.
“La SEDATU no contó con personal capacitado para evaluar los daños causados. La falta de especialistas propició que los diagnósticos definitivos (mediante los cuales se solicitaron los recursos del FONDEN) no contaran con información confiable para desarrollar las estrategias correspondientes”, plantea la Auditoría.
Asimismo, los Censos y Padrones elaborados por la SEDATU, que debían contener el total de vivienda dañada y habitantes afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, carecían de confiabilidad en la información, ya que se detectaron registros duplicado de personas y variaciones no justificadas en los conteos totales de viviendas afectadas. Al carecer de bases de datos confiables, las actividades de atención a damnificados derivaron en errores, imprecisiones e inconsistencias.
Dado que BANSEFI no diseñó mecanismos de control para evaluar la calidad de los Censos y Padrones de la SEDATU, se duplicó la entrega de tarjetas de débito con recursos del Fonden, entre otras inconsistencias.
SISMOS 2017: GASTO DUDOSO
La Secretaría de Hacienda, Gobernación, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, los Institutos de Infraestructura Educativa de Chiapas, Oaxaca y Morelos, coordinados por la Secretaría de Educación Pública, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cometieron deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos del Fonden para la reconstrucción y mitigación de daño en la infraestructura de los sectores hidráulico, carretero y educativo por los sismos de septiembre de 2017.
El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) efectuó erogaciones por 2 millones 724 mil pesos después al tiempo establecido por la norma y se encuentran conceptos que no corresponden a trabajos de evaluación de daños; y de 251 mil pesos no se proporcionó la documentación comprobatoria del gasto o, en su caso, del reintegro efectuado al fideicomiso. También erogó 4 millones 759 mil pesos en 15 obras con el importe superior que el autorizado por el Comité Técnico y no acreditó la aplicación de penalizaciones por el retraso en la entrega de aulas móviles y de módulos sanitarios de siete contratos por 4 millones 193 mil pesos, así como del retraso en la entrega de 56 obras.
Por su parte, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) regresó a la Tesorería de la Federación un millón 377 mil pesos de recursos no ejercidos y no autorizados, pero debían reintegrarse al Fonden. Y no proporcionó la documentación comprobatoria de gastos de evaluación por 202 mil pesos consistentes en viáticos, contratación y recibos de honorarios de servicios profesionales, así como informes de actividades que se debían rendir.
Además, no reintegró 151 mil pesos al patrimonio del Fonden por los anticipos otorgados a dos contratistas de los cuales las obras fueron canceladas; aplicó 602 mil pesos adicionales al monto autorizado para atender 34 obras; y en la visita realizada a un centro escolar, no se acreditó la existencia física de tres aulas móviles por 358 mil pesos; ni tampoco acreditó documentalmente la entrega e instalación de 54 aulas móviles por 7 millones 144 mil pesos.
El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) efectuó pagos por un millón 150 mil pesos. De 854 mil pesos no se presentaron los informes que debían rendir los prestadores de servicios; 15 mil pesos fueron pagados en demasía, y de 281 mil pesos no se presentó evidencia de los dictámenes de evaluación de daños e informes de actividades. Además, en la atención de una acción urgente, efectuó pagos adicionales por 3 millones 270 mil pesos al importe autorizado por el comité antes referido y no acreditó documentalmente la entrega de 167 aulas móviles por 58 millones 881 mil pesos.
–Cuenta Pública 2016:
DESASTRES: SIN CONTROL DE INSUMOS
Contra los daños por los fenómenos naturales registrados en 2015 (huracán “Patricia”) y 2016 (frente frío 34), y que afectaron a Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se asignaron mil 267 millones de pesos para pago a empresas proveedoras.
La Secretaría de Salud Pública de Sonora solicitó medicamentos, materiales de curación e insumos. Sin embargo, se presume un probable daño por 318 mil 796 pesos por falta de documentación que evidencie la salida de 200 insecticidas del almacén de Navojoa del ejercicio 2015, observó la Auditoría Superior. Además, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud autorizó 52 mil 940 y 20 mil 043 medicamentos de más, correspondientes a las solicitudes realizadas por las entidades federativas en 2015 y 2016.
CHIAPAS Y VERACRUZ: SIN REINTEGRO
De los 2 mil 882 millones de pesos para la atención de desastres naturales ocurridos en Chiapas y Veracruz como el huracán “Bárbara” o la tormenta “Boris”, la Auditoría Superior revisó 596 millones 326 miles de pesos (5.8 por ciento), correspondientes a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que representan el 5.8 por ciento de los recursos autorizados en 2016 por el Comité Técnico del Fonden.
Sin embargo, la Sedatu no reintegró al Fideicomiso Fonden los 961 mil pesos por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar, así como el cobro de la penalización no aplicada por 420 mil pesos al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactadas de un contrato. Tampoco transfirió a la delegación estatal en Veracruz ni reintegró al Fideicomiso Fonden los recursos por 545 mil pesos para solventar los gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación de daños del fenómeno natural. Y respecto a las obras para la SCT, una empresa no reintegró 271 mil pesos al Fonden.
–Cuenta Pública 2015:
VERACRUZ: OBRA INCONCLUSA
De mil 883 millones de pesos de recursos asignados en 2015 por el Comité Técnico del Fonden para la atención de desastres naturales ocurridos de 2010 a 2015 en Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación revisó 647 millones 385 mil pesos (34.4 por ciento) dados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Pero, hasta el dictamen entregado en noviembre de 2016, la SEDATU no había realizado la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril de 2015 por 14 millones 448 mil pesos.
Respecto de los recursos ejercidos por la SEDATU, 2 millones 118 mil pesos se transfirieron a 49 prestadores de servicios para concluir los pagos en un periodo de entre seis y 323 días posteriores a la recepción del recurso. Y de la adquisición de vales de gasolina y materiales de oficina por 457 mil y 63 mil pesos, respectivamente, no se acreditó que se elaboró el dictamen de justificación del procedimiento de contratación, y tampoco se formalizaron los contratos o pedidos correspondientes.
En el caso de la SCT, se aplicaron penas convencionales a dos contratistas por 261 mil pesos correspondientes a los atrasos en la conclusión de las obras.
–Cuenta Pública 2014:
BCS Y MICHOACÁN: SIN ENTREGAS
De 2 mil 721 millones de pesos autorizados, la Auditoría Superior revisó mil 486 millones de pesos (54.6 por ciento) para la atención de desastres naturales provocados por lluvias, heladas, inundaciones, granizadas, huracán, tormenta tropical, tornado, onda cálida y sismos ocurridos en 20 entidades: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Pero el Gobierno de Baja California Sur no proporcionó evidencia de la distribución de 32 mil 043 materiales de curación e insumos por 25 millones 916 mil pesos, ni reportó al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (CENAPRECE) las existencias en el almacén del Gobierno estatal de 4 mil 193 medicamentos y diversos insumos, de los cuales, 308 medicinas y productos farmacéuticos registraban una fecha de caducidad de octubre de 2015 y febrero de 2016.
Además, no se proporcionó la documentación que acredite la entrega a la población afectada de mil 200 colchonetas por 289 mil pesos en Michoacán.
HURACÁN “ODILE” Y “NORBERT”: SIN ENTREGAS
De 2 mil 221 millones de pesos asignados en 2014 por el Comité Técnico del Fonden, el órgano fiscalizador auditó 676 millones 056 mil pesos (30.4 por ciento) para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la atención de desastres naturales en Baja California Sur por el huracán “Odile” y por la lluvia severa provocada por el huracán “Norbert”.
Respecto de la instancia ejecutora SEDATU, de un contrato al que se le pagó el anticipo por 11 millones 267 mil pesos no se proporcionó evidencia de que el contratista ejecutó los trabajos ni presentó el aviso de término de obra. Y de una visita el 25 de agosto de 2015, no se habían entregado las obras a los beneficiarios por daños parciales en 24 viviendas; posteriormente, la SEDATU proporcionó 23 actas de entrega-recepción efectuadas a los beneficiarios, suscritas con fechas anteriores a la de terminación de la obra; y respecto de la obra de la vivienda restante, no se proporcionó evidencia. Asimismo, no se acreditó la entrega a los beneficiarios de 14 tarjetas canjeables por paquetes de materiales para la construcción y/o herramientas para la autoreparación de sus viviendas por 77 mil pesos.
La Conagua adjudicó 25 contratos por 14 millones 659 pesos a una sola empresa sin haber acreditado la elección del contratista. Por otro lado, la instancia ejecutora Centro SCT en Baja California Sur formalizó 121 contratos por 983 millones 946 mil pesos, no obstante que el Comité Técnico del Fonden solo le había asignado 313 millones 533 mil pesos y, en tres casos, no se había iniciado la ejecución de las obras aun cuando su vigencia concluyó entre el 29 de agosto y el 15 de septiembre de 2015.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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