Oaxaca y Tabasco han prohibido la distribución de chatarra a menores de edad y otros nueve congresos estatales han presentado iniciativas similares. Frente a ello, y el etiquetado claro nutrimental implementado este octubre, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos llamará a las cámaras de comercio mexicanas a una coalición binacional contra estas políticas de salud pública.
Sin embargo, Javier Zúñiga, coordinador legislativo de El Poder del Consumidor, dijo que el T-MEC no puede ni debe ser un instrumento utilizado por agentes empresariales para impedir cualquier tipo de política pública que busque proteger la salud de las personas. Aunque durante mucho tiempo otras industrias como la del tabaco también han intentado argumentar a partir de los tratados internacionales, “no existe una base jurídica, legal y vinculante para que los países no tomen políticas de salud pública solo porque se afecta el comercio internacional”.
En un comunicado, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC) aseguró que los “gobiernos estatales no pueden detener sectores empresariales prósperos mientras que paralizan un estímulo económico crucial para México, donde la comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por la COVID-19”. Sus miembros importan y exportan a nuestro país, por lo que pidió cooperación con la Secretaría de Salud y la de Economía para salvaguardar el libre flujo comercial entre sus socios de la industria de alimentos, bebidas, manufactura y automotriz en Estados Unidos, México y América Latina.
En entrevista, su presidente Ramiro Cavazos descartó que acudan a amparos o denuncias, pero planean llamar a hacer frente a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) –que ya han manifestado su rechazo al etiquetado claro– porque, expuso, a la tensión por el muro del Gobierno de Donald Trump y el cierre de la frontera para evitar contagios del coronavirus, ahora se suman estas políticas prohibicionistas que “golpean a los negocios” y al menos en California y Nueva York “no han funcionado”.
Al principio, expuso, organizaron cámaras por el lado americano con experiencia de más de 30 años que abonan al comercio binacional a través del T-MEC “para expresar su preocupación por las nuevas leyes en México”, pero el segundo paso es trabajar con cámaras nacionales “para pedirles de manera respetuosa a sus consejos trabajar juntos para prevenir estas leyes que afectarán a muchos de los miembros de sus organizaciones y ayudarnos unos a otros”.
“Se aprobó el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero nos da mucha preocupación viendo estas leyes que se están aprobando en México que están afectando a los empresarios pequeños fronterizos de los dos lados. Estamos a favor de la salud de la gente hispana, es bueno prohibir chatarra en escuelas, pero la salud viene de tener sueldos y negocios buenos”, aseguró vía telefónica el presidente de USHCC. “A largo plazo estas leyes harán más pobre a la gente. De las millones de tiendas minoristas en México en muchas de ellas sus familias dependen de los ingresos del negocio y muchas han cerrado ya por la pandemia, por lo que esto será el segundo golpe fuerte. No estamos a favor de vender más comida chatarra a los menores de edad en México ni en Estados Unidos, pero hemos visto que estas leyes no trabajan”.
Entre los nueve estados que han presentado una iniciativa en el Congreso local contra venta y regalo de chatarra a niños y niñas, la preocupación de la USHCC se enfoca en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya que sus cámaras están establecidas en la frontera de California y Texas, y tienen negocios transfronterizos.
“Van a cerrar muchas empresas pequeñas que dependen de la venta de alimentos y bebidas que puedan hacer negocio con EU y Canadá con el T-MEC. A largo plazo tendrá consecuencias negativas, hará más pobres a las familias y afectará más su nutrición en los dos lados de la frontera”, planteó Cavazos, quien lamentó que con la administración Trump ha bajado un 70 por ciento las ventas transfronterizas en los últimos tres años y medio.
Javier Zúñiga, coordinador legislativo de El Poder del Consumidor, agregó que sería muy complicado que la coalición binacional logre amparos contra estas reformas estatales apelando al T-MEC porque, explicó, se tendría que acreditar cómo prohibir “ciertos” productos a los menores de edad afectan un apartado puntual del tratado, “que dudo se encuentre”.
PREVÉN MÁS AMPAROS DE IP
Hasta el momento, pese a protestas de tenderos, dos Gobiernos estatales han prohibido la venta, regalo o suministro de chatarra a menores de edad y otros nueve han presentado iniciativas similares para discutirlas, en el marco de la crisis sanitaria en que las comorbilidades por diabetes, obesidad y diabetes han agudizado el número de fallecidos por la COVID-19 en el país.
Además, a finales de septiembre el Diputado federal de Morena, Marco Antonio Andrade Zavala, presentó contra la obesidad y diabetes infantil una iniciativa a nivel nacional para reformar el artículo 115 de la Ley General de Salud para que en las escuelas públicas y privadas quede prohibido distribuir, vender, regalar o suministrar a algún menor de edad bebidas o alimentos cuyo contenido exceda los niveles máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y nutrimentos críticos.
“Chiapas, estado al que pertenezco y represento, es el número uno en consumo de refrescos y también es el número uno del país en pacientes con diabetes por lo cual, tomar medidas en este sentido es una prioridad para mí como legislador”, dijo.
El Congreso de Oaxaca fue pionero el 5 de agosto pasado. Al aprobar modificar el artículo 20 BIS de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa presentada en noviembre de 2019 por la Diputada morenista Magaly López Domínguez expone que la prohibición incluye escuelas de nivel básico y medio superior, así como máquinas expendedoras.
“Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención”, celebró el gestor de la pandemia, Hugo López-Gatell.
Derivado de la medida también aplaudida por organizaciones internacionales y la sociedad civil, el Congreso de Tabasco hizo lo propio el 17 de agosto a partir de una iniciativa enviada por el Gobernador Adán Augusto López para reformar la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Hacienda Municipal. Además de prohibir la instalación de máquinas expendedoras en los centros educativos de nivel básico, también lo hace en los hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud.
En la ola, legisladores de los Congresos de Ciudad de México (Morena y PAN), Colima (Morena), Chihuahua (Nueva Alianza), Jalisco (Morena), Hidalgo (Morena), Estado de México (Morena-PRD-PT), Nuevo León (Independiente Progresista), Tamaulipas (Morena) y Guerrero (Grupo Chilpo) presentaron iniciativas parecidas en agosto y septiembre, pero hasta octubre no se han discutido ni aprobado. Coahuila (Morena) evalúa hacerlo.
Además de las medidas locales, entre más de 30 amparos de empresas o cámaras comerciales nacionales contra la NOM-051, el jueves 1 de octubre entró en vigor el etiquetado nutrimental claro que, con aval de la Secretaría de Salud, advierte a los mexicanos sobre altos niveles de azúcar, grasa, calorías, sodio, edulcorantes y cafeína no recomendables en niños en productos solo ultraprocesados, no en ingredientes ni preparados en las calles. Se dará otros dos meses de plazo para cumplir.
De octubre a abril de 2021, desaparecerán los personajes de los empaques que durante décadas atrajeron a niños y niñas pese a sus efectos negativos en la salud científicamente comprobados.
“Es posible que vayan a aumentar los amparos. Es un riesgo genuino que las empresas estén utilizando recursos jurídicos para dilatar y bloquear la implementación de una política pública que ayuda a la salud de las personas”, dijo Javier Zúñiga, coordinador legislativo de El Poder del Consumidor.
Aunque algunas marcas han optado por la reformulación de los productos en estas últimas semanas, la histórica política pública que busca a largo plazo reducir niveles de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, debe complementarse con la regulación de la publicidad en todos los medios, la oferta de chatarra en escuelas, impuestos altos para desincentivar el consumo y lanzar campañas de educación nutricional, han pedido miembros de organizaciones internacionales e investigadores.
Contra las políticas de salud la industria de la chatarra ha encontrado en las redes sociales, websites y videojuegos en línea un hueco legal para seguir promocionando con estrategias ingeniosas e influencers su exceso de calorías, sodio y azúcar, técnica incrementada durante el confinamiento por la COVID-19. Por ello la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a los gobiernos a regular todos los medios y estrategias publicitarias dirigidas a la infancia. En Perú, por ejemplo, los productos ultraprocesados deben mostrar el etiquetado claro también en sus anuncios publicitarios.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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