El gobierno introdujo en 2018 una política de “tolerancia cero” en la frontera con México, lo que se tradujo en la separación indiscriminada de unas dos mil 800 familias. La mayoría de ellas permanecían aún bajo custodia en Estados Unidos cuando una orden ejecutiva puso fin a esta controvertida medida.
Sin embargo, más de mil padres separados de sus hijos ya habían sido deportados cuando un juez federal de California ordenó a varias firmas de abogados, entre ellos los de ACLU, que tratasen de reunificar a estas familias de migrantes, según la cadena NBC News.
El subdirector del proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt, lamentó la “trágica realidad” y reconoció que queda “mucho más trabajo que hacer”, aunque dijo “no saber” cuándo se podrá completar la búsqueda. “No pararemos hasta localizar a todas y cada una de las familias, no importa el tiempo que lleve”, prometió.
De las más de mil familias separadas a partir de 2017, y tomando como referencia los datos del Departamento de Seguridad Interior, esta comisión ha podido contactar hasta el momento con los padres de más de 550 menores y espera que unos 25 puedan regresar a Estados Unidos para concretar la reunificación.
Algunas familias han rechazado la reunificación y, en cambio, han autorizado que los niños se queden en territorio estadunidense con otros parientes o tutores, “por el miedo que tienen a lo que les podría ocurrir a sus hijos si vuelven” a sus países de origen, principalmente en Centroamérica.
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