En un pronunciamiento, los más de 60 colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales denunciaron que la desaparición del FAARI “impactaría negativamente de diversas maneras a la lucha de las víctimas, entre ellas el acceso a medios legítimos para defender sus derechos y continuar su exigencia de verdad y justicia”.
Al recordar que la Ley General de Víctimas por la que se creó el FAARI y las comisiones federal y estatales de atención a víctimas, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNBPD), el MNDM puntualizó que la desaparición de dicho fondo, “pondría un obstáculo enorme a las labores de búsqueda de nuestras y nuestros seres queridos, de ahí que a muchas familias podría negarles el acceso a una búsqueda organizada y la lucha por verdad y justicia”.
Ante las discusiones expuestas en la Cámara de Diputados, los integrantes del MNDM rechazaron “los términos degradantes en que se está llevando a cabo esta discusión pública, como si se tratase de un asunto de pesos y centavos y no de la dignidad humana”, y reprocharon a los legisladores que “no pueden legislar con base en un atropello contra todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país”.
Los colectivos que integran el MNDM exigieron mantener en FAARI como fideicomiso, al considerar que es un mecanismo que permite administrar los recursos, “protegiendo presupuesto suficiente para mejorar las condiciones de vida y los procesos de búsqueda de justicia y verdad de todas las víctimas”.
Tras indicar que la decisión que se tome “no puede ser en contra del pueblo”, urgieron a democratizar la discusión sobre los fideicomisos desarrollado en el Congreso de la Unión a instancias del gobierno federal, y que “si el Estado quiere replantear el modo en que cumple con su obligación de financiar legítimamente a estas actividades que lo haga desde el diálogo público, no desde el arrebato legislativo”.
Al recordar las declaraciones de López Obrador de que es una prioridad de su gobierno la búsqueda de personas y la identificación forense, “tiene obligación de garantizar el presupuesto público adecuado para las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas, y convocar a éstas para una participación efectiva que fortalezca el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV)”.
En conferencia de prensa, integrantes del MNDM insistieron en ser considerados en la toma de decisión por ser autores de la LGV y por ser los principales afectados de la eventual desaparición del FAARI.
Grace Fernández, de Buscando Desaparecidos en México, exhortó a diputados, senadores y al presidente López Obrador a que “analicen a conciencia el impacto que tendrán estas decisiones” y mostró su preocupación por la “falta de conocimiento de los fondos y fideicomisos, qué atienden y cómo se distribuyen”.
Fernández explicó que en el caso del FAARI, se destina para que las víctimas continúen en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, y en el caso particular de los colectivos de familiares de desaparecidos “somos quienes buscamos y hacemos la investigación criminal para la localización de personas, seguimos subsidiando el trabajo del Estado”.
Apuntó que, para los familiares de los más de 75 mil desaparecidos, lo que les importa es recuperarlos y no es dinero lo que buscan, tanto así que han dejado sus trabajos por realizar las búsquedas.
“El día que todas las instituciones hagan su chamba, me voy a sentar a esperar que regrese a mi hermano, mientras, nos toca buscar”, agregó Fernández al exigir garantías de que el presupuesto para las víctimas se mantendrá inalterable y accesible.
Explico que, de los más de 75 mil desaparecidos, sólo mil 700 casos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos familiares tendrían acceso al FAARI, fondo al que también tienen derecho víctimas de diversas violaciones a derechos humanos y de delitos de alto impacto de índole federal y del fuero común.
Al señalar que los familiares de personas desaparecidas no tienen certeza de poder impugnar la eventual desaparición del FAARI a través de una acción de inconstitucionalidad, resaltó que hay decepción por la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de quien esperaban que por su condición de víctima “sacara los ovarios” para acompañar a los colectivos.
Martín Villalobos, de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos, recordó que entre las exigencias que han mantenido los familiares de víctimas es transparentar el uso del FAARI, y que hay acuerdo en corregir anomalías en el manejo del mismo y en las reglas de operación.
Sin embargo, consideró preocupante que los recursos del FAARI “sean utilizados para otra cosa sin consultarnos a los que nos organizamos en el movimiento de víctimas para crear la LGV”.
Exigió al presidente López Obrador que explique “cómo es que va a garantizar los recursos, porque hasta ahora estamos en indefinición, y eso significa sumar una angustia más al pesar de las víctimas”.
Villalobos deslindó al MNDM de partidos políticos y negó que los familiares de víctimas estén “con los conservadores”, al dar respuesta a las declaraciones de López Obrador que puso en duda la legitimidad de la exigencia de no desaparecer el FAARI.
“Es importante que el presidente nos escuche, no tenemos intereses más que el legítimo de buscar a nuestros familiares y garantizar que haya condiciones para la búsqueda, no queremos decirle cómo administrarlo (el FAARI) sino que nos den las reglas claras para evitar que se toquen los recursos y mandarlos a otro rubro”, dijo Villalobos.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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