Las organizaciones acusaron que a pesar de que el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi) recomendó estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo (ILE) por causal excluyente de violación, las reformas que propondrían los legisladores serían regresivas.
Agregaron que las reformas condicionan la ILE a la denuncia penal y exigen que la mujer cuente con el aval del Ministerio Público para poder practicar el aborto. “Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”, señalaron las organizaciones, entre las que se encuentran los observatorios Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO).
La legislación también condicionaría que las niñas y adolescentes sean acompañadas por sus padres, “extendiendo la edad no sólo para las menores, sino además a las jóvenes de hasta los 18 años, para que acudan ante las autoridades acompañadas de sus padres, sin tomar en cuenta que la en mayoría de las violaciones sexuales cometidas contra menores de edad, los agresores son sus propios familiares”.
De igual forma, condicionaría la causal de interrupción por violación a las 12 semanas, “cuando los estándares internacionales establecen que en el caso de violación no puede restringirse el tiempo, debido a varias razones, entre ellas que es difícil” que las víctimas acudan a solicitar la ILE por temor.
Las organizaciones urgieron a la Comisión de Justicia del Congreso estatal legislar conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que se convoque a un Parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil.
AUTOR: REDACCIÓN.
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