Primer acto:
Cogan: Hay alguien que está hablando en español y no es la interprete. ¿Qué está pasando? Quizá sea un eco de la interprete. Si alguien está utilizando teléfono y computadora para escuchar, por favor silencien el teléfono.
Segunda llamada: Hay una tremenda cantidad de interferencia. No podemos escuchar lo que está diciendo la corte o la parte. Estoy escuchando voces de reporteros. Oigo a gente hablar español. No quiero escucharla. Los reporteros van a tener que permanecer en silencio o voy a tener que cerrar la sesión.
Dirigiéndose a García Luna: Usted se encuentra aquí porque el jurado acusatorio le ha hecho cargos en una acusación formal sustituta. Lo acusa de haber cometido cinco delitos. Si no entiende algo, alce la mano y se lo explico.
Tercera y última llamada: Le he pedido repetidamente a la prensa mexicana que deje de hablar, de tal manera que se pueda escuchar. Es un obstáculo para la vista. No puedo continuar y ahora escucho toser a alguien de la prensa. Levanto la sesión y la haré en otro momento.
Reportero mexicano: Ya nos está regañando.
Interprete: Un hombre dijo, nos está regañando.
Cogan: Está bien que lo diga, pero yo no quiero escucharlo. Levanto la sesión. La retomaremos más adelante. Gracias.
Fiscales y defensa: De acuerdo, su Señoría.
Poco después, la audiencia de reanudó, con una severa advertencia.
Juez Cogan: Creo que la prensa mexicana sigue en la línea escuchando, no se le puede oír (aparentemente la corte silenció el audio de los enlazados), quiero advertirles a ellos que, bajo las reglas de este tribunal y del gobierno federal, se les prohíbe tomar fotografías, grabar o transmitir los procedimientos de la corte. Violación de ese código puede resultar en castigo, incluyendo el retiro de credenciales de prensa, restricciones de acceso a audiencias y prohibición del ingreso a futuras vistas, o cualquier otro tipo de sanción que el juez considere pertinente.
Cogan asumió que las personas que provocaron la interrupción eran reporteros mexicanos porque el número telefónico que proporciona la corte suele ser para uso de la prensa y personas relacionadas a las partes. La difusión mediática en México del teléfono y código de acceso dio lugar a que un volumen alto de enlaces. No todos necesariamente periodistas.
El noticiero nocturno de Milenio TV publicó en pantalla el número y el código de acceso, exhortando a llamar al “hot line” (sic) para “enlazarse en vivo” y escuchar la voz de García Luna (video @mileniotv 23/09/2020). Machacó con un artículo que tituló: “A través de un hot line (sic): así se podrán conocer todos los detalles del caso García Luna (Milenio 23/09/2020).
No encontré precedente de un caso así en medios estadounidenses o extranjeros. Se sobrentiende que es para uso profesional. ¿Está permitido? Sólo la Corte del Distrito Este de Nueva York puede responder, me dijo una fuente legal.
Lo que es un hecho es que no es un “hot line” (sic), similar a los hotlines para alertar sobre suicidios o pedir ayuda de emergencia. Debido a la pandemia, Pacer, el sistema de pago de acceso a documentos judiciales no confidenciales de las cortes federales, ha estado publicando los números telefónicos para las audiencias virtuales, como parte de la agenda de las cortes.
El desacato a las órdenes del juez y el caos que generó, sienta un mal precedente que pudiera tener consecuencias para el acceso de los reporteros mexicanos. Es un comportamiento incompatible con la cultura legal de Estados Unidos donde los jueces federales son tratados con respeto y reverencia, y las cortes como templos del Estado de Derecho.
Segundo acto:
García Luna se declaró no culpable en la instrucción de los cinco cargos que se le imputan sobre una presunta asociación delictuosa para distribuir cocaína cuando fue alto funcionario en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y perjurio a la autoridad migratoria. Los cargos provienen del encausamiento actualizado del 30 de julio (¿Puede ser completamente imparcial el juicio de García Luna? Sin Embargo, 11/09/2020).
Si García Luna mantiene su posición de no pactar, habrá juicio, aunque no pronto. Cuestión de recordar que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán empezó en noviembre de 2018, 22 meses después de su extradición. Y eran tiempos normales. García Luna lleva 10 meses tras las rejas. La pandemia ha prolongado el proceso de descubrimiento de evidencia e impedido reuniones regulares de García Luna con su abogado defensor, Cesar de Castro. Al margen de cuando pueda empezar, los fiscales estiman durará entre 2 y 3 meses, por encima del promedio y similar al de El Chapo.
El caso de García Luna está catalogado como “complejo” con base en la abundancia de pruebas, que incluyen cerca de 80 kilos de cocaína y heroína física, intercepciones de comunicaciones, registros financieros, así como entrevistas de testigos presos. Los fiscales llamaron “tedioso” su inspección. Informaron que recién completaron la entrega a de Castro de un expediente de 12 mil cuartillas y 1,500 comunicaciones interceptadas (llamadas, textos, correos electrónicos, etc.).
A la fecha, la Fiscalía ha producido un total de 189 mil hojas y “voluminosas” intercepciones. Asimismo, ponto proporcionarán aparatos electrónicos (celular, computadora, etc.) confiscados a García Luna cuando fue arrestado en 2019. Revisar el material confidencial bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, necesario para completar los preparativos de juicio, “tomará algunos meses”. A eso seguirá una moción de anticipación de juicio y la selección de un jurado (carta de fiscales a Cogan 2/10/2020).
Aunque no se descarta que, ante el brutal peso de la montaña de evidencia García Luna acepte pactar, es poco probable. Enfrentar un juicio, que lleva la de perder, es cuestión de honor. Asumir responsabilidad por sus actos no está en el ADN del hombre que esgrimió tanto poder que se creyó infalible, que nunca aceptó equivocarse o dar un paso en falso. Admitir delitos que dice no cometió es darle la razón al tribunal de la opinión pública que hace tiempo lo juzgó y condenó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DOLIA ESTÉVEZ.
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