Cuando ocurrieron los hechos, el gobierno de México defendió la actuación de la Guardia Nacional para impedir el paso de la caravana, descartó algún incidente, que se hayan violado sus derechos o cualquier acto de represión.
Sin embargo, el organismo constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar al país por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.
Por estas agresiones contra los integrantes de la caravana, el organismo emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, así como para el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Solicitó a la Secretaría de Seguridad reparar el daño integral a las víctimas en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Las víctimas relataron que al cruzar el cauce del Río Suchiate o al encontrarse caminando en compañía de sus hijos por la carretera federal a Tapachula, elementos del INM y la Guardia Nacional les arrojaron piedras y los golpearon con toletes y escudos para evitar su ingreso a territorio mexicano, luego fueron detenidos y trasladados a una estación migratoria por funcionarios de ambas instituciones.
“Aproximadamente a las 16:00 horas nos encontrábamos en la carretera entre Unión Hidalgo y Tapachula, Chiapas, en compañía de mi hija de 1 año de edad cuando varios elementos de la Guardia Nacional nos encapsularon ya que viajaba con la caravana, fue que empezaron a detenernos, a mí y a mi hija nos rociaron con gas lacrimógeno sin importar que tenía a mi hija en brazos, quien lloró mucho por el ardor que teníamos en la cara y en el cuerpo. Fue que corrí con mi hija y más adelante me detuvieron…”, narra una de las víctimas.
De acuerdo con la Comisión, al permitir que elementos de la Guardia Nacional realizaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de cinco niños, tres adolescentes y seis adultos.
El artículo 96 de la Ley de Migración señala que “las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones (…) sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”. Dicho ordenamiento es exclusivo del INM.
En este sentido, la Guardia Nacional no tienen atribuciones para efectuar la detención de extranjeros aun cuando no cuenten con la documentación para acreditar su estancia legal en México.
El despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en el Río Suchiate y en el Puente Fronterizo tenía como finalidad llevar a cabo el acompañamiento, protección y seguridad a los Agentes de Migración, sin embargo, de acuerdo con el organismo, la Guardia se extralimitó en sus acciones.
En la recomendación 50/2020, la CNDH también exhibe la omisión del personal del INM que consintió que servidores públicos de la Guardia Nacional desempeñaran tareas que por mandato de ley no les corresponden.
El INM sostuvo que su personal en todo momento respetó los derechos humanos de los integrantes de la caravana y negó agresiones.
Las personas que presentaron las quejas por violaciones a sus derechos dieron su testimonio, mostraron pruebas de las lesiones que tuvieron, y recabaron notas periodísticas y videos que muestran el uso de la fuerza durante los operativos.
Gobierno negaba violaciones a derechos humanos
La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos negados por el gobierno.
Tras los hechos con los migrantes en enero, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Guardia Nacional “fue una guardia que solo ordenó a los migrantes para entrar a nuestro país”, respetando los derechos humanos.
“México es un país de asilo y refugio que protege a los migrantes”, sostuvo la secretaria de Gobernación en ese entonces.
El 21 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó algún incidente con los migrantes y que se hayan violado sus derechos, pese a los videos y fotografías que publicaron medios de comunicación y defensores de derechos humanos, pero días después reconoció que sí ocurrieron “hechos aislados”.
Durante una conferencia matutina reconoció que la Guardia Nacional, en algunos casos, ha utilizado la fuerza contra los migrantes en la frontera sur, aunque rechazó que cometieran excesos para su contención.
Agencias de noticias, medios de comunicación y los mismos visitadores de la CNDH lograron captar imágenes de como perseguían a los migrantes y la forma en que se lanzaron sobre ellos y los inmovilizaban para evitar que lograran su recorrido.
Después de que en mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a México, el gobierno de López Obrador endureció su política migratoria y desplegó a la Guardia Nacional para contener a los migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos.
Organizaciones ciudades acusaron al gobierno federal de criminalizar la migración, y de someterse a las presiones de Trump.
El presidente López Obrador, en sus discursos, ha mencionado que la Guardia Nacional recibe capacitación en materia de derechos humanos, y ha destacado que su gobierno busca erradicar los abusos de cualquier corporación de seguridad.
Reparación del daño
La CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente. También pide inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.
Asimismo, colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere “los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza”.
También pide que se imparta al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el Instituto Nacional de Migración.
Para el INM se recomienda hacer las gestiones necesarias para localizar a las víctimas de dichas agresiones, para otorgarles atención médica y psicológica, lo que incluye la provisión de medicamentos y su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas.
Además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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