El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información para respaldar las imputaciones por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Ese material documental engrosa el alud de evidencias –el expediente consta de más de 189 mil páginas, así como miles de videos y audios– con el que cuentan los fiscales estadunidenses para incriminarlo y forzarlo a ser un “testigo cooperante” que delate a sus cómplices en su “asociación delictiva” con el Cártel de Sinaloa.
Una parte de esas evidencias las entregó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM). Apoyados en dichas evidencias, los fiscales pretenden forzar una negociación con García Luna para que acepte ser un “testigo cooperante” que a su vez incrimine a sus cómplices coludidos con el Cártel de Sinaloa.
De hecho, la declaración de “no culpable” que hizo García Luna en relación con los cinco cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos –que lo acusa de narcotráfico y de mentir a una agencia federal migratoria– es un trámite formal y parte de la negociación de un acuerdo jurídico.
En la audiencia virtual del miércoles 7 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública de México se acogió al derecho de presunción de inocencia que el gobierno estadunidense estaría dispuesto a rebatir.
La sesión preparatoria del juicio a García Luna, presidida por el juez federal Brian Cogan, actualizó los delitos que le imputa Estados Unidos al amigo, asesor y mano derecha de Felipe Calderón en la lucha militarizada contra el narcotráfico.
Cogan leyó a García Luna los cinco cargos que enfrenta, ya estipulados y actualizados en el expediente criminal develado el 30 de julio pasado con el que el Departamento de Justicia reemplazó al encausamiento original por el cual fue detenido el pasado 9 de diciembre.
La actualización de los cargos colude a García Luna en asociación delictiva de narcotráfico con otros dos alfiles del gobierno calderonista: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.
Debido a las restricciones sanitarias generadas por la pandemia de covid-19, César de Castro, abogado de oficio de García Luna, no ha podido revisar el expediente físicamente al lado de su cliente.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2293 del semanario Proceso
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario