Sin embargo, a más de tres años de que se presentarán las primeras denuncias y a más de uno de que se enviara al juez el primer expediente, la FGR no ha logrado detener, procesar ni al menos lograr que Zebadúa comparezca ante un juez para ser imputado de algún delito.
Gracias a demandas de amparos y suspensiones, la última obtenida apenas a finales de septiembre, el exfuncionario federal ha conseguido alargar desde 2019 la definición de los casos en su contra. Incluso ha litigado contra la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que también promovió investigaciones administrativas que no se han resuelto.
Emilio Zebadúa, que se sospecha que podría estar fuera del país, ha logrado mantener su libertad sin cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de los casos ni reparar daño alguno. La FGR ni siquiera pudo convocarlo como testigo en el proceso que inició en contra de Rosario Robles, extitular de las mencionadas dependencias, pese a que era considerado como el funcionario más cercano a ella y su mano derecha.
Las investigaciones que involucran a Emilio Zebadúa datan de 2017 cuando la ASF presentó las primeras denuncias por la firma de convenios que la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -encabezada por Robles- firmó con universidades por servicios que al parecer no se realizaron. Dicho mecanismo de fraude se detalla a profundidad en el reportaje “La Estafa Maestra: Graduados en desaparecer dinero público”.
Estos convenios irregulares continuaron posteriormente en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego de que Robles asumió su titularidad.
En ambos casos, los dictámenes técnicos elaborados por la ASF y que acompañaron a las denuncias presentadas identificaron en la cabeza de responsabilidades a Emilio Zebadúa, quien ocupaba el cargo de Oficial Mayor y por tanto era quien podía autorizar la salida del dinero.
Para 2019, la Fiscalía ya tenía integradas al menos 20 carpetas de investigación derivadas de las denuncias de los auditores. A ello se sumaron dos denuncias más que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó por posibles operaciones de lavado de dinero de personas y empresas en el primer círculo de Zebadúa. Esto sumado a otras denuncias de particulares.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político, como resultado de estas investigaciones se obtuvieron indicios que permiten presumir la probable responsabilidad de Zebadúa en un abanico de delitos que van desde omisiones e irregularidades en el ejercicio público de sus cargos, hasta abuso de autoridad, peculado, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El diario Reforma dio a conocer que incluso se habían detectado triangulaciones en ocho países de Asia.
Cero acusaciones contra Zebadúa
En 2019. la FGR intentó judicializar por primera vez una carpeta de investigación en la que figuraba como probable responsable Zebadúa. Se trató del expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 que fue presentado ante un juez de control del Reclusorio Sur en agosto del año pasado.
Sin embargo, un mes antes el exoficial Mayor ya había iniciado el trámite de una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Chiapas que derivó en una suspensión, la cual impidió a los fiscales de citarlo a comparecer o solicitar una orden de captura por este caso.
Gracias a ese recurso, Zebadúa consiguió no comparecer ante el juez del Reclusorio Sur como si lo tuvo que hacer Rosario Robles, quien a partir de ahí fue encarcelada y hoy está a la espera de que inicie su juicio por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Las constantes posposiciones en las audiencias del referido juicio de amparo, sumado al tema de la pandemia sanitaria, consiguieron que la suspensión obtenia por Zebadúa se alargara más de un año. Finalmente, en septiembre pasado, un tribunal federal decidió desechar, en definitiva, la suspensión concedida al político.
En su determinación, los magistrados consideraron que los argumentos del exfuncionario (como que no fue citado nunca a comparecer por la FGR durante la integración de las carpetas en su contra) eran insuficientes, y recordaron, además, que hay un criterio de la Corte que señala que ningún recurso es procedente contra la judicialización de una carpeta de investigación.
En el papel, dicha determinación abría la puerta a la FGR para proceder penalmente en contra de Zebadúa, e incluso de solicitar una orden de captura en su contra. Sin embargo, de forma paralela a dicha determinación, el exfuncionario federal volvió a tramitar una demanda de amparo ante el mismo juzgado Tercero de Distrito en Chiapas, que a su vez volvió a conceder una suspensión provisional para efecto de que no se judicializa ni una carpeta de investigación en su contra.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio la concesión de dicha suspensión temporal a Zebadúa, aunque estimaron que será desechada. No obstante, y mientras eso sucede, el exfuncionario continúa ganando tiempo para no comparecer sin que se le considere prófugo.
Ni penas administrativas
Emilio Zebadúa no solo ha logrado que no se le imputen cargos criminales. Hasta ahora, también ha conseguido que no se le impongan sanciones administrativas, inhabilitaciones ni multas, pese a que bajo su gestión se han documentaron múltiples manejos irregulares de recursos públicos
Incluso, apenas el pasado 6 de octubre el exfuncionario consiguió que un juez federal de Ciudad de México en Materia Administrativa le concediera una suspensión definitiva relacionada con un amparo que promovió en contra de una indagatoria que la ASF lleva en su contra.
Se trata del procedimiento administrativo número DGR/B/10/2018/R/15/370 Q que la ASF promovió en contra de Zebadúa, como resultado de tres auditorías que la antigua Sedesol firmó en 2015 con tres universidades, bajo el mismo esquema de La Estafa Maestra.
En esa misma demanda de amparo, Zebadúa también se quejó en contra de una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) relacionada con una solicitud en la que pedía copia completa de los informes de auditoría que dieron pie a la referida investigación administrativa.
Por otro lado, fuentes con pleno conocimiento del caso indicaron a este medio que desde el sexenio pasado también se promovieron al menos dos procedimientos administrativos en contra del exoficial ante órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, hasta ahora no se ha conocido -al menos públicamente- que dichos procedimientos hayan derivado en alguna multa o inhabilitación en contra del exfuncionario federal. Incluso, en uno de los casos fue exonerado.
Más revesas en La Estafa Maestra
Además de los obstáculos para proceder en contra de Zebadúa, la FGR también ha enfrentado dificultades en otras carpetas de investigación que ha promovido en relación con el caso de La Estafa Maestra.
El último de ellos ocurrió esta semana, ante un juez federal en Chiapas, luego de que los fiscales intentaron presentar una imputación por peculado en contra de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por diversos convenios irregulares. Se trataba de los cargos mas graves que, hasta ahora, se habían presentado ante un juez en relación con esta trama de corrupción.
Sin embargo, el juez de control que revisó el caso determinó que no había datos de prueba iniciales para vincular a proceso a los implicados por un posible desvío de recursos, y regresó el expediente a los fiscales. Autoridades federales indicaron que se intentará seguir con la investigación para presentar una nueva imputación, pero solo por el delito de fraude.
Otro revés se presentó la semana pasada, cuando un juez federal suspendió de forma definitiva el proceso penal que la FGR promovía en contra del exsubsecretario de Sedatu, Enrique Gonzalez Tiburcio. Esto mientras se resuelve un amparo que tiene en trámite. Aunque se trata de uno de los exservidores públicos de mayor rango procesados, el delito que se le imputa solo es el de una supuesta falsedad de declaraciones.
Con anterioridad la FGR también ha fallado en vincular a proceso a exfuncionarios presuntamente implicados en los desvíos como Francisco Baez Álvarez, quien fuera Director de Programación y Presupuesto de Sedatu, y Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones en la extinta Sedesol.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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