Como consecuencia de 26 revisiones efectuadas durante el sexenio pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles perjuicios económicos a la Hacienda Pública Federal por 16 millones 987 mil 865.05 pesos. Los daños registrados se debieron a sobreprecios y pagos duplicados, excesivos y/o indebidos en obra pública; bienes y servicios pagados no encontrados y/o ejecutados; dinero de pólizas de seguros y de penalidades a contratistas que no fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda; y diferencias entre los registros contables de la Sedena y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam).
A reserva de las anomalías detectadas que ya hayan sido solventadas, la información oficial indica que al menos 16 funcionarios públicos de alto nivel estarían involucrados, directa o indirectamente, en la comisión de irregularidades a través de la Sedena. Lo anterior no implica que dichas personas sean culpables por algún acto u omisión, sino que las anomalías ocurrieron cuando eran responsables de las áreas encargadas de los proyectos implicados.
Entre los posibles responsables hay 11 generales, de entre los cuales destacan el exdirector (2016) del Issfam, Alejandro Saavedra Hernández, quien estuvo a cargo (2014) de los centros de comando y comunicación (C-4) que controlaban las zonas de Chilpancingo e Iguala, en Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como el exdirector (2017-2019) de la Industria Militar, José Ricardo Bárcena Rosiles, quien asumió (2014) la comandancia de la 22 Zona Militar en el Estado de México, a la que pertenecieron los soldados involucrados en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya.
También destacan el otrora (2017-2018) inspector y contralor del Ejército y de la Fuerza Aérea, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, responsable de las tropas implicadas (2012) en la muerte de una civil (María Susana Flores Gámez) durante un enfrentamiento con integrantes del Cártel de Sinaloa, y el exdirector (2017-2018) de la Comandancia de la Fuerza Aérea, Miguel Enrique Vallín Osuna, bajo cuya administración ocurrió el desplome de un helicóptero militar –en que viajaba el exsecretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida– que causó la muerte de 13 personas en 2018.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no sólo los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos u omisiones ligados a ilícitos graves y no graves son sujetos a sanción. También las personas que encubran (Artículo 62) y obstruyan la justicia (Artículo 64) son responsables, toda vez que habiendo tenido conocimiento de algún ilícito cometido no hubieran dado parte a las autoridades competentes.
Las cifras de la Sedena y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indican que a lo largo del sexenio pasado hubo 5 mil 570 denuncias en contra de servidores de la Defensa Nacional por faltas administrativas graves y no graves, además de 2 mil 661 militares sancionados –por ilícitos por función pública y/o militar– en 2016-2018, entre los que se cuentan 11 generales, 22 coroneles, 50 mayores y 128 capitanes.
Las irregularidades registradas en la Sedena por la ASF son sólo la punta del iceberg. En agosto de éste año, la Secretaría reconoció que entre 2013 y 2019 contrataron a empresas fantasma. Sin embargo, la Sedena explicó que al momento de la licitación, dichas empresas estaban registradas ante la SFP y así, “debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación”. Sólo entre 2013 y 2018, el pago a negocios fachada por parte de la Sedena sumó 2 mil 369 millones 335 mil 700 pesos, de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria dadas a conocer por el diario El País.
En la siguiente tabla puede consultar toda la información utilizada en éste texto, incluyendo los apartados de “Quejas y denuncias” y “Militares sancionados y/o en proceso de sanción”, además del de “Análisis sancionados”.
DAÑOS AL PATRIMONIO
A cuatro meses de haber iniciado labores, la Sedena de Salvador Cienfuegos Zepeda se enfrentó a señalamientos por presuntas irregularidades en el área administrativa de la dependencia, entonces a cargo del General Fernando Joaquín Ávila Lizárraga. La Dirección General de Administración a su cargo, que es la encargada de la inspección, vigilancia y supervisión de licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios, así como del manejo de recursos financieros y humanos de la Sedena, no tardó en hacer frente a diversos proveedores que acusaron la existencia de una red de corrupción que intercambiaba comisiones por contratos públicos.
“Somos un grupo de proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupados porque venimos prestando nuestros servicios y la nueva administración del área de compras, donde se encuentran el teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor José Alfredo Carrillo Ríos, y el Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor José Luis Lua Tatuado, desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entran y cuáles se van”, se lee en una misiva que data de 2013.
Los proveedores también acusaron una serie de irregularidades –como la provisión de información privilegiada a cambio de dádivas– al amparo de los más altos mandos de la Sedena. “Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos por 1 millón de pesos. Ésta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del Secretario de la Defensa, el General Salvador Cienfuegos”, abunda el escrito de los supuestos proveedores.
Ese mismo año, la Sedena fue responsable de presuntos perjuicios económicos en contra del erario público por 2 millones 702 mil 411.02 pesos relacionados con la contratación de bienes de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, entonces a cargo del General Carlos Antonio Rodríguez Munguía.
De acuerdo con la auditoría número 13-0-07100-02-0118 GB-101, las anomalías involucraron primas reembolsadas de seguros de tres vehículos aéreos que no fueron reintegradas a la Tesofe, así como la falta de devolución de penalizaciones cobradas a algunos de los proveedores relacionados con contratos para la adquisición de siete helicópteros y un paquete logístico que incluía asesorías y mantenimiento de aeronaves.
Las irregularidades en la contratación de bienes de las diferentes áreas de la Sedena sumaron 4 millones 442 mil 727.90 pesos adicionales en irregularidades entre 2014 y 2017, en la que destacaron sobreprecios, compra de artículos y refacciones (para vehículos aéreos) que no fueron entregados, además de penalidades no aplicadas y recursos no devueltos a la Tesofe.
En la auditoría 2017-0-07100-15-0107-2018 107-GB es señalado que, por ejemplo, la Sedena compró tubos de aluminio y barras de acero con sobreprecios respectivos de 79.1 y 57.6 por ciento.
En un caso, la ASF determinó que uno de los proveedores de la Sedena “presentó documentación no fidedigna para acreditar las características técnicas de los bienes”, mismos que “adquirió con otro proveedor nacional que tampoco era el fabricante de los bienes, toda vez que los importó”, además de que el acero vendido provino de China mientras que el proveedor manifestó que venía de Alemania. Lo anterior fue responsabilidad de los funcionarios públicos a cargo por la falta de controles adecuados que generó pérdidas no solventadas.
Acerca de éste tipo de irregularidades, el General retirado Mario Marco Antonio González Barreda ha dicho (2014) que se trata de equivocaciones legalmente vinculantes que no deben de ser atribuidas a la dependencia sino a los sujetos responsables, máxime considerando que se trata de una dependencia de estructura jerárquica con deberes comunes a los obligados, tanto por función pública como militar. Para quien fuera inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea entre 2011 y 2013, la Sedena opera con base en “todos los principios doctrinarios legales que la protegen, por lo que los errores cometidos son atribuibles a las personas que en un momento toman una decisión equivocada”.
En el caso del Issfam (2016) hubo probables daños a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 200 mil pesos, por la “falta de depósito y comprobación por concepto de Cuotas de Seguro Colectivo de Retiro, Seguro de Vida Militar y Seguro Institucional, derivados de la emisión de un recibo por un importe mayor al transferido por la Secretaría de Defensa Nacional y registrado por el Instituto”, se lee en la auditoría número 16-1-07HXA-02-0103 103-GB.
Además de los 11.3 millones de pesos en pérdidas anteriormente referidos, la ASF determinó perjuicios por 5 millones 642 mil 726.13 pesos que se debieron a sobreprecios y a pagos duplicados, excesivos y/o indebidos en obra pública durante 2018. La irregularidad más detectada fue una que se repitió en muchas obras de infraestructura del peñanietismo, sobre todo en aquellas ligadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del sexenio pasado: “obra pagada no ejecutada en los conceptos relativos al pago de concreto, debido a que se autorizó su pago sin descontar el volumen que ocupó el acero de refuerzo en el concreto pagado”, indica la revisión número 2018-1-07HXA-22-0080-2019 80-GB.
De acuerdo con las cifras de la SFP, entre 2013 y 2018 hubo al menos 110 quejas y denuncias relacionadas con obras públicas en contra de funcionarios de la Sedena.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
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