Se trata del Teniente de Infantería José Luis “F”; el Sargento Segundo PM Bernabé “L”; el Cabo Conductor Omar “A”; el Cabo PM Rubel “L”; la Soldado PM Jaqueline “R” y la Soldado PM Nayeli “S”, de acuerdo con un documento oficial de la Guardia Nacional en poder de Animal Político.
“Por tratarse de militares comisionados a la Guardia Nacional y por una cuestión de seguridad”, los seis inculpados por la muerte de Jessica Silva, de 36 años de edad, y las lesiones graves provocadas a su esposo Jaime, ambos agricultores originarios del municipio de Meoqui, Chihuahua, fueron traslados a la cárcel militar de Mazatlán, informaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
Ante el riesgo de que un grupo criminal ingresara a un penal local en Chihuahua para agredirlos o que dentro del mismo se organizara un motín contra ellos, se tomó la decisión de trasladar a los seis militares a Mazatlán, Sinaloa.
El lunes 26 de octubre se realizó la audiencia inicial de los militares comisionados a la Guardia Nacional, en ésta la defensa legal de los presuntos responsables pidieron un plazo de 144 horas, que finalizan el domingo, para que se defina si los vinculan o no a proceso penal.
La orden de aprehensión la cumplimentó personal de la policía ministerial militar a petición del Ministerio Público Federal, quienes acudieron a las instalaciones de la Coordinación Estatal Chihuahua de la GN.
La detención la encabezó el Mayor de Infantería Juan Mario Martínez Lara, Policía Ministerial Militar, al mando de 21 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, para cumplimentar la orden de aprehensión contra los seis sospechosos, adscritos a citada Coordinación Estatal, señala el documento de la GN.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) los 6 detenidos se encuentran a disposición de un juez civil de distrito en Chihuahua y se les imputaron “delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio”.
La muerte de Jessica y las agresiones a su esposo Jaime ocurrieron el pasado 9 de septiembre, en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, Chihuahua, mientras los elementos trasladaban a tres personas detenidas.
De acuerdo con la versión oficial, uno de los elementos de esta corporación fue quien disparó, por accidente, contra la mujer que perdió la vida tras la manifestación.
El comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio, calificó el hecho como un “desgraciado, lamentable accidente”, y aseguró que se están llevando a cabo todas las investigaciones para conocer a fondo lo sucedido.
Una solicitud de transparencia hecha por Animal Político arrojó que desde su creación, en la presente administración, hasta el 18 de agosto del presente año, ningún militar o exmilitar comisionado o adscrito a la GN había sido dado de baja o sancionado por irregularidades en su actuar; sin embargo, respondieron que en 2019 un total de 40 expolicías federales se separaron del servicio y otros 33 fueron removidos por irregularidades en su actuar.
A estos casos, se suma una investigación por parte del área de asuntos internos de la corporación contra un grupo de guardias nacionales que en abril se reunieron con supuestos miembros de grupos de la delincuencia organizada.
El 24 de abril, en la conferencia mañanera, el titular de la GN, Luis Rodríguez Bucio, informó que estos elementos estaban siendo investigados, pero hasta la fecha no han dicho públicamente qué ocurrió con la investigación.
En ese momento, Rodríguez Bucio dijo que “después de ver las fotografías de con quién se habían reunido, se inició una investigación por la propia Unidad de Asuntos Internos que es la responsable de ver la conducta de toda la Guardia Nacional, está en el proceso el tiempo que se lleva la investigación”.
El pasado 19 de octubre, Animal Político público que de acuerdo con una demanda de amparo interpuesta por una Mayor del Ejercito de la Guardia Nacional, una policía civil por definición, ha sido dirigida y manejada desde el inicio por militares del Ejército en activo, que igual dan órdenes como jefes policiales que como comandantes de las fuerzas armadas, por lo que en los hechos nunca han estado separados de la estructura y jerarquía castrense, pese a que así lo ordenaba la reforma constitucional que dio luz verde a la nueva corporación.
Civiles en papel, militares en la operación
Aunque constitucionalmente la GN es una fuerza policial civil sujeta a la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los hechos sus elementos operan bajo reglas, códigos y jerarquías cien por ciento castrenses, confirmó una abogada y exdirectora de dicha corporación.
La detención de los guardias implicados en la agresión en Chihuahua por parte de policías militares y su reclusión en una cárcel castrense, es un ejemplo mas de esta situación que consideró como “irregular”.
La funcionaria – que pidió reserva con su identidad – explicó que si bien, la GN está conformada en su mayoría por elementos asignados desde el Ejército, estos deberían quedar “funcionalmente separados” de sus funciones castrenses. En consecuencia, la Sedena no debería tener injerencia alguna en temas administrativos ni operativos.
Sin embargo, la reforma legal también contempló un periodo de tolerancia de dos años para que los elementos asignados pudieran ajustarse a perfil que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, situación que ha provocado que en los hechos los guardias sigan manejándose como soldados, y no como policías.
Por ejemplo, detalló la funcionaria, la mayor parte de los guardias no han sido dados de alta como policías en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública ni cuentan con su credencial única de identificación policial. Dicha situación impide darle seguimiento a un régimen disciplinario de cada uno de los guardias o asentar las conductas delictivas en las que puedan incurrir.
“Esto provoca, por ejemplo, que si la ley del Sistema Nacional de seguridad contempla que si un policía falta de forma injustificada tres días en un mismo mes se incumple un requisito de permanencia y ese elemento debe ser dado de baja. Eso en el caso de los elementos de la Guardia no se puede porque ni siquiera han sido dados de alta en el sistema. Siguen dados de alta en el Ejército” indicó.
Se ha dado paso, añade la abogada, a una situación ambigua y a un “conflicto de indisciplina” que ocasiona casos como el de Chihuahua donde de forma irregular, el Ejercito intervienen en la detención y resguardo de guardias que están siendo procesados por la vía civil.
“Lo que debió ocurrir en este último caso es que se les aplicara un procedimiento cien por ciento civil y que habiendo sido cumplimentada la orden de aprehensión por policías civiles y trasladados por policías civiles a un centro de reclusión civil, entonces ahí se expusiera ante el juez que por una situación de seguridad fueran trasladados a una instalación militar. Pero esa debió ser la ruta y no como se hizo desde el inicio” indicó.
La abogada desestimó a su vez el argumento esgrimido por las autoridades federales sobre que los guardias detenidos en Chihuahua son “militares comisionados”, pues dijo que no existen soldados comisionados en la GN. Se trata, insistió, de efectivos asignados a la misma tras ser separados funcionalmente de su función castrense, y que deberían ser tratados como civiles.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL, FRANCISCO SANDOVAL.
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