“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se indica en un documento de dicho grupo.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la Sra. Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional”, se apunta.
Además, el grupo insta al gobierno a garantizar una “investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la privación arbitraria” de libertad de Quevedo Cruz, incluidas las denuncias de tortura, y a tomar las medidas adecuadas contra los responsables de la violación de sus derechos.
Sobre las denuncias de tortura expone: “El 7 de octubre del 2010, la Sra. Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías. El 13 de octubre, nuevamente sufrió actos de actos de tortura: se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
El Grupo de Trabajo concluyó que “las violaciones al derecho a un juicio justo son de tal gravedad que otorgan a la detención de la Sra. Quevedo Cruz un carácter arbitrario bajo la categoría III“.
En la recomendación, la ONU pide se le informe cuando se ponga en libertad a Quevedo Cruz, además de que notifique si le han concedido indemnizaciones u otras reparaciones, y también si se ha investigado la violación de sus derechos.
“El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión”, refiere el documento con fecha del 29 de septiembre pasado.
El grupo de la ONU reiteró su “preocupación por la detención preventiva excesivamente prolongada en este caso” y le preocupa “que esto indique un problema sistémico con la detención arbitraria en México que, de continuar, puede constituir una grave violación del derecho internacional. En determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad, en violación de las normas del derecho internacional, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
Además, manifestó que agradecería “la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el gobierno para abordar sus preocupaciones en torno a la privación arbitraria de libertad. Dado que ha transcurrido un período de tiempo significativo desde su visita más reciente a México, en noviembre de 2002, el Grupo de Trabajo considera que es el momento adecuado para realizar otra visita”.
Brenda Quevedo Cruz está acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que se encuentra detenida desde 2005.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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