Incluso, el panorama para el exfuncionario podría complicarse luego de que las autoridades federales identificaron casi medio centenar de empresas posiblemente “fantasma” implicadas en pagos que Petróleos Mexicanos, bajo la dirección de Lozoya, concedió a la constructora Odebrecht en el sexenio pasado.
Fue el pasado 28 y 29 de julio cuando jueces federales decidieron vincular a proceso a Emilio Lozoya por dos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y uno de asociación delictuosa. Lo anterior por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Agronitrogenados y Odebrecht, para favorecerlas con contratos en su gestión.
La vinculación a proceso dictada en esas audiencias se dio sin la oposición de Lozoya y sus abogados quienes anunciaron que buscarían un criterio de oportunidad, es decir, un trato con la Fiscalía para que los cargos le fueran retirados, a cambio de denunciar y probar que el exdirector de Pemex fue utilizado por una gran red de corrupción en la que estaban implicados incluso hasta presidentes.
Los jueces dieron entonces un plazo de seis meses a las partes para completar las investigaciones y decidir si se acusa formalmente a Lozoya para ir a juicio, o si se deciden retirar los cargos en su contra.
Autoridades con pleno conocimiento de este proceso confirmaron a Animal Político que al cumplirse la mitad de este periodo la situación jurídica del exfuncionario es la misma. “El criterio de oportunidad es un proceso en construcción, requiere que Lozoya declare también ante un juez lo que denunció, eso aun no ocurre”, dijo la fuente consultada.
Lo que la defensa del exdirector de Pemex sostiene es que él fue utilizado por un supuesto “aparato organizado de poder” para perpetrar los hechos ilegales que se le imputan. El pasado 20 de agosto, un mes después de ser procesado, Lozoya presentó una denuncia formal en la que declaró múltiples hechos de corrupción en los gobiernos de los últimos sexenios. La denuncia se filtró al poco tiempo a los medios, junto con un video de uno de los supuestos pagos a legisladores denunciados.
Sin embargo, para otorgar el criterio de oportunidad, la ley también contempla que se deben aportar pruebas útiles que ayuden a procesar a los implicados en los hechos que se denuncian, y además se debe cubrir un pago para la reparación del daño. Es en esta fase, y en la ratificación de los dichos por Lozoya ante un juez, donde el proceso se encuentra actualmente.
De no lograrse las condiciones del criterio de oportunidad, autoridades de FGR confirmaron que se presentaría la acusación formal en contra de Lozoya a finales de enero de 2021.
Nueva acusación en puerta
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) presentará, en noviembre, una denuncia penal ante la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de una nueva investigación que involucra a la gestión de Lozoya en Pemex y a la constructora Odebrecht.
De acuerdo con autoridades federales consultadas, la investigación involucra a medio centenar de personas morales, la mayor parte de ellas empresas posiblemente fantasma, que estarían involucradas en una red de lavado de dinero.
Se trata, según los trabajos de inteligencia, de compañías que hasta ahora no habían sido detectadas ni reportadas, constituidas en su mayoría en México, y que se presume podrían haber sido utilizadas por Odebrecht y exfuncionarios para desplazar pagos de sobornos de los que no se tenía registro.
Ese dinero, presumen los investigadores, serían una retribución directa por los seis contratos con sus respectivas ampliaciones que la constructora brasileña logró con Pemex en la gestión de Emilio Lozoya, por un monto que supera los tres mil millones de pesos.
Animal Político había adelantado en esta nota que la UIF sospecha que podría tratarse de un esquema similar al de “la Estafa Maestra”, en donde se implementó una compleja red de compañías fachada para tratar de ocultar el destino final de los recursos.
La denuncia original por este caso se iba a presentar desde principios de octubre, sin embargo, la complejidad de la red descubierta ha retrasado la presentación de la denuncia ante la Fiscalía. De acuerdo con fuentes de Hacienda, corresponderá a la FGR confirmar si Lozoya está vinculado directamente con la red, u otras personas cercanas al mismo.
Múltiples casos pendientes
Cuando Lozoya renunció de manera voluntaria a pelear no ser extraditado desde España, también perdió la posibilidad de apegarse a una regla denominada “de especialidad” incluida en el tratado de extradición, firmado entre el país europeo y México, que contempla que una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales es entregado.
Lo anterior significa que las autoridades mexicanas tienen camino libre para proceder por cualquier otro delito o caso de corrupción en contra del exfuncionario, además de los procesos penales que ya se le iniciaron por los sobornos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Los pendientes de Lozoya en su gestión como director de Pemex son muchos. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación presentó en 2019 una denuncia penal por un quebranto al erario superior a los 460 millones de dólares resultado de fallidas inversiones en plantas de fertilizantes. La carpeta de investigación iniciada por ese caso sigue en integración.
Además, la Auditoría también cuenta con indagatorias en curso por 36 convenios que Petróleos Mexicanos firmó con distintos entes públicos bajo el esquema de “La Estafa Maestra”, y que dada la falta de solventación del dinero se prevé que se conviertan en denuncias públicas en los próximos meses.
Por su parte la SHCP ha presentado cinco denuncias en el ultimo año y medio relacionadas con diversas irregularidades que atañen también a la administración de Lozoya en Pemex, y que van desde el posible desvío de mas de 80 millones de pesos para la compra de un astillero en España, hasta el sobrecosto en la adquisición de la planta de fertilizantes Fertinal (donde además estaría implicado el Consejo de Administración de Pemex).
ONG promueve amparo para transparentar proceso
La organización no gubernamental TOJIL: Estrategia contra la Impunidad promovió una demanda de amparo con la que busca que el proceso penal iniciado en contra de Lozoya e incluso el posible criterio de oportunidad que se le otorgue sean transparentados, bajo el argumento de que al tratarse de un caso de corrupción la víctima es la sociedad en su conjunto y, por tanto, todos tienen derecho a saber lo que ocurre.
La demanda fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en Ciudad de México, y la misma continua bajo análisis.
Lo que la juez rechazó fue conceder una suspensión provisional para que el proceso se frene mientras esto se resuelve. En contra de dicha negativa, TOJIL promovió un recurso que también se encuentra en revisión.
Hasta ahora el caso de Emilio Lozoya ha sido manejado con hermetismo por las autoridades ministeriales y judiciales. Incluso las audiencias en las que fue vinculado a proceso en julio pasado, y que por definición son públicas, se realizaron sin que el público pudiera presenciarlas o seguirla. Ello con el argumento de que por medidas sanitarias no era posible acceder a las salas.
Animal Político solo pudo acceder a presenciar las grabaciones de dichas audiencias dos meses después de que se llevaron a cabo y gracias a solicitudes de transparencia. En esta nota puede consultarse a detalle cómo se desarrollaron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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