Los recortes de recursos a instituciones ambientales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, la inacción del gobierno ante la desaparición de especies y la pesca ilegal, así como el freno a la inversión de energías limpias y la preferencia por combustibles fósiles son algunos de los grandes rezagos que expertos y ambientalistas destacan en la política de la actual administración.
Especialistas consultados por Animal Político explican por qué no ven una respuesta seria en el cuidado ambiental en lo que va de la administración.
Gastar menos en medio ambiente, una tendencia que no cambió
Aunque el gobierno plantea dar 54 millones de pesos más a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para 2021, todos sus organismos padecerán recortes que van del 3%, en el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); del 8.9% al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); del 9% para la Procuraduría ambiental (Profepa); y hasta del 11% para la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Para Alejandro Castillo, director asociado de conservación marina y pesca sostenible de Pronatura Noroeste, organización conservacionista con casi 30 años de trayectoria, el presupuesto presentado por el gobierno federal a medio ambiente es decepcionante, principalmente en el que piensa destinar a las 182 Áreas Naturales Protegidas de México.
“El presupuesto que le está asignando a sus áreas protegidas, que se supone que son lo mejor del territorio nacional es del .018%, es nada para una sexta parte del territorio nacional”, dice Castillo en entrevista y recuerda que esta comisión está a cargo de cuidar el 22% del territorio en México.
Anaid García Tobón, investigadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, explica que en los últimos años no solo se ha reducido el dinero para la Comisión de Áreas Protegidas, sino que también ha aumentado la cantidad de trabajo debido a que se han declarado más zonas bajo protección de la Conanp.
“El gobierno actual ha mantenido una tendencia que ya se tenía… el incremento de Áreas Naturales Protegidas ha implicado también menos dinero para su cuidado”,
Además del cuidado que implica mantener estas áreas naturales, la especialistas recuerda que algunas de ellas se enfrentan a situaciones más complicadas como la erosión del suelo, afectaciones por el cambio climático, la tala y caza ilegales, así como ser zonas de disputa por grupos del crimen organizado.
Ambos investigadores, junto con organizaciones civiles, realizaron el estudio “Cuidar lo que importa”, un análisis sobre lo que se destina en el presupuesto para cuidar el patrimonio natural.
Además de identificar que el presupuesto por hectárea protegida se ha reducido en 87%, pasando de 74.12 pesos en 2016, a 9.56 pesos en 2020, el estudio también propone dos fuentes de financiamiento que no se han aprovechado.
La primera es el cobro de derechos que se le hace a los visitantes de las áreas naturales y que se dejó de reintegrar a la Conanp, lo que ha hecho que dejen de recibir al menos 76 millones de pesos, desde 2013.
La segunda son las multas e infracciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues la poca efectividad para cobrarlas y la ausencia de fondos se han traducido en 1,500 millones de pesos que se dejaron de invertir entre 2011 y 2015.
De acuerdo con los investigadores, en 2019 se dieron unos pasos para regresar parte del dinero a la Conanp, sin embargo no ha sido suficiente.
“La Conanp tiene el rol de involucrar a la gente en el manejo de las áreas naturales, y este apoyo ha sido súper importante porque a veces es la única institución federal presente en las comunidades, sin los recursos necesarios va a ser difícil que pueda jugar ese rol”, lamenta Castillo.
Trenes, refinería y fracking, la prioridad
El compromiso 75 del presidente López Obrador fue “no recurrir a métodos de extracción
que afecten la naturaleza”, concretamente se refirió al fracking, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica y genera la contaminación de las fuentes de agua, así como la emisión de gas metano.
Aunque el presidente insiste en que este método ya no se usa, los números muestran lo contrario, pues su gobierno ha contemplado recursos e implementado proyectos con este tipo de extracción.
En la propuesta de presupuesto para 2021, el gobierno contempla dos proyectos de exploración y producción de Pemex que implican uso de fracking.
Se trata del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, para el cual se contemplan 4,593 millones 403 mil 882 pesos.
El proyecto se ubica en Veracruz y Puebla, e implica “29 campos productivos de aceite y gas”, dividido en ocho sectores.
El segundo es “Aceite y Gas en Lutitas”, con un monto de 2 millones 399 mil 928 pesos, y abarca extracción en Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.
Y no solo eso. El mismo presupuesto y el plan de negocios de Pemex contemplan los flujos e inversiones para 2022, donde se plantea el uso de 14 mil millones de pesos para el proyecto de gas y aceite en lutitas.
De acuerdo con Beatriz Olivera, especialista en temas energéticos, desarrollo sustentable e industrias extractivas, se trata de la inversión más grande con el uso de fracking en los últimos años.
“Aceite y gas en lutitas es un proyecto que va a terminar en 2022,está planeado así… y no sabemos si es para pasar a una etapa de producción, o para qué. Más allá de la retórica hay que ver los números”, explica en entrevista.
Para Olivera, quien se desempeña como Investigadora en industrias extractivas para Fundar, este tipo de propuestas evidencian que el gobierno actual no tiene una prioridad por el cuidado del medio ambiente.
“El presidente tiene una predilección por el uso del petróleo, por el fortalecimiento de Pemex, pero sí había la esperanza de que una vez llegando a la Presidencia hubiera un mayor compromiso con otro tipo de agendas”, dice la especialista.
La prioridad del gobierno se ha enfocado también en otros proyectos basados en el uso de combustibles fósiles, como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, a la cual busca destinar 45 mil 50 millones de pesos.
Hasta ahora, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —entidad encargada del Tren Maya— ha publicado la Manifestación de Impacto Ambiental para solo tres tramos de la obra, en las cuales estima que serán afectados 6,637 árboles.
“Lo que equivale a 11 árboles por hectárea. Además, se contemplan programas de rehabilitación y reforestación como medidas de mitigación de impacto ambiental para recuperar los ecosistemas”, expuso la dependencia.
Este 24 de septiembre, Fonatur anunció varias medidas de saneamiento ambiental en la Reserva Ecológica Cuxtal, en Yucatán, como parte de las acciones de trabajo del proyecto del Tren Maya.
De acuerdo con la entidad, se contará con 189 millones de pesos para incrementar 10% el área natural protegida, crear un centro de educación ambiental, reubicar fauna, así como mitigar impactos del tren.
Este tipo de decisiones, junto con el freno de la Secretaría de Energía (Sener) a la inversión privada en energías limpias o renovables son malas señales no solo para especialistas, sino también para ambientalistas y organizaciones dedicadas a la defensa de recursos naturales.
Para Gustavo Alanis, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el tema del cuidado al medio ambiente en estos dos años de gobierno ha quedado en un nivel de baja prioridad, violando no solo leyes nacionales, sino también acuerdos internacionales que ha suscrito México.
“Las prioridades están en los proyectos del presidente, no están en el medio ambiente, en los recursos naturales, no están en las instituciones ambientales… hemos visto varios ejemplos, como los garrotazos del presidente a grupos ambientalistas, la promoción de (la refinería) Dos Bocas destruyendo manglares, promoviendo los combustibles fósiles, el incumplimiento de los Acuerdos de Paris, la ley de cambio climático y la de ley de transición energética en México”, señala.
Cambio de secretarios en Semarnat
En casi dos años de gobierno, tres personas han encabezado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Josefa González Blanco inició el sexenio al frente de la dependencia, pero tras ocasionar el retraso en un vuelo comercial, ofreció su renuncia al presidente en mayo de 2019, quien la aceptó.
El segundo secretario fue Víctor Manuel Toledo, quien dejó el cargo apenas el pasado 2 de septiembre, no sin antes ventilar críticas al gobierno de López Obrador en materia ambiental.
En un audio filtrado a medios, Toledo dijo que “este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones”, al hablar de disputas y presiones para permitir la implementación de megaproyectos de minería, energía y agronegocios,
El funcionario señaló varias diferencias con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, así como con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, e incluso con la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, en temas de impacto ambiental.
Una de las diferencias más importantes con Romo fue la presión para gestionar la importación de glifosato: “El principal veneno, el principal plaguicida, y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar, porque la respuesta, no solo de Sader sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México, contra lo que hicimos en Semarnat, ha sido apabullante”.
Tras su salida, llegó a la Semarnat María Luisa Albores, que antes era titular de la Secretaría de Bienestar.
A estos cambios constantes, se suma la renuncia del subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo Segura, para dejar en el puesto a Tonatiuh Herrera, hermano del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Gustavo Alanis apunta a esta rotación en la dependencia, así como a la desaparición de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, “la más importante de Semarnat”, y a la inoperancia del Consejo de Cambio Climático en México, como parte del rompecabezas que tiene abandonado al medio ambiente.
En agosto pasado, CEMDA obtuvo una suspensión definitiva en el amparo interpuesto conjuntamente con Greenpeace México, en contra del acuerdo de generación de energía eléctrica.
Junto con otras suspensiones otorgadas, podrán seguir avanzando los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, “siempre y cuando cumplan en todo momento con el marco legal vigente, y respeten los derechos humanos de las personas en las comunidades donde pretenden instalarse”, de acuerdo con la organización ambiental.
Pérdida de especies y siembra insuficiente
Ante la pérdida de biodiversidad, como el riesgo de extinción de la vaquita marina, especialistas cuestionan la inacción del gobierno a problemas como la pesca ilegal, que está afectando no solo a especies protegidas, sino también a quienes viven de esta práctica.
Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana México, explica que en los últimos años se han reducido las acciones del gobierno contra las diferentes formas de pesca ilegal, que van desde pescar en tiempos de veda, hasta proteger a especies del crimen organizado y el mercado negro.
De acuerdo con la especialista, desde 2015 los programas de inspección y vigilancia han reducido su presupuesto y sus medidas, lo que se ha traducido no solo en pérdida de recursos, sino en un espacio de altísima impunidad.
Incluso, las afectaciones han llegado a niveles económicos, pues Estados Unidos ha impuesto un veto a la pesca del Alto Golfo de California, como medida contra la pesca ilegal, sin embargo esta acción ha afectado también a pescadores regulados.
“Cuando tú no atiendes la pesca ilegal de la manera que se debe, generas un problema mayor. Todos los pescadores legales se ven afectados aunque no pesquen el mismo producto”, explica Terrazas en entrevista.
“Si tienes un consenso entre pescadores y organizaciones contra la pesca ilegal, y tu respuesta es no hacerle frente y reducir el presupuesto, estás condenando a una de las actividades más importantes que tenemos en este país”, insiste.
En este sentido, Alejandro Castillo, de Pronatura Noroeste, señala que aunque la administración pasada hizo inversiones muy importantes en términos de la protección de la vaquita marina, no sirvieron, pues “quedan entre 10 y 15 vaquitas, especialistas comentaban que se espera que se extinga este mismo 2020.
“El costo de la inacción está siendo altísimo, si bien nos podemos ahorrar algunos pesos recortando programas, estamos perdiendo mucho en términos de pesca y productividad por esta limitación de poder exportar a Estados Unidos”, dice en referencia al embargo impuesto a la zona del Alto Golfo de California.
La medida más reciente del gobierno ha sido publicar un acuerdo “para pesca sustentable” que se basan en el monitoreo y regulación de pesca dentro de la zona.
“En cuanto al compromiso de protección a la vaquita marina, el Acuerdo establece un ‘Área de Cero Tolerancia’ de 225 kilómetros cuadrados dentro del área de refugio para la protección de esta especie endémica.
“En este perímetro, las autoridades llevarán a cabo, de manera coordinada, las 24 horas del día durante todo el año, el patrullaje y la vigilancia marítima, aérea y satelital, o mediante cualquier otro medio o tecnología que se considere necesaria”, explicó la Semarnat este 24 de septiembre.
Otro de los compromisos del gobierno actual ha sido plantar, en dos años, un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y crear 400 mil empleos.
Sin embargo, en su primer año de operación, el programa Sembrando Vida entregó apenas el 13.9 % de los insumos previstos, pues la Secretaría de Bienestar solo pudo conseguir en viveros de distintos proveedores 80 millones de plantas de los 575 millones que tenía planeado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GONZALO ORTUÑO.
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