El Sindicato de Maniobristas, que hasta 1991 operaba la empresa Servicios Portuarios de Veracruz S.A de C.V (Serpover) y controlaba el movimiento en el puerto, recibió por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) la toma de nota del sindicato, es decir, oficialmente fueron reconocidos como un gremio para seguir laborando, aunque los trabajadores afirman que solo quieren que se les restituya lo que por ley les toca.
“Las toma de nota significa que renace el sindicato para efectos liquidatorios. Nos tienen que regresar nuestros edificios y pagar nuestra maquinaria”, explicó en entrevista Alejandro Pulido Cueto, representante legal de los agremiados maniobristas. “A Hacienda no le va a costar porque los que tienen que pagar son las empresas que se quedaron con nuestras concesiones”.
Las empresas a las que hace referencia el abogado de los maniobristas son CTV, Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE) y Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE).
Esta lucha legal pasó casi 30 años sin ser tomada en cuenta. Primero, cuando Salinas ordenó la requisa (1991) y se apropió del control del puerto de Veracruz y por ende de la fuente de trabajo de los maniobristas. Después, la complicidad de los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) evitó que el sindicato accediera a la justicia, denunciaron los mil 500 socios que aún quedan de los 15 mil que sufrieron el despojo.
“En los gobiernos del PRI y PAN nunca nos dejaron acceder a la información, fue hasta ahorita con el nuevo gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, mencionó el abogado Pulido e insistió que lo único que reclaman es que les devuelvan sus bienes y les paguen la indemnización que por ley les toca. No intentan recuperar las plazas, hoy ocupadas por nuevos trabajadores. “No queremos entorpecer ni el progreso del puerto ni crearle problemas a las empresas ni al Presidente”.
Lo que sí buscan es que los exfuncionarios salinistas que participaron en ese despojo paguen por avalar una requisa a todas luces ilegal. Actualmente tienen ocho denuncias penales en contra de Carlos Salinas de Gortari (Presidente de 1988-1994), Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz, quienes fungían como Secretario de Hacienda y subsecretario en ese sexenio, y Dante Delgado Rannauro (Gobernador de Veracruz de 1988 a 1992). Otros políticos involucrados ya fallecieron.
“Estamos demandando a Salinas de Gortari, a Fernando Gutiérrez Barrios, aunque está muerto me interesa mencionarlo, a Francisco Gil Díaz que era el subsecretario de Hacienda, a Pedro Aspe que era el Secretario de Hacienda, Arsenio Farell Cubillas, éste último era el Secretario del Trabajo durante el Gobierno de Salinas de Gortari, Roberto Ríos Ferrer (yerno de Andrés Caso Lombardo y en 1991 representante del Gobierno federal en la implementación de la requisa), Ángel González Rul (quien fue director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver), Jorge Lecona Ruiz, y todos los que participaron en este robo y violación de nuestros derechos humanos y laborales. Dante Delgado también, todos están incluidos”, dijo el abogado Alejandro Pulido.
SinEmbargo contacto dos veces al Senador Dante Delgado, único personaje de los señalados en las demandas que está activo en la política, para obtener una postura sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
El Sindicato de Maniobristas acusa a Carlos Salinas de ser el artífice de la requisa con la cual se apropiaron de su patrimonio. “Ellos crearon una figura de un notificador de Hacienda e hicieron una auditoría ficticia con personal que nunca estuvo en las oficinas de Hacienda. Todo lo crearon al amparo de la ilegalidad y hasta el día de hoy sigue llegando dinero a las cuentas de estos personajes”, mencionó Pulido.
EL DESPOJO DEL PUERTO
México, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, tiene 17 estados con apertura al mar y cuenta con 117 puertos y terminales donde entran y salen millones de dólares en mercancías. Este fructífero negocio no pasó desapercibido en el sexenio de Carlos Salinas y en el año de 1991 comenzó el desmantelamiento de los sindicatos portuarios con la finalidad de entregar los puertos a la iniciativa privada, señaló el Capitán de Marina Mercante, Antonio Rodríguez Fritz, en una entrevista con SinEmbargo.
El 1 de julio de 1991, el Gobierno federal a cargo de Carlos Salinas promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una requisa para controlar las operaciones de los sindicatos portuarios. Esta figura legal prevista en la Constitución consiste en la expropiación del Estado de todos los bienes que puedan ser de utilidad en caso de guerra o movilización.
“Siempre se ha dicho que la requisa del Puerto de Veracruz era ilegal porque a México no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se rompía el precepto gubernamental”, detalló el Capitán de Marina Mercante.
Tomar el control del Puerto de Veracruz era una prioridad para el Gobierno de Carlos Salinas. Es el principal abastecedor de servicios y de bienes intermediarios y de consumo para la zona centro del país, por lo que es donde converge la mayor diversidad de mercancías, cargas y servicios portuarios.
Tres años antes de la requisa de 1991, en 1988, el Gobierno federal envió a tres funcionarios que se encargarían de modernizar el puerto, aunque en realidad era una mentira, acusaron los sindicalistas.
“Se supone que Salinas de Gortari dijo que iba a modernizar los puertos y los iba a hacer más productivos y nos venía a apoyar. Con engaños mandó a esos funcionarios que vinieron a darse cuenta de la cantidad de dinero que nosotros generábamos en la empresa y en el sindicato. Veracruz era el primer puerto de México, de Latinoamérica y uno de los principales del mundo”, recordó Alejandro Pulido, abogado de los maniobristas y también trabajador sindicalizado.
Los funcionarios enviados por Salinas de Gortari fueron Jorge Cruz Borgar, a quien pusieron como director de Servicios Portuarios, Camerino Ruiz Palacios, gerente administrativo de esta empresa, y José Martínez, quien quedó coordinador general.
Hasta 1991, el Sindicato de Maniobristas era dueño del 70 por ciento de las acciones de la empresa de Servicios Portuarios (principal operadora del puerto) y el Gobierno federal y el del estado de Veracruz tenían entre los dos sólo el 30 por ciento. Una situación que no le convenía a Carlos Salinas.
La empresa Servicios Portuarios se creó en el año de 1973, en el sexenio de Luis Echevarría Álvarez, para que los trabajadores portuarios se hicieran cargo de los puertos, refiere el Sindicato de Maniobristas.
“Nosotros aportamos el capital social de la empresa, un edificio y una bodega de talleres, toda una manzana, más de 11 mil metros cuadrados”, detalló Pulido Cueto. “Aportamos el capital social para la empresa de Servicios Portuarios, pero además nosotros teníamos dos concesiones, la concesión de la primera maniobra, que era para trabajar a un costado del buque, y la segunda, que era para trabajar almacenamientos, playas, bodegas”.
Los sindicalistas llevaban casi dos décadas operando el puerto cuando Salinas promulgó la requisa. “Cuando ellos mandan a estos funcionarios y se dan cuenta de la cantidad de dinero que hay, Carlos Salinas ordena la requisa y se quedan con la empresa y las concesiones de nosotros porque era una política de apoderarse de todo lo que fuera un emporio económico y político”, dijo el abogado.
De acuerdo con el Capitán Rodríguez, el 1 de julio de 1991 ingresaron al Puerto de Veracruz militares armados y policías federales. Se dirigieron a los barcos y se llevaron a los trabajadores portuarios. “Practicamente los secuestraron porque se los llevaron sin una orden de aprehensión. Los amenazaron de que si no aceptaban que el Gobierno se quedara con todo (operación portuaria), los iban a desaparecer y a meter a la cárcel por falta de pago de impuestos”.
“Cuando vinieron aquí ellos trajeron a la Policía Federal de Caminos y Puertos, a la Armada de México, al Ejército, la policía local, municipal, la PGR. Nos llevaron a la Ciudad de México y estuvimos con Fernando Gutiérrez Barrios (entonces Secretario de Gobernación) por órdenes de Salinas de Gortari”, evocó el abogado Alejandro Pulido. “Nos amenazaron, nos dijeron que teníamos que salir del puerto. Yo era el apoderado legal de sindicato en ese entonces. En todo momento estuvimos amenazados en la STPS, estábamos rodeados de los policías y ahí nos amenazó de que si nosotros no entregábamos y nos salíamos del puerto, desde ahí mismo nos iban a subir a un avión de la PGR y no iban a aventar al mar”.
Pulido cuenta que en este acto de intimidación para presionarlos a entregar el puerto participó el Gobernador de Veracruz, en ese entonces Dante Delgado, hoy coordinador de los senadores del partido Movimiento Ciudadano.
“El Gobernador Dante Delgado fue enfático en decir: ‘si no se salen del puerto, nos los vamos a llevar a todos'”, recordó el abogado. Roberto Ríos Ferrer, yerno de Andrés Caso Lombardo y en 1991 representante del Gobierno federal en la implementación de la requisa, le dijo: “Alex, si ustedes no se salen del puerto, vamos a mandar a 100 de sus compañeros trabajadores y los vamos a responsabilizar a ustedes, los vamos a meter a la cárcel. Son órdenes del Presidente Salinas”.
Salinas de Gortari era el padrino de bodas de Roberto Ríos y Andrés Caso era su yerno. “Era una ratería entre familia. Acababan de matar a un MP en Tampico, le sembraron ese muerto a Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, exlíder sindical de Pemex. Iban a hacer lo mismo con nosotros. Solamente requisaron el puerto de Veracruz porque les interesaba la empresa y el sindicato de nosotros, no querían a ningún trabajador en el puerto porque Salinas estaba privatizando todo en el país y robándose todo lo que significaba dinero”, aseguró Alejandro Pulido.
El Sindicato de Maniobristas de Veracruz era uno de los más grandes en México y también tenía algunos señalamientos de que explotaba a los trabajadores, una situación que aprovechó Salinas para justificar la requisa.
“Estos empleos de los maniobristas no eran directos, sino subcontrataban empleados para las tareas de los puertos y les llaman ‘Cuijes’, quienes ganaban el salario mínimo, pero su labor significaba muchos ingresos económicos para el sindicato”, explicó Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional.
Independientemente de estos señalamientos, la requisa que ordenó Salinas de Gortari fue ilegal y trajo consigo muchas violaciones sindicales. “Fue un atropello laboral y desde el punto de vista legal el sindicato tiene razón en recuperar su indemnización”, dijo Ravelo.
VAN POR SALINAS
Siendo dueños de la empresa de Servicios Portuarios, el dinero que ingresaba era repartido entre los trabajadores del Sindicato de Maniobristas, pero después de la requisa, el 19 de julio de 1993, el Gobierno publicó en el DOF la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias. Con esta nueva ley, el 15 de diciembre de ese mismo año nacieron las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), las cuales abrieron la puerta para que la iniciativa privada también se hiciera cargo de los puertos y supliera la falta de inversión pública.
“Por ejemplo, llegaba un barco al puerto y se tenía que meter gente para cargar y descargar en contenedores. Entonces se promueve la creación de empresas que dieran servicios de estiba (acomodar la carga en la bodega de un barco), entonces aparecen tres empresas estibadoras en el Puerto Veracruz: CTV; Internacional de Contenedores de Veracruz, S.A de C.V. (ICAVE); y Corporación Integral de Comercio Exterior S.A de C.V. (CICE)”, dijo el Capitán Antonio Rodríguez.
Con el paso del tiempo las APIs comenzaron a dejar en manos de privados operaciones especializadas como las cargas que son liquidas (aceites) y cargas a granel (las que no van en empaque, por ejemplo el clínker, que es una materia para construir el cemento).
“Ahora todo el dinero se queda en manos de empresas concesionadas, cuyos dueños son políticos”, refirió Alejandro Pulido, del Sindicato de Maniobristas.
Actualmente, la china Hutchinson se ha convertido en una de las empresas con más peso desde que se creó la Apiver, hoy señalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de ser parte de la “privatización” del puerto.
ICAVE, la empresa maniobrista que opera en el Puerto de Veracruz, fue adquirida en 2001 por la china Hutchison Ports, filial de la multinacional CK Hutchison Holdings Limited, quien es la principal inversora y desarrolladora mundial con una red de operaciones portuarias en 52 puertos que abarcan 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australia.
El fructífero negocio portuario ha dejado ganancias millonarias para Hutchinson. Tan sólo en 2012 obtuvieron 569 millones de dólares.
Hoy, el Sindicato de Maniobristas reclama a estas empresas su indeminización y restitución de bienes inmuebles. También pide que paguen los culpables de ese despojo: Carlos Salinas, Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz y Dante Delgado.
“Ellos se quedaron con toda la maquinaria especializada que teníamos para cargar y descargar barcos y no nos pagaron un solo centavo por todo, no nos liquidaron”, recuerda Alejandro Pulido del Sindicato de Maniobristas.
La Coordinación de Puertos y Marina Mercante, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, se encarga de desarrollar los sistemas portuarios integrales. En México operan 16 APIs federales, de las cuales 14 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y dos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La APIVER, a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia, obtuvo la concesión desde 1994 por el entonces titular de la SCT, Emilio Gamboa con vigencia de 50 años y en julio de 2018, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, decidió ampliar este plazo hasta 2094.
De acuerdo con el reporte de julio de la API, hay al menos 13 cesionarios en el puerto de Veracruz además de Pemex. Ahora el Ejecutivo federal busca revocar la concesión hecha el último año de la administración anterior.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
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